Nota preliminar
Esta Capa IX aborda el núcleo interpretativo de toda la serie: la relación entre la extinción de comunidades de 1881 y la violencia masiva de 1932. La hipótesis no afirma que el decreto contuviera ya la orden de matar ni que todos sus autores anticiparan el desenlace. Afirma algo distinto: la desposesión, la ruptura de defensas comunitarias, la precarización y la posterior clasificación de poblaciones como atrasadas o peligrosas contribuyeron a producir las condiciones materiales y morales dentro de las cuales una decisión exterminadora llegó a ser posible.
El fundamento de esta lectura se encuentra en mi tesis doctoral, Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932. Allí sostengo que el higienismo social no fue únicamente política sanitaria: fue una racionalidad de clasificación, normalización y coerción que ayudó a distinguir entre ciudadanos útiles y poblaciones consideradas peligrosas. La presente serie amplía aquella tesis hacia atrás, hasta el ciclo expropiatorio de 1881, y la confronta con nuevas fuentes primarias.
Consulta documental. El punto de partida legal se encuentra en el Decreto de Extinción de Comunidades de 1881. La documentación diplomática contemporánea de la crisis y la represión de 1932 puede seguirse en Foreign Relations of the United States, comenzando con el telegrama del 23 de enero de 1932. El arco interpretativo procede de Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932 y se contrasta con las investigaciones de Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago, Erik Ching y Virginia Tilley. Las categorías de matanza, genocidio, etnocidio e invisibilización permanecen diferenciadas y sujetas a prueba.
§ 0. Causalidad histórica: cuatro condiciones, ninguna inevitabilidad
La historia no avanza por una línea mecánica. Entre 1881 y 1932 mediaron cincuenta años de cambios económicos, jurídicos, culturales y políticos. El alzamiento y la represión no eran inevitables. Dependieron de decisiones concretas que pudieron haber sido distintas.
Sin embargo, rechazar el determinismo no obliga a tratar ambos momentos como hechos desconectados. El arco causal puede reconstruirse mediante cuatro condiciones convergentes:
- Desposesión y precarización: pérdida o debilitamiento del acceso comunitario a la tierra, dependencia creciente del jornal, endeudamiento y reducción de la autonomía campesina.
- Inferiorización y peligrosidad: producción de categorías que presentan a ciertos grupos como atrasados, improductivos, degenerados, fanáticos, criminales o amenazas para el cuerpo social.
- Crisis económica y política: derrumbe de ingresos, hambre, conflicto electoral, organización campesina y cierre de vías institucionales.
- Decisión represiva: elección estatal y militar de responder no sólo contra combatientes concretos, sino contra una base social identificada como enemigo interno.
Ninguna condición basta por sí sola. Su convergencia explica cómo la violencia pudo adquirir escala masiva. La primera prepara vulnerabilidad; la segunda retira protección moral; la tercera activa el conflicto; la cuarta convierte el conflicto en exterminio.
§ 1. 1881: producir al desposeído
El Decreto de Extinción de Comunidades de 26 de febrero de 1881 no se limitó a modificar títulos. Suprimió una personalidad colectiva, impuso la división e introdujo al comunero en un orden donde la propiedad individual, el registro y el crédito determinaban la eficacia del derecho. La Ley Hipotecaria reforzó esa transformación al convertir la tierra en bien registrable, hipotecable y circulante.
La consecuencia no fue idéntica para todos. Algunos comuneros pudieron conservar parcelas; otros vendieron derechos, perdieron tierra por deuda o quedaron con extensiones insuficientes. Determinar magnitudes y ritmos exige catastros, protocolos notariales, padrones y registros locales. Pero la dirección estructural es reconocible: la tierra comunal dejó de funcionar como barrera colectiva frente al mercado y al poder del comprador mejor capitalizado.
La expropiación produce al desposeído antes de que el desposeído sea clasificado. Le quita autonomía alimentaria, capacidad de negociación y protección comunitaria. El campesino sigue siendo necesario para la economía, pero ya no como miembro de una comunidad propietaria: aparece como trabajador disponible.
§ 2. Café, trabajo y precarización rural
La expansión cafetalera reorganizó el occidente salvadoreño. La concentración de tierra, la necesidad estacional de mano de obra y la dependencia respecto de los precios internacionales generaron una relación desigual entre propietarios y trabajadores rurales. Aldo Lauria-Santiago, Héctor Lindo-Fuentes, Patricia Alvarenga y Erik Ching han mostrado, desde perspectivas distintas, la profundidad de esta transformación.
No debe afirmarse que toda hacienda surgió directamente de un despojo particular ni que toda familia campesina perdió la tierra de la misma manera. La precarización fue acumulativa: división de parcelas, ventas, hipotecas, deudas, expansión de fincas, crecimiento demográfico y desigualdad de acceso a crédito y justicia.
El resultado fue la formación de una población rural cuya subsistencia dependía crecientemente del jornal y de la cosecha. La propiedad prometida por el liberalismo no produjo una república universal de pequeños propietarios. Produjo también trabajadores sin tierra o con tierra insuficiente, expuestos a temporadas de desempleo y a la caída del precio del café.
La tierra convertida en capital necesitaba cuerpos convertidos en fuerza de trabajo. Esa transformación es central para comprender por qué una crisis económica podía convertirse después en crisis de supervivencia.
§ 3. Del pobre al peligroso: higienismo y criminología social
La pobreza no conduce naturalmente a la criminalidad. Es el poder quien construye esa equivalencia. Durante las décadas posteriores a 1881, lenguajes positivistas, médicos, criminológicos y policiales ofrecieron categorías para clasificar a poblaciones que no encajaban en el ideal de ciudadano productivo y disciplinado.
El ocioso, el vago, el alcohólico, el degenerado, el indígena atrasado, el fanático y el agitador podían ser presentados como variantes de un mismo problema: cuerpos que no se adaptaban al organismo nacional. La desigualdad social quedaba traducida a defecto moral, biológico o cultural del inferior.
El higienismo social convierte la cuestión política en diagnóstico. Si una población es enfermedad, la coerción puede presentarse como tratamiento. Si la protesta es contagio, aislar, disciplinar o eliminar parece protección del cuerpo colectivo. La fuerza de esta operación consiste en ocultar la historia del desposeído: la víctima de una estructura aparece como causa de su propio peligro.
La producción del exterminable se realiza cuando al adversario se le retira la condición de persona. Ya no se pregunta qué hizo cada individuo; se juzga al grupo por la categoría que se le impone.
§ 4. Crisis económica y cierre político, 1929–1931
La crisis mundial iniciada en 1929 golpeó una economía altamente dependiente del café. La caída de exportaciones y precios redujo ingresos, salarios y empleo. En el occidente, donde numerosas familias dependían del trabajo estacional, la crisis económica se convirtió en hambre y desesperación.
La coyuntura política agravó el conflicto. La presidencia de Arturo Araujo abrió expectativas de reforma que no pudieron consolidarse. El golpe militar de diciembre de 1931 cerró esa etapa y colocó al general Maximiliano Hernández Martínez en el poder. La documentación diplomática reunida en Foreign Relations of the United States, 1932 permite seguir una perspectiva contemporánea sobre la crisis política, aunque debe contrastarse con fuentes salvadoreñas y con la historiografía. Las disputas electorales municipales, la organización del Partido Comunista Salvadoreño y las redes campesinas e indígenas crearon un escenario de movilización y represión.
La crisis no inventó la desigualdad agraria. La hizo insoportable. Tampoco creó desde cero la representación del campesino peligroso. Activó una categoría ya disponible: el pobre movilizado podía ser reinterpretado como amenaza comunista, racial y social.
§ 5. El alzamiento de enero de 1932
En enero de 1932 se produjeron levantamientos en varias localidades del occidente. El telegrama diplomático del 23 de enero de 1932 constituye un testimonio contemporáneo sobre el comienzo de la crisis, pero refleja la perspectiva y los límites de la observación diplomática. La composición y dirección del alzamiento siguen siendo objeto de debate historiográfico. Hubo participación de cuadros comunistas, campesinos, trabajadores rurales y comunidades indígenas; las motivaciones no fueron idénticas y no deben reducirse a una sola explicación.
Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago han insistido en la convergencia entre organización revolucionaria, agravios locales, estructuras comunitarias y memoria agraria. Erik Ching ha subrayado las dinámicas políticas y autoritarias. La categoría «rebelión comunista» utilizada por el Estado simplificó una realidad social más compleja y facilitó la identificación de una amplia población con el enemigo.
Hubo violencia insurgente contra autoridades, comerciantes y propietarios. Reconocerla es necesario para una memoria completa. Pero esa violencia no convierte en combatiente a todo indígena, campesino o habitante de las zonas afectadas ni justifica la eliminación indiscriminada de personas por su apariencia, origen o residencia.
§ 6. La decisión estatal: del control del alzamiento a la violencia masiva
La represión no fue una consecuencia natural e inevitable de la insurrección. Fue una decisión. Las fuerzas estatales podían perseguir a responsables identificados, restablecer el orden y someter delitos a juicio. Optaron por una respuesta de escala mucho mayor, ejecutada sobre amplios sectores de la población rural. La serie diplomática contemporánea de 1932 aporta observaciones externas sobre el desarrollo de la crisis y de la respuesta estatal; no sustituye los archivos militares, judiciales, municipales, eclesiásticos ni los testimonios de las comunidades afectadas.
Las estimaciones de víctimas varían considerablemente. La historiografía ha manejado cifras desde varios miles hasta decenas de miles, y la insuficiencia de registros impide una cifra definitiva. La incertidumbre numérica no altera el hecho central: la violencia estatal fue masiva, desproporcionada y alcanzó a numerosas personas no sometidas a un juicio individual.
El Estado trató una región y una población como base social del enemigo. Allí se completa la transformación: el campesino previamente desposeído y luego clasificado como atrasado o peligroso aparece finalmente como sujeto eliminable en nombre de la supervivencia nacional.
§ 7. La producción del enemigo interno
El enemigo interno no se descubre: se construye. Se seleccionan rasgos —pobreza, identidad indígena, militancia, residencia, vestimenta, parentesco— y se convierten en señales de culpabilidad colectiva. La responsabilidad personal desaparece bajo una categoría que permite castigar al grupo.
La desposesión de 1881 no es todavía esa construcción completa. Le proporciona una base material: comunidades debilitadas, trabajadores dependientes, conflictos por tierra y memoria de agravios. El higienismo y la criminología aportan una base conceptual: normalidad, degeneración, contagio y peligrosidad. La crisis aporta urgencia. El poder militar aporta la decisión y los medios.
Este es el sentido preciso de la hipótesis: 1932 no estaba escrito en el decreto, pero el decreto pertenece a la genealogía que hizo posible tratar a una población como prescindible.
§ 8. Matanza, genocidio, etnocidio e invisibilización
Las categorías empleadas para nombrar 1932 no son equivalentes. «La Matanza» describe la violencia masiva; «genocidio» plantea la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo; «etnocidio» enfatiza la destrucción de formas culturales; «invisibilización» señala el ocultamiento posterior de la identidad indígena.
El debate debe permanecer abierto a la evidencia. Erik Ching y Virginia Tilley cuestionaron la idea de que la población indígena desapareciera demográficamente después de 1932 y mostraron continuidades comunitarias. Su argumento limita la afirmación de una desaparición total, pero no niega la represión masiva, el terror ni la presión que llevó a ocultar lengua, vestimenta e identidad. Consultar el estudio de Ching y Tilley.
La categoría de exterminio utilizada en este proyecto no exige afirmar la desaparición absoluta del pueblo indígena. Designa una política de eliminación física masiva y la producción previa de una población considerada eliminable. Supervivencia y exterminio no son términos incompatibles: un grupo puede sobrevivir después de haber sufrido una operación destinada a destruir una parte sustancial de sus miembros y a quebrar su presencia pública.
§ 9. Juicio iusnaturalista: ninguna población es materia descartable
La persona no pierde su dignidad por ser pobre, indígena, campesina, comunista, católica, rebelde o adversaria del gobierno. La autoridad puede responder a delitos concretos; no puede sustituir la responsabilidad individual por culpabilidad colectiva ni convertir el orden público en licencia de eliminación.
El Estado existe para proteger el bien común de personas reales. Cuando define una parte de la población como enfermedad o residuo, deja de servir al bien común y se convierte en poder contra la comunidad. La seguridad que exige sacrificar inocentes no es justicia: es supremacía del aparato sobre la persona.
La memoria de 1932 debe restituir nombres, familias, comunidades y responsabilidad personal. No para invertir la deshumanización y crear nuevos enemigos colectivos, sino para impedir que el lenguaje de la necesidad estatal vuelva a borrar la dignidad de las víctimas.
§ 10. Cierre: la historia del exterminio comienza antes del disparo
La historia del exterminio comienza cuando se desposee a una población de sus medios de vida, se debilitan sus comunidades, se la convierte en mano de obra dependiente y se explica su pobreza como inferioridad. Continúa cuando la ciencia social, la medicina, la criminología y la prensa la describen como peligro. Culmina cuando una crisis permite al Estado identificarla como enemigo y eliminarla sin juicio individual.
Entre 1881 y 1932 no existe una línea recta ni una voluntad única. Existe una convergencia de procesos que se refuerzan. La expropiación creó vulnerabilidad; el higienismo produjo categorías; la crisis activó el conflicto; la decisión militar convirtió la peligrosidad imaginada en muerte real.
Esta reconstrucción reivindica la primacía de la persona frente al Estado. Ningún progreso económico, ninguna doctrina científica y ninguna emergencia política autorizan a transformar seres humanos en población descartable.
Fuentes y bibliografía
Fuentes primarias
- Decreto de Extinción de Comunidades, Diario Oficial de la República del Salvador, núm. 49, 26 de febrero de 1881.
- United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1932, vol. V, sección «El Salvador», documentos diplomáticos contemporáneos sobre la crisis política, el alzamiento y la respuesta estatal.
- Telegrama del ministro estadounidense en El Salvador al secretario de Estado, 23 de enero de 1932, FRUS 1932, vol. V, doc. 685. Se utiliza como observación diplomática contemporánea, no como relato exhaustivo ni como registro definitivo de víctimas.
Bibliografía histórica y analítica
- Oliva Mancía, Mario Daniel Ernesto, Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932, tesis doctoral, Doctorado en Filosofía Iberoamericana, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mayo de 2011.
- Lindo Fuentes, Héctor, «La extinción de ejidos y la eficiencia económica», ECA: Estudios Centroamericanos, vol. 35, núm. 386, 1980, pp. 1135–1143, DOI: 10.51378/eca.v35i386.9391.
- Lauria-Santiago, Aldo, Una república agraria: los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX, San Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos–CONCULTURA, 2003.
- Gould, Jeffrey L., y Aldo A. Lauria-Santiago, To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920–1932, Durham, Duke University Press, 2008.
- Ching, Erik, Authoritarian El Salvador: Politics and the Origins of the Military Regimes, 1880–1940, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2014.
- Ching, Erik, y Virginia Tilley, «Indians, the Military and the Rebellion of 1932 in El Salvador», Journal of Latin American Studies, vol. 30, núm. 1, 1998, pp. 121–156, DOI: 10.1017/S0022216X97004926.
- Tilley, Virginia Q., Seeing Indians: A Study of Race, Nation, and Power in El Salvador, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2005.
- Alvarenga, Patricia, Cultura y ética de la violencia: El Salvador, 1880–1932, San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1996.
Fuentes pendientes y límites
La documentación diplomática debe complementarse con archivos militares, judiciales, municipales, eclesiásticos, prensa contemporánea, registros de defunción y testimonios comunitarios. No se adopta una cifra definitiva de víctimas. «Matanza», «exterminio», «genocidio», «etnocidio» e «invisibilización» no se emplean como sinónimos automáticos. El Decreto de 1881 no se presenta como causa única, inmediata o suficiente de 1932: el vínculo propuesto es acumulativo, mediado y abierto a comprobación documental.
Mario Oliva Mancía
Agosto de 2026