SIN TRABAJO — Entrada 2 de 16
El desempleo abierto es solamente una parte del problema. Informalidad, temporalidad, subempleo, desaliento y desperdicio de capacidades profesionales revelan una crisis laboral mucho más profunda.
El Salvador puede parecer, a primera vista, un país cercano al pleno empleo. Según la EHPM 2024, la fuerza laboral estuvo integrada por 3,021,703 personas: 2,881,081 ocupadas y 140,622 desocupadas. La tasa de desempleo resultante fue de 4.65 %.
El dato procede de la Cartelera Electrónica del Banco Central de Reserva, que identifica sus cifras de ocupación y desempleo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Es una fuente primaria nacional y, por ello, debe constituir el punto de partida del análisis.
Las bases internacionales pueden mostrar tasas diferentes porque aplican procesos de armonización, definiciones o estimaciones modeladas. El perfil de ILOSTAT para El Salvador advierte expresamente cuáles valores son estimaciones de la OIT y cuáles corresponden a cifras nacionales. Por tanto, una tasa internacional menor —como el 3.1 % citado en versiones anteriores de este artículo— no debe presentarse como la única cifra oficial ni compararse mecánicamente con la del BCR.
La discrepancia metodológica merece explicación. Pero, aun tomando la tasa nacional de aproximadamente 4.65 %, permanece la pregunta decisiva: ¿qué clase de trabajo tienen quienes aparecen estadísticamente como ocupados?
El perfil armonizado de ILOSTAT registra para 2024 un 59.7 % de empleo informal y una incidencia del empleo temporal de 33.5 %. Estas cifras proceden de una metodología internacional armonizada y no deben intercambiarse mecánicamente con cualquier medición nacional. Aun con esa cautela, muestran que el país puede exhibir un desempleo abierto relativamente bajo y, al mismo tiempo, mantener a una gran parte de sus trabajadores en condiciones de inestabilidad, protección insuficiente o débil vinculación con la seguridad social.
La conclusión es inevitable: una tasa baja de desempleo no equivale a abundancia de trabajo digno. La cifra puede ser correcta y, sin embargo, resultar insuficiente para describir la vida real de los trabajadores.
Lo que realmente mide el desempleo
La tasa de desempleo no calcula qué proporción de toda la población carece de un trabajo estable, suficiente y acorde con su preparación. Su denominador es la fuerza laboral: quienes están ocupados y quienes, sin estarlo, buscan activamente empleo y se encuentran disponibles para trabajar.
Quedan fuera de la categoría de desempleados quienes han dejado de buscar por desaliento y quienes se encuentran fuera de la fuerza laboral por diferentes circunstancias. Tampoco se clasifica como desempleada una persona que haya realizado una actividad económica durante el período de referencia, aunque esa actividad sea ocasional, insuficiente o ajena a su formación.
La definición estadística internacional de empleo utiliza un criterio operativo que permite contabilizar trabajos de corta duración, temporales o de tiempo parcial. Esta definición cumple una función técnica legítima y favorece la comparación entre países. Pero no fue diseñada para responder si el ingreso permite sostener dignamente a una familia, si existen prestaciones, si el puesto es estable o si corresponde con los estudios realizados.
Una persona puede aparecer como ocupada y continuar económicamente vulnerable. También puede trabajar muchas horas y recibir un ingreso insuficiente. Puede poseer un título universitario y desempeñar permanentemente tareas que no utilizan su preparación.
Por eso, la discusión no debe limitarse a contar personas ocupadas. Debe examinar también la calidad, suficiencia y correspondencia del trabajo.
La informalidad que desbarata el relato
El 59.7 % de informalidad coloca el dato de desempleo en su verdadera perspectiva. El país no ha resuelto el problema del trabajo; una parte considerable de la población ha debido adaptarse a formas de supervivencia económica que permiten obtener ingresos, pero no siempre construir un proyecto estable de vida.
En la informalidad caben realidades distintas: pequeños comerciantes, trabajadores por cuenta propia, vendedores ocasionales, ayudantes familiares y personas que prestan servicios sin contrato o protección social suficiente. No todos viven la misma situación y no toda iniciativa independiente debe ser despreciada. Emprender puede ser expresión de creatividad, libertad y responsabilidad.
Otra cosa es llamar emprendimiento a toda actividad realizada por falta de alternativas. No todo vendedor ambulante eligió ser empresario. No todo profesional que ofrece servicios ocasionales posee verdadera autonomía. No todo trabajador por cuenta propia dispone de capital, clientela estable, seguridad social o capacidad de ahorro.
La diferencia es moral y económica: una cosa es la libertad de crear una empresa; otra, la obligación de improvisar ingresos porque el empleo formal no existe o no alcanza.
El profesional ocupado fuera de su profesión
La limitación de las estadísticas generales se vuelve todavía más evidente cuando se estudia la situación de los graduados universitarios. Un médico que obtiene ingresos en el comercio, un abogado que trabaja como conductor o un ingeniero dedicado permanentemente a labores que no requieren su preparación pueden aparecer como ocupados. La estadística registra actividad económica, pero no necesariamente inserción profesional.
Estos ejemplos no pretenden afirmar que exista una tasa nacional ya calculada para cada profesión. El Salvador todavía no publica una medición completa y periódica del desempleo, subempleo y desajuste laboral por carrera universitaria. Precisamente esa ausencia de información es parte del problema que esta serie documenta.
No se trata de considerar indigno ningún trabajo honrado. La dignidad pertenece a la persona y no al prestigio social del oficio. El problema aparece cuando una sociedad invierte años de formación, recursos familiares e infraestructura universitaria para desarrollar capacidades que después no logra incorporar a su economía.
La pérdida es doble. El graduado pierde ingresos, experiencia y esperanza; el país pierde conocimiento, productividad, innovación y servicio especializado. Si esa persona emigra, las capacidades formadas en El Salvador terminan sirviendo al desarrollo de otra sociedad.
Una señal académica que no debe generalizarse sin cautela
La tesis doctoral Factores que explican la empleabilidad de la población graduada universitaria de El Salvador, presentada en 2025 por Luisa Amelia Sibrián Escobar, constituye una de las investigaciones salvadoreñas más directamente relacionadas con este problema.
El estudio aplicó una encuesta a 350 graduados de áreas de ingeniería, ciencias económicas, ciencias y humanidades, y complementó los resultados con 15 entrevistas. Encontró que 70 % de la población graduada estaba empleada durante el primer año posterior a su graduación; sin embargo, dentro de esa inserción aparentemente exitosa, 42 % afrontaba informalidad, contratación temporal, subcontratación o ausencia de contrato. El dato revela que conseguir alguna ocupación no equivale necesariamente a alcanzar estabilidad ni trabajo digno.
La autora calculó una muestra de 350 graduados, con un nivel de confianza de 95 %, para una población definida de 107,714 personas graduadas entre 2008 y 2015. Por ello, sus resultados poseen solidez dentro de ese marco de estudio. Sin embargo, no constituyen automáticamente una tasa vigente para todas las carreras, universidades y generaciones del país: 59.1 % de la muestra procedía de la Universidad Don Bosco y 25.1 % de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; además, parte del trabajo de campo se realizó durante la pandemia.
Su valor consiste en demostrar, con evidencia empírica y una muestra metodológicamente calculada, que la precariedad profesional existe y merece una medición nacional periódica. La cautela correcta no es descalificar el estudio, sino delimitar con precisión la población y el período a los que sus resultados pueden aplicarse.
Universidades que gradúan; economía que debe responder
Los registros de educación superior muestran la magnitud del desafío. El informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, basado en estadísticas del MINEDUCYT, fue publicado en enero de 2026 y analiza datos del período 2018–2024. Informa que en 2024 se graduaron 32,118 personas en los distintos niveles de educación superior. De ellas, 17,444 correspondían al nivel de licenciatura, 5,821 al nivel técnico, 1,899 a maestrías, 9 a doctorados y 6,945 a otras categorías académicas.
Estos datos describen el flujo educativo, no el resultado laboral. No indican cuántos graduados consiguieron empleo, cuánto tardaron, qué salario obtuvieron ni si trabajan en su profesión. Tampoco permiten declarar que una carrera está saturada solamente porque gradúa muchas personas.
Durante años se repitió que la educación superior era el camino seguro hacia la movilidad social. Para numerosas familias salvadoreñas, enviar un hijo a la universidad significó multiplicar sacrificios y aplazar necesidades. El título representaba la promesa de una vida mejor.
Esa promesa se debilita cuando la expansión educativa no está acompañada por información sobre las necesidades nacionales, la demanda real de capacidades, la calidad de la formación y la creación de actividades productivas capaces de emplear conocimiento avanzado.
La responsabilidad no corresponde exclusivamente a las universidades. También compromete al Estado, al sistema productivo, a los gremios profesionales y a un modelo económico marcado por baja productividad e informalidad. Pero las instituciones educativas tampoco deberían limitarse a matricular y graduar sin estudiar públicamente qué sucede después con sus egresados.
Mérito, transparencia y acceso al empleo
En un mercado laboral reducido, la transparencia de los procesos de contratación se vuelve especialmente importante. Las recomendaciones personales, vínculos familiares o afinidades políticas pueden ser denunciados con frecuencia en el debate público; sin embargo, su alcance nacional no debe afirmarse como hecho sin expedientes, auditorías, concursos documentados o resoluciones institucionales que lo demuestren.
Lo que sí puede exigirse desde ahora es información verificable: convocatorias públicas, criterios de evaluación, resultados de los concursos, perfiles de los seleccionados y mecanismos efectivos de impugnación.
Cada plaza asignada sin criterios transparentes puede excluir a una persona competente y deteriorar la confianza en las instituciones. Una nación destruye la esperanza cuando transmite a sus jóvenes que el conocimiento vale menos que el contacto. Precisamente por la gravedad de esa acusación, debe investigarse con documentos y no sostenerse únicamente mediante testimonios anónimos o impresiones generales.
La cuestión no es solamente económica
Desde la visión cristiana, el trabajo no es una mercancía cualquiera ni el trabajador una pieza reemplazable del mecanismo productivo. La constitución pastoral Gaudium et spes enseña que la sociedad debe ayudar a sus ciudadanos a encontrar oportunidades de trabajo y que la remuneración ha de permitir una vida digna en los planos material, social, cultural y espiritual.
San Juan Pablo II describió el desempleo como una grave calamidad social en Laborem exercens. También advirtió que la coexistencia de recursos desaprovechados con personas desocupadas o subocupadas revela fallas en la organización del trabajo.
La encíclica Magnifica humanitas, de León XIV, reafirma que el trabajo expresa la dignidad humana y que el desempleo puede convertirse en una calamidad social. Al referirse a los jóvenes, exige políticas que combatan la precariedad como condición normal y que promuevan caminos realistas de acceso y desarrollo profesional.
La doctrina social impide dos reduccionismos. El primero es colectivista: convertir al trabajador en instrumento del Estado. El segundo es economicista: reducirlo a costo de producción o unidad estadística. En ambos desaparece la persona concreta, con familia, vocación, inteligencia, responsabilidades y destino trascendente.
Lo que El Salvador debe comenzar a medir
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples constituye una base indispensable, pero sus resultados deben transformarse en información abierta, comprensible y útil para orientar la educación superior y la política de empleo.
El país debería publicar periódicamente:
- desempleo total, juvenil y por nivel educativo;
- subempleo por insuficiencia de horas e ingresos;
- informalidad por edad, sexo, territorio y escolaridad;
- inserción laboral por carrera e institución educativa;
- correspondencia entre ocupación y formación;
- salarios iniciales y medianos por profesión;
- duración de la búsqueda del primer empleo;
- graduados por carrera frente a plazas disponibles;
- migración de profesionales;
- contratación pública con criterios verificables de mérito.
También se necesita un sistema nacional de seguimiento de graduados, construido con metodologías comparables y participación de universidades, gremios, empleadores y especialistas en estadística. Su propósito no sería cerrar carreras arbitrariamente, sino impedir que la educación superior y las familias tomen decisiones a ciegas.
Una cifra no puede sepultar a una generación
El Salvador no resolverá su crisis laboral llamando ocupación a cualquier mecanismo de supervivencia. Tampoco la resolverá multiplicando títulos sin transformar su estructura productiva, ofreciendo capacitaciones para puestos inexistentes o sustituyendo el mérito por relaciones opacas.
La tasa nacional calculada para 2024 —aproximadamente 4.65 %— describe una dimensión real, pero estrecha, del mercado laboral. Frente a ella se levanta otra cifra imposible de ignorar: 59.7 % de empleo informal. A esto se suma una incidencia de 33.5 % de empleo temporal.
Entre esas cifras aparece el verdadero rostro del problema: una sociedad laboriosa que trabaja mucho, pero que con demasiada frecuencia lo hace sin estabilidad, sin protección suficiente, por debajo de sus capacidades o sin un horizonte profesional seguro.
Una nación no fracasa solamente cuando deja de producir riqueza. También fracasa cuando no sabe incorporar las capacidades de sus médicos, abogados, ingenieros, docentes, investigadores y técnicos; cuando obliga a sus talentos a emigrar; y cuando convierte la esperanza universitaria en deuda, frustración y silencio.
El trabajo digno no es una concesión estadística. Es una exigencia de justicia social, una condición de la vida familiar y una responsabilidad moral de toda sociedad que todavía pretenda llamarse humana.
Fuentes primarias
- Banco Central de Reserva: Cartelera Electrónica FMI
- Banco Central de Reserva: serie de desempleo
- ONEC-BCR: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
- MINEDUCYT: Estadísticas de Educación Superior 2024
Fuentes secundarias y compilaciones estadísticas
- ILOSTAT: perfil laboral de El Salvador
- OIT: conceptos y definiciones sobre empleo
- Luisa Amelia Sibrián Escobar: tesis sobre empleabilidad de graduados universitarios
- CONACYT: Indicadores de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 2025
Fuentes doctrinales
- Concilio Vaticano II: Gaudium et spes
- San Juan Pablo II: Laborem exercens
- León XIV: Magnifica humanitas
Serie: La generación sin horizonte
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