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«Persiste bajo formas nuevas la esclavitud africana; y la Iglesia no ha cesado ni cesará de condenarla, cualquiera que sea el nombre administrativo con que se la disfrace.»

Síntesis del contenido doctrinal de Catholicae Ecclesiae, León XIII, 20 de noviembre de 1890, carta apostólica sobre la trata africana persistente.

«Solamente el 21 de marzo, por orden expresa del capitán general Dulce, salen 250 deportados a bordo del San Francisco de Borja […]. Los convictos se emplean para hacer carreteras y cortar árboles durante largas jornadas al resistero del sol o bajo intensas lluvias. La malaria mató muchos de ellos.»

Juan Bosch, glosa documental sobre la orden de la Capitanía General de La Habana, 21 de marzo de 1869 (Cuba, la isla fascinante).

§1. Un barco en el puerto de La Habana

El 21 de marzo de 1869, cuando el vapor San Francisco de Borja soltó amarras en el puerto de La Habana con destino a Fernando Poo, la Corona española acababa de perfeccionar por primera vez la operación completa. Doscientos cincuenta hombres iban a bordo. Todos ellos habían sido apresados en las provincias centrales de Cuba durante los primeros meses del levantamiento independentista iniciado el 10 de octubre de 1868. Ninguno de ellos había sido formalmente condenado a muerte. Ninguno iba a serlo. La operación se llamaba deportación, y su firmante era el Capitán General Domingo Dulce y Garay, marqués de Castell-Florite.

El barco tardaría semanas en cruzar el Atlántico con escala en Canarias. La sentina se convertiría en incubadora de fiebre. Muchos de aquellos hombres no volverían a ver Cuba. Los que llegaran a Fernando Poo trabajarían bajo el sol tropical o bajo lluvias monzónicas, cortando árboles y abriendo caminos, hasta que la malaria hiciera con ellos lo que los pelotones de fusilamiento habrían hecho en La Habana un mes antes, sin la firma oficial de una sentencia capital.

Aquella travesía es el hecho fundacional del sistema. No la primera —había habido envíos anteriores, incluidos los emancipados de 1862 y los ñáñigos de 1866— pero sí la primera que dispuso, en un solo acto administrativo, de doscientos cincuenta cuerpos políticos, evitando fusilamientos que la opinión metropolitana y las cancillerías europeas habrían leído como un desastre diplomático. El sistema Fernando Poo, tal como funcionaría durante los treinta años siguientes, nace aquí.

§2. Domingo Dulce: la política conciliadora al servicio de una operación letal

Retrato de Domingo Dulce y Garay
Domingo Dulce y Garay, capitán general de Cuba, firmante de la orden de deportación del 21 de marzo de 1869. Wikimedia Commons, dominio público.

El detalle biográfico importa porque contradice el estereotipo del mando colonial brutal. Domingo Dulce y Garay era el capitán general considerado más liberal, más conciliador y más moderno de los que Cuba había tenido en su historia reciente. Había decretado libertad de prensa. Había intentado dialogar con las juntas insurreccionales. Había buscado, hasta donde el margen político peninsular se lo permitía, una salida negociada al conflicto iniciado por Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua.

Y precisamente por eso, fue el hombre que ordenó el embarque del 21 de marzo. No por crueldad, sino por cálculo humanitario. Los Voluntarios peninsulares —cuerpos armados irregulares de comerciantes españoles residentes en La Habana, comprometidos con la contrarrevolución y furiosos contra cualquier concesión a los insurrectos— reclamaban ejecuciones inmediatas. Los apresados eran conducidos a fusilamiento sumario cada vez que las tropas contrainsurgentes lograban capturarlos. Dulce buscó una salida. La encontró en la deportación.

Aquí aparece con toda crudeza la paradoja moral que atraviesa la Serie III. El sistema Fernando Poo no fue inventado por sadismo colonial. Fue inventado por una racionalidad liberal que, enfrentada a la posibilidad de fusilamientos masivos que habrían comprometido su propia legitimación humanitaria, prefirió una técnica administrativa cuyo resultado material era estadísticamente equivalente al fusilamiento, pero cuya responsabilidad quedaba diluida entre el mar, el clima y la burocracia.

El humanitarismo liberal produce, no elimina, la operación letal. Sólo cambia su nombre.

§3. Los doscientos cincuenta: quiénes iban a bordo

La documentación existente sobre la composición social del embarque del 21 de marzo permite reconstruir, con un margen razonable de precisión, que aquellos doscientos cincuenta hombres eran principalmente insurrectos capturados en el centro de la isla —Las Villas, Sancti Spíritus, Villa Clara—, en su mayoría cubanos criollos, blancos y mestizos, algunos vinculados a haciendas azucareras, otros a pequeños comerciantes urbanos, unos pocos a las incipientes redes masónicas insurgentes que la reciente historiografía ha comenzado a reconstruir. La proporción exacta entre estos grupos varía según las fuentes.

Lo que sí sabemos con certeza es que ninguno de ellos había sido juzgado por un tribunal ordinario. Todos habían sido detenidos por autoridad militar en el curso de operaciones contrainsurgentes. Sus expedientes, cuando existían, eran fragmentarios. La orden de deportación no distinguía entre líderes políticos y campesinos incorporados forzosamente a las columnas insurrectas. Todos fueron subidos al mismo barco y enviados al mismo destino.

Esta indiferenciación es doctrinalmente reveladora. El sistema Fernando Poo no procesa individuos por sus actos. Procesa colectivos por su categoría. La categoría, en este caso, era insurrecto, y la palabra funcionó como puente entre el hombre concreto y el barco sin nombres.

§4. La travesía: la sentina, el trópico, la enfermedad

La ruta del San Francisco de Borja siguió el trayecto que se estabilizaría en los años siguientes como itinerario canónico del sistema: salida de La Habana, escala en Canarias —normalmente en Las Palmas—, cruce hacia el Golfo de Guinea, desembarco en Santa Isabel de Fernando Poo (hoy Malabo, en la isla de Bioko). El viaje duraba entre cuatro y seis semanas según las condiciones. Las bodegas transportaban a los deportados en condiciones que la documentación consular británica sobre travesías similares describía como equivalentes a las de la trata que oficialmente se había abolido cincuenta años antes.

La mortalidad durante la travesía era elevada. La documentación existente sobre embarques posteriores permite estimar tasas de defunción a bordo del orden del cinco al quince por ciento, dependiendo de la duración de la travesía y de la salubridad del barco. En el caso concreto del San Francisco de Borja, las cifras exactas de bajas durante la travesía no han sido íntegramente documentadas por la historiografía; el silencio del archivo, en este punto, es en sí mismo dato.

El desembarco en Fernando Poo abría la segunda fase de la operación. Los deportados eran destinados a trabajos forzados: apertura de carreteras, tala de bosques, construcción de infraestructura colonial. Los turnos oscilaban entre ocho y doce horas bajo el sol ecuatorial o bajo las lluvias monzónicas del Golfo de Guinea. Las condiciones sanitarias eran mínimas. La malaria —conocida entonces como fiebre palúdica o fiebre tropical— hacía el resto.

Bosch resume el mecanismo en la frase que citamos como epígrafe: la malaria mató a muchos de ellos. La palabra malaria hace en el registro documental lo que fusilamiento habría hecho en el registro judicial. Ambos designan lo mismo. Uno cuesta política. El otro no.

§5. Los que llegaron, los que no, los que fueron reutilizados

De los doscientos cincuenta hombres embarcados el 21 de marzo de 1869, una minoría regresó a Cuba tras el indulto general de 1878 vinculado al Pacto del Zanjón que cerró la Guerra de los Diez Años. Otros lograron escapar hacia Portugal o Gran Bretaña a través de las escalas comerciales del Golfo de Guinea. Muchos murieron en la isla, sin nombre registrado, sin sepultura documentada, sin retorno estadístico.

Sobre los sobrevivientes, la historiografía cubana del siglo XX construiría después una memoria de martirologio. Aquellos hombres fueron llamados —a veces con razón, a veces con sobreinterpretación heroica— los mártires del San Francisco de Borja. La República cubana los inscribiría en su panteón fundacional. Sus nombres, cuando pudieron ser recuperados, aparecerían en placas conmemorativas y en calles de La Habana.

Es la misma operación posterior que en el arco salvadoreño hemos identificado como capacidad del Estado para administrar el recuerdo de sus propios muertos. Un Estado envía hombres a morir sin firmar sentencias. Décadas después, otro Estado —fundado sobre la derrota del primero— los recupera como héroes fundacionales. Ni la ejecución ni la conmemoración pasan por las manos de los propios muertos. Ambas son operaciones administrativas realizadas sobre sus cuerpos, la primera para hacerlos desaparecer sin ruido, la segunda para reutilizarlos como pedagogía política.

El vapor San Francisco de Borja, que zarpó del puerto de La Habana el 21 de marzo de 1869 con doscientos cincuenta hombres a bordo, es el momento inaugural del sistema. Es también, sin saberlo aquellos hombres, la primera realización material de la operación cuya consumación letal, sesenta y tres años después, aterrizará en el occidente de El Salvador. Cambian los cuerpos. Cambian los idiomas. Cambia el clima. No cambia la operación.


Mario Oliva Mancía


Fuentes fundamentales

Bosch, Juan. Cuba, la isla fascinante. Referencia documental a la orden del Capitán General Domingo Dulce y Garay, La Habana, 21 de marzo de 1869.

Aranzadi, Isabela de. «El legado cubano en África. Ñáñigos deportados a Fernando Poo. Memoria viva y archivo escrito», Afro-Hispanic Review, vol. 31, núm. 1 (Spring 2012), pp. 29–60.

Márquez Quevedo, Xavier. Estudios sobre la escala canaria en las deportaciones a Fernando Poo, 1998.

Documentación del Consejo de Guerra y disposiciones de la Capitanía General de La Habana, 1868–1869. Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección Ultramar.

Documentación consular británica sobre embarcaciones con destino a Fernando Poo, Foreign Office Archives, Kew Gardens.

León XIII. Catholicae Ecclesiae, carta apostólica sobre la trata africana persistente, 20 de noviembre de 1890.

Céspedes, Carlos Manuel de. Manifiesto de La Demajagua, 10 de octubre de 1868, y documentos anexos sobre el levantamiento de Las Villas.

Pacto del Zanjón, 10 de febrero de 1878, e indultos posteriores a los deportados de la Guerra de los Diez Años.

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