«Los pueblos no tienen derecho a tratar a ningún hombre, por criminal que se le suponga, como si careciera de la dignidad que le es propia por naturaleza y que ningún poder humano puede arrebatarle.»
Síntesis del contenido doctrinal sobre la dignidad de la persona penada, según la tradición del magisterio pontificio decimonónico (León XIII, corpus social 1878–1901).
«La isla, en la imaginación administrativa moderna, no es solamente un lugar de castigo. Es una tecnología de la distancia: un dispositivo que permite al Estado hacer desaparecer sin necesidad de matar directamente.»
Síntesis del argumento comparativo sobre los sistemas penales insulares del mundo hispánico y atlántico, siglos XIX–XX.
§1. Una tecnología política, no una anomalía española
Hasta este punto la Serie III ha reconstruido el sistema Fernando Poo como si fuera un caso singular del liberalismo hispánico tardío. Es momento de corregir esa impresión, aunque solo sea parcialmente. Fernando Poo no fue una anomalía española. Fue la primera realización sistemática, en el ámbito hispánico, de una tecnología política que Occidente moderno —liberal, republicano, imperial, poscolonial— redescubriría una y otra vez durante los siglos XIX y XX: el archipiélago penal como sustituto administrativo del fusilamiento.
Esta entrada compara seis casos —Fernando Poo, Islas Marías, Ushuaia, Dawson, Fernando de Noronha, la Isla del Diablo— no para diluir la responsabilidad histórica específica de la Corona española en un fenómeno genérico, sino para mostrar que la operación conceptual identificada en las entradas anteriores no depende de ninguna característica cultural particular del liberalismo hispánico. Depende de una estructura común a la modernidad política occidental: la necesidad de eliminar sin ensuciarse las manos jurídicas.
§2. Islas Marías (México, 1905–2019)
El archipiélago de las Islas Marías, en el Pacífico mexicano frente a Nayarit, fue convertido en colonia penal federal en 1905 por decisión del régimen de Porfirio Díaz. Durante más de un siglo albergó a los sectores más diversos de la disidencia y la marginalidad mexicanas: opositores políticos porfiristas primero, yaquis deportados durante la campaña de exterminio étnico sonorense de la primera década del siglo XX, presos comunes, y —de manera especialmente documentada— militantes de izquierda durante buena parte del siglo XX. José Revueltas, el novelista y militante comunista, fue confinado allí en 1932 —el mismo año, no por casualidad, del exterminio salvadoreño— y de nuevo en 1934, experiencia que retrataría en su novela Los muros de agua.
La deportación yaqui a las Islas Marías, contemporánea de la última fase del sistema Fernando Poo, merece particular atención comparativa. El régimen porfirista, enfrentado a la resistencia del pueblo yaqui en Sonora, aplicó contra ellos exactamente la misma lógica que la Corona española había aplicado contra los ñáñigos: deportación masiva a un espacio insular hostil, bajo el eufemismo de la colonización productiva, con tasas de mortalidad que la administración nunca reconoció como genocidas pero que la historiografía mexicana contemporánea ya trata en esos términos.
El archipiélago mexicano cerró definitivamente como colonia penal en 2019, ciento catorce años después de su fundación. Es, de los seis casos aquí comparados, el que sobrevivió más tiempo con la misma función.
§3. Ushuaia y la Isla de los Estados (Argentina, 1884–1947)
El Presidio de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y su antecesor en la Isla de los Estados, funcionaron como el equivalente austral del sistema Fernando Poo. Fundado formalmente en 1884 como parte de la política de ocupación efectiva de la Patagonia y de la denominada Campaña del Desierto —cuyo componente de exterminio indígena la historiografía argentina contemporánea reconoce con creciente claridad—, el presidio recibió durante más de sesenta años a los presos comunes más peligrosos del país, junto con una proporción significativa de presos políticos anarquistas y comunistas durante las primeras décadas del siglo XX.
El paralelo con Fernando Poo es notable en un punto específico: el frío patagónico cumplía, en el extremo opuesto del termómetro, la misma función que la malaria ecuatorial. Ambos climas —el gélido austral, el tórrido tropical— fueron seleccionados, consciente o inconscientemente, por su capacidad de producir mortalidad elevada sin necesidad de violencia directa administrada por agentes del Estado. El clima hacía el trabajo. La responsabilidad jurídica quedaba, en ambos casos, diluida en la geografía.
§4. Dawson (Chile), Fernando de Noronha (Brasil), la Isla del Diablo (Guyana francesa)
La Isla Dawson, en el extremo austral chileno, tuvo una historia doble particularmente reveladora: funcionó primero, a finales del XIX y principios del XX, como misión de reducción de los pueblos selknam y kawésqar —proceso que terminó en la práctica extinción demográfica de ambos pueblos— y después, en 1973, como campo de concentración para presos políticos tras el golpe de Estado de Pinochet. La misma isla, dos operaciones de exterminio administrativo separadas por sesenta años y por regímenes políticos aparentemente antagónicos, pero estructuralmente idénticas en su función: aislar geográficamente al sujeto declarado peligroso.
Fernando de Noronha, en el nordeste brasileño, sirvió como presidio desde el período colonial portugués hasta 1957, con una función de acumulación de presos políticos particularmente intensa durante el Estado Novo de Getúlio Vargas en los años treinta y cuarenta.
La Isla del Diablo, frente a las costas de la Guayana francesa, es probablemente el caso más conocido internacionalmente gracias a la literatura y al cine —el caso Dreyfus, la novela y película Papillon—, pero su función estructural es idéntica a la de los casos hispanoamericanos: deportación de presos políticos y comunes a un espacio tropical hostil donde la enfermedad hacía el trabajo que la ley republicana francesa, oficialmente comprometida con los derechos del hombre, no podía hacer directamente.
§5. La estructura común: cinco rasgos
La comparación permite extraer, con razonable seguridad metodológica, cinco rasgos estructurales comunes a los sistemas de archipiélago penal moderno, independientemente de su ubicación geográfica o de su filiación política declarada.
Primero: la distancia como derecho. El aislamiento geográfico funciona como sustituto jurídico de la ejecución. El Estado no mata directamente; envía lejos, y la lejanía produce el mismo resultado sin comprometer la legitimación humanitaria del régimen.
Segundo: el clima como verdugo delegado. Trópico o polo, la hostilidad climática asume la función ejecutora que el Estado moderno rehúsa asumir explícitamente.
Tercero: la categoría previa a la conducta. En todos los casos, la deportación procesa colectivos definidos por categoría —étnica, política, religiosa, racial— antes que individuos juzgados por actos probados.
Cuarto: la continuidad transpolítica. El dispositivo sobrevive a los regímenes que lo inauguran. Islas Marías atravesó el porfiriato, la revolución, el cardenismo y el México posrevolucionario. Dawson sirvió tanto a la reducción indígena decimonónica como a la represión pinochetista. El instrumento es más duradero que la ideología que lo justifica en cada momento.
Quinto: la recuperación literaria posterior. En todos los casos, sin excepción, la literatura del deportado sobreviviente —Balmaseda en Fernando Poo, Revueltas en las Islas Marías, Dreyfus y sus cronistas en la Isla del Diablo— constituye el archivo alternativo que desafía el silencio administrativo planeado por el Estado. La Entrada 4 de esta serie ya identificó esa función para el caso cubano; la comparación confirma que no es una peculiaridad cubana sino un patrón repetido.
§6. El caso que rompe el patrón: El Salvador, 1932
Y aquí llegamos al punto que hace de esta entrada la bisagra necesaria hacia el cierre de la Serie III. El Salvador de enero de 1932 no tuvo isla. No tuvo archipiélago. No tuvo barco, ni sentina, ni escala canaria, ni malaria administrada por la distancia. El territorio salvadoreño es pequeño, densamente poblado, sin geografía insular disponible para replicar el modelo Fernando Poo.
Y sin embargo, la operación conceptual se realizó con una eficiencia mayor que en ningún archipiélago. El Estado martinato no necesitó barco ni distancia. Le bastó con producir, sobre el propio territorio nacional, exactamente la misma estructura de cinco rasgos que hemos identificado en los sistemas insulares: distancia jurídica (mediante el estado de sitio y la suspensión de garantías), verdugo delegado (las patrullas civiles y militares, no un clima sino una violencia directa administrada con la misma lógica impersonal del clima insular), categoría previa a la conducta (indígena-comunista, no individuo juzgado), continuidad transpolítica (el martinato sobrevivió catorce años más gobernando con la misma lógica), y finalmente memoria administrada por el propio Estado que ejecutó la operación —la ausencia casi total, durante décadas, de literatura testimonial comparable a la de Balmaseda o Revueltas, silenciada por un régimen que controló también el archivo posterior.
Esa última diferencia es la más grave de todas. En los seis casos insulares comparados, el testimonio del sobreviviente rompió, tarde o temprano, el silencio planeado. En El Salvador de 1932, el régimen que ejecutó la operación permaneció en el poder durante trece años más, con capacidad suficiente para administrar también la memoria de lo que había hecho. No hubo Balmaseda salvadoreño publicando en Nueva York en 1932. La literatura testimonial sobre el genocidio de 1932 tardaría décadas en emerger con la fuerza documental que el caso exige, y buena parte de ella se produciría fuera de las fronteras salvadoreñas o mucho después de los hechos.
El archipiélago, entonces, no era estrictamente necesario. Era solamente una forma —geográficamente cómoda para los imperios del siglo XIX— de resolver un problema administrativo que el siglo XX aprendería a resolver, con mayor eficiencia, sin necesidad de barco alguno. La Entrada 9, cierre de esta Serie III, articulará esa transición con la precisión documental que el arco S4 salvadoreño ya ha comenzado a reconstruir.
Mario Oliva Mancía
Fuentes fundamentales
Revueltas, José. Los muros de agua, México, Ediciones Alcancía, 1941.
Documentación sobre la deportación yaqui a las Islas Marías, Archivo General de la Nación (México), Fondo Gobernación, 1905–1911.
Documentación del Presidio de Ushuaia, Archivo General de la Nación (Argentina), Ministerio de Justicia, 1884–1947.
Martinic Beros, Mateo. La Tierra de los Fuegos, Punta Arenas, 1982, sobre la Isla Dawson y la reducción de los pueblos selknam y kawésqar.
Documentación sobre el campo de concentración de Isla Dawson, 1973–1974, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile), Informe Rettig, 1991.
Documentación sobre el presidio de Fernando de Noronha, Arquivo Nacional (Brasil), 1897–1957.
Documentación del caso Dreyfus y del presidio de la Isla del Diablo, Archives Nationales (Francia), 1895–1953.
Aranzadi, Isabela de. «El legado cubano en África. Ñáñigos deportados a Fernando Poo. Memoria viva y archivo escrito», Afro-Hispanic Review, vol. 31, núm. 1 (Spring 2012), pp. 29–60.
Oliva Mancía, Mario Daniel Ernesto. Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932, tesis doctoral, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2011.