«…no puede despojar al hombre de los derechos personales… concedidos por el Creador.»
Pío XI, Divini Redemptoris, § 30, 19 de marzo de 1937.
«…el salvador de la patria.»
Propaganda anticomunista oficialista, El Salvador, 1932, título atribuido al general Maximiliano Hernández Martínez tras la represión de enero.
Nota metodológica inicial
Este blog ha narrado en otra ocasión la crisis económica y política de 1932 —la Ley Moratoria, el colapso bancario, la reforma económica— y, en trabajo aparte, el proceso posterior de construcción de la memoria histórica en torno a Hernández Martínez. El presente ensayo no repite ninguna de esas dos exposiciones. Su objeto es distinto: cerrar el arco doctrinal completo que este blog ha reconstruido desde la invención jurídica del ciudadano liberal hasta la clasificación cuádruple del no-ciudadano, mostrando cómo los nueve hilos examinados convergen en un solo acontecimiento, y aplicar a ese acontecimiento el principio de dignidad inviolable de la persona formulado por Pío XI en 1937.
§1. Los hechos, con la escala que la historiografía ha establecido
La rebelión campesina estalló el 22 de enero de 1932 en los departamentos occidentales de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad y Santa Ana, con epicentro en Izalco, encabezada por Agustín Farabundo Martí, Feliciano Ama y otros dirigentes indígenas y comunistas. Fue sofocada en tres días. La represión militar que siguió, entre el 25 de enero y febrero de ese año, se prolongó semanas y alcanzó una escala muy distinta a la del levantamiento que decía combatir: la historiografía académica más rigurosa —Jeffrey Gould y Aldo Lauria-Santiago, ya citados en un ensayo anterior de este blog— sitúa el número de muertos entre 10,000 y 40,000, frente a la cifra oficial de 2,000 que el propio régimen sostuvo durante décadas. Trabajos historiográficos recientes califican lo ocurrido como práctica genocida contra la población indígena pipil de la región occidental. Feliciano Ama, ya examinado en un ensayo previo de este blog, es una de las víctimas mejor documentadas de esa represión.
§2. El eslabón que faltaba: cuando la clasificación se hizo criterio de muerte
Los ensayos anteriores de este blog han reconstruido, en distintos registros, el aparato clasificatorio que el liberalismo salvadoreño construyó entre 1876 y 1911: la antropología criminal de raíz lombrosiana adoptada durante el gobierno de Zaldívar, y la tipología cuádruple —alcohólicos, prostitutas, criminales, enfermos— mediante la cual el discurso oficial identificó a las «clases peligrosas» sujetas a disciplinamiento, coerción y, en palabras de la propia tesis que sostiene este arco, «eventual exterminio». Lo que sucedió en enero de 1932 es la aplicación de ese mismo aparato a una quinta categoría, nunca antes clasificada con ese nombre en los documentos oficiales pero implícita en todo el proyecto: el indígena.
La documentación disponible es inequívoca en un punto preciso: durante la represión, vestir traje indígena o hablar náhuat fue, por sí solo, motivo suficiente de fusilamiento, independientemente de cualquier participación real en la insurrección. La clasificación había dejado de ser un ejercicio administrativo —un registro, una ficha médica, un cuadro estadístico como los examinados en el ensayo anterior de este blog sobre el Hospital Rosales— para convertirse en criterio inmediato de vida o muerte. El efecto de largo plazo fue devastador: comunidades enteras abandonaron en las décadas siguientes la vestimenta, la lengua y las costumbres indígenas tradicionales, no por asimilación voluntaria sino por el temor fundado de que la identidad étnica visible siguiera siendo, como lo había sido en enero de 1932, causa suficiente de muerte.
§3. Convergencia: los nueve hilos en un solo acontecimiento
Ningún hilo de este arco explica por sí solo enero de 1932. Su convergencia sí. Zaldívar instaló, entre 1876 y 1885, el aparato médico-jurídico-carcelario que hizo pensable clasificar poblaciones según criterios biológicos. El positivismo comteano-spenceriano, transmitido por Guzmán y Darío González como intelectuales orgánicos del régimen, proveyó el marco doctrinal que legitimó esa clasificación como ciencia. Cuando ese marco entró en crisis después de 1907, el mismo circuito mutó hacia el vitalismo teosófico sin abandonar el objetivo estructural, y encontró en Hernández Martínez —masón, teósofo, ejecutor final— su culminación política. Masferrer y Gavidia, únicas voces de disenso intelectual, no rompieron con esa matriz: ofrecieron una alternativa igualmente inmanente, sin fundamento trascendente, incapaz de oponer al proyecto una antropología distinta. Manuel Enrique Araujo representó la única vía de gobierno realmente ajena a esa matriz —orientada al bien común, no al sector— y fue eliminado en 1913, dos décadas antes de que la vía que sí prosperó llegara a su consumación. La tipología cuádruple de no-ciudadanos proporcionó el vocabulario clasificatorio; el propio sistema de beneficencia hospitalaria, examinado en el ensayo anterior de este blog, mostró cómo hasta la caridad terminó administrativizada bajo esa misma lógica. Enero de 1932 no añade un elemento nuevo a esta historia: aplica, a escala masiva y sobre un nuevo sujeto étnico, el aparato que los ensayos anteriores de este blog documentaron pieza por pieza.
§4. El principio violado
Pío XI escribió en 1937, cinco años después de los hechos salvadoreños y sin referencia alguna a ellos, un principio formulado en términos universales: ninguna sociedad puede despojar al hombre de los derechos personales que le han sido concedidos por el Creador. El principio no depende de la filiación ideológica de quien lo viola. Se aplica, en este ensayo, exclusivamente al Estado que clasificó y ejecutó —el mismo Estado cuya genealogía institucional han reconstruido los ensayos anteriores de este blog—, no a los campesinos e indígenas que fueron sus víctimas. Conviene decirlo sin rodeos, porque la propaganda oficial de 1932 hizo exactamente lo contrario: construyó, en la prensa y en el discurso público, la imagen de una amenaza comunista que debía neutralizarse a cualquier costo, y erigió a su ejecutor como «el salvador de la patria». La investigación historiográfica sobre la prensa de la época confirma que este relato fue elaborado deliberadamente para eximir al Estado de responsabilidad y trasladarla a las víctimas.
Este ensayo no adopta ese relato. La sinceridad ideológica de quienes participaron en la represión —muchos de ellos, como se documentó en un ensayo anterior de este blog, sin conciencia plena de operar un proyecto histórico de sustitución antropológica— no exime la responsabilidad objetiva de la matriz que hizo posible la matanza. La cláusula establecida en aquel ensayo se aplica aquí en su forma más grave: la matriz protege al proyecto, no al hombre; y tampoco protege, cuando el proyecto se consuma, a quienes la matriz clasificó como prescindibles.
§5. Dos voces magisteriales, una simultánea y otra retrospectiva
Monseñor José Alfonso Belloso y Sánchez, arzobispo de San Salvador desde 1927, condenó el circuito teosófico-esotérico que sostenía doctrinalmente al régimen en su visita canónica del 25 de diciembre de 1932 —el mismo año de la matanza, no en la distancia retrospectiva—, según se examinó en un ensayo anterior de este blog. Su sucesor, monseñor Luis Chávez y González, consagrado arzobispo en diciembre de 1938, no fue autor de ningún texto de 1932; heredó, seis años después de los hechos, un país marcado por ellos, y consolidó institucionalmente durante casi cuatro décadas de magisterio la línea doctrinal que Belloso había formulado ante la urgencia. Su voz pertenece a este ensayo no como testigo del acontecimiento sino como quien tuvo que gobernar pastoralmente sus consecuencias: una arquidiócesis que durante generaciones no volvería a hablar abiertamente de lo ocurrido en enero de 1932.
Cierre del arco
Con este ensayo se cierra el arco iniciado en el ensayo de este blog dedicado a la invención jurídica del ciudadano abstracto entre Cádiz y la Cartilla de Galindo. El liberalismo salvadoreño del último tercio del siglo XIX no se limitó a definir derechos y deberes; construyó, con el mismo aparato médico y jurídico, la figura complementaria del no-ciudadano, y desarrolló durante más de cinco décadas los instrumentos —biologicistas primero, teosófico-vitalistas después— que hicieron pensable su eliminación. Enero de 1932 no fue una ruptura del orden liberal-positivista salvadoreño. Fue su consumación.
Mario Oliva Mancía
Bibliografía
Fuentes primarias — Magisterio pontificio
Pío XI. Divini Redemptoris. 19 de marzo de 1937, § 30.
Fuente primaria central
Oliva Mancía, Mario. Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880-1932. Tesis doctoral, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2011. Capítulo III, §4.4, p. 207.
Fuentes secundarias
Gould, Jeffrey L. y Lauria-Santiago, Aldo. To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932. Durham: Duke University Press, 2008.
Lindo-Fuentes, Héctor; Ching, Erik; Lara Martínez, Rafael. Recordando 1932: La Matanza, Roque Dalton y la política de la memoria histórica. San Salvador: FLACSO, 2010.
Ramírez Fuentes, José Alfredo. El discurso anticomunista de las derechas y el Estado como antecedente de la guerra civil en El Salvador (1967-1972). Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de El Salvador, 2008, capítulo 1: «La matanza anticomunista de 1932».
Monterrosa-Cubías, Gerardo. «Preparando al verdadero ciudadano y centinela ejemplar que velará por el honor de la República. El Salvador, 1933». LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIV, núm. 2, julio-diciembre 2016, pp. 199-204. San Cristóbal de las Casas: CESMECA-UNICACH.