SIN TRABAJO — Entrada 15 de 16
El país no necesita únicamente orientar mejor a los estudiantes ni redistribuirlos entre carreras. Necesita acompañar la trayectoria completa: desde la primera pregunta vocacional hasta el momento en que el conocimiento puede convertirse en trabajo, autonomía, familia y servicio. Una política nacional comienza cuando dejamos de preguntar solamente cuántos se graduaron y empezamos a preguntar qué ocurrió con sus vidas después del diploma.
¿Qué ocurre después de la ceremonia?
La escena es conocida. Una familia se reúne para celebrar. Hay fotografías, toga, diploma y la satisfacción de haber llegado al final de un camino que exigió años de esfuerzo. La universidad certifica que la persona está preparada. La familia respira con alivio. El joven imagina que comienza una nueva etapa.
Pero después de la ceremonia llega una pregunta menos solemne y mucho más difícil: ¿dónde podrá trabajar?
El recién graduado prepara su currículum y descubre que muchas plazas iniciales exigen experiencia que todavía no ha podido adquirir. Busca una práctica y encuentra que algunas no son remuneradas. Considera emprender, pero carece de capital, redes o acompañamiento. Piensa en especializarse, aunque eso significa nuevos gastos y más años de dependencia familiar. Finalmente contempla la migración, no necesariamente porque quiera abandonar el país, sino porque en otro lugar parece existir una puerta que aquí no logra encontrar.
¿Quién responde por ese vacío? La universidad puede decir que su tarea era formar. La empresa puede afirmar que no puede contratar sin experiencia. El Estado puede señalar que no le corresponde garantizar un empleo a cada graduado. Todas esas respuestas contienen una parte de verdad. Juntas, sin embargo, dejan sola a la persona precisamente en el momento en que debería comenzar a producir el fruto de su formación.
No es culpa de una sola institución
Sería fácil convertir esta crisis en una acusación unilateral. Culpar a las universidades por ofrecer carreras sin suficiente demanda. Culpar a las empresas por exigir experiencia y pagar poco. Culpar al Estado por no planificar. Culpar a las familias por empujar a sus hijos hacia profesiones prestigiosas. Culpar incluso al joven por no haberse informado mejor.
Pero una trayectoria profesional no depende de una sola decisión. Se construye —o se rompe— mediante una cadena de instituciones. La educación media orienta; la universidad forma; el empleador abre o cierra la primera oportunidad; el sistema financiero facilita o impide emprender; el Estado regula, contrata y produce información; la familia sostiene la espera; los gremios acompañan o se vuelven corporaciones cerradas.
Por eso una política nacional no puede reducirse a una feria de empleo, una beca, un curso breve o una campaña de emprendimiento. Esos instrumentos pueden ser útiles, pero no sustituyen una conversación seria entre quienes producen títulos, quienes necesitan conocimiento y quienes deben organizar el bien común.
La pregunta ya no es solamente: “¿qué programa podemos anunciar?”. La pregunta correcta es: “¿qué debe cambiar para que una persona pueda construir una trayectoria digna después de formarse?”.
Primero debemos reconocer lo que no sabemos
Las Estadísticas de Educación Superior 2024 registraron 32,118 graduados. La cifra es importante. También es insuficiente.
Sabemos cuántos títulos fueron entregados, pero no sabemos con precisión cuántas de esas personas consiguieron empleo, cuánto tardaron, si trabajan en su área, qué salario reciben, cuántas emigraron, cuántas aceptaron un trabajo por debajo de su formación ni cuántas abandonaron completamente la profesión.
El perfil de ILOSTAT para El Salvador describe un mercado marcado por informalidad, temporalidad y una proporción importante de jóvenes fuera del empleo, la educación o la formación. Pero incluso aquí debemos hablar con cuidado: las estimaciones armonizadas o modelizadas no son idénticas a los resultados directos de una encuesta nacional levantada en el mismo año.
Esta falta de información no es un problema menor. ¿Cómo puede orientarse a un estudiante si no se conoce la trayectoria de quienes cursaron antes el mismo programa? ¿Cómo puede corregirse una carrera si no se sabe qué competencias están utilizando sus graduados? ¿Cómo puede hablarse de saturación cuando se cuentan títulos, pero no ocupaciones, territorios, especialidades ni necesidades sociales?
El primer paso debería ser sencillo de formular, aunque complejo de ejecutar: seguir cada cohorte de manera anonimizada durante varios años. No para vigilar personas, sino para conocer la historia real del conocimiento que el país forma. ¿Encontró trabajo? ¿En qué condiciones? ¿Cambió de área? ¿Emigró? ¿Regresó? ¿Tuvo que interrumpir su trayectoria por cuidados familiares? ¿Continúa aprendiendo o quedó atrapado en una ocupación sin desarrollo?
Sin estas respuestas, la política seguirá construyéndose sobre impresiones, intereses y anécdotas.
Antes de matricularse también debe existir verdad
La conversación no debe comenzar cuando el joven ya terminó la carrera. Debe empezar antes de matricularse.
Quien está a punto de comprometer cinco, seis o más años de vida debería conocer el costo total aproximado, la duración real del programa, sus exigencias prácticas, la acreditación, la disponibilidad de laboratorios o campos clínicos, la deserción y los resultados de las cohortes anteriores.
Esto no significa convertir la vocación en una tabla salarial. Hay profesiones que deben existir aunque no prometan riqueza. Hay saberes cuyo valor cultural y social supera la lógica inmediata del mercado. Pero respetar la vocación no exige ocultar la realidad. La libertad necesita verdad.
La orientación vocacional debería ayudar al joven a conversar consigo mismo y con el país. ¿Qué capacidades posee? ¿Qué tipo de servicio desea ofrecer? ¿Qué condiciones familiares enfrenta? ¿Qué necesidades existen en su territorio? ¿Qué riesgos y posibilidades tiene esa profesión?
No se trata de que una oficina decida quién debe ser médico, ingeniero, maestro, abogado o artista. Se trata de impedir que una persona entre en una trayectoria larga y costosa guiada únicamente por publicidad, prestigio social o expectativas familiares nunca examinadas.
El puente roto entre estudiar y trabajar
Después de graduarse, la primera barrera suele ser la experiencia. El empleador dice necesitar a alguien que ya sepa trabajar. El joven responde que necesita trabajar para aprender. Entre ambos queda un puente roto.
Ese puente no puede construirse mediante trabajo gratuito indefinido. Una práctica profesional debería tener objetivos, tutor, duración, evaluación y compensación razonable. Debe formar, no sustituir plazas permanentes. Debe permitir que la persona adquiera experiencia, no demostrar que puede soportar explotación.
También se necesitan contratos de primer empleo, residencias profesionales, proyectos supervisados y reconocimiento de la experiencia adquirida dentro de la universidad. Una tesis aplicada, un internado, una clínica jurídica, un proyecto de ingeniería o una investigación no deberían desaparecer del currículum como si nada de eso hubiera exigido responsabilidad.
La empresa que forma a un joven no está haciendo caridad. Está creando su propia capacidad futura. Toda institución necesita transmitir memoria, renovar equipos y preparar a quienes asumirán responsabilidades mayores. Cuando nadie quiere formar, todos terminan buscando experiencia que ninguna organización estuvo dispuesta a producir.
No basta formar profesionales: debe existir una economía que los necesite
Aquí aparece una verdad incómoda. La crisis no se resolverá moviendo estudiantes de unas carreras a otras si la economía continúa creando principalmente trabajo informal, precario o poco intensivo en conocimiento.
Podemos orientar mejor, mejorar currículos y ofrecer cursos de actualización. Pero si no existen empresas, instituciones y proyectos capaces de utilizar conocimiento avanzado, el resultado será el mismo: subempleo, emigración o abandono de la profesión.
Una política de empleo profesional necesita, por tanto, una política productiva. Crédito para proyectos viables. Infraestructura. Compras públicas que desarrollen proveedores. Investigación aplicada. Cooperación entre universidad y empresa. Apoyo a pequeñas compañías que puedan crecer. Servicios profesionales exportables. Capacidad local para mantener, reparar, adaptar y mejorar tecnologías.
Innovar no significa únicamente inventar algo que sorprenda al mundo. También significa resolver mejor un problema local, reducir una pérdida, diseñar un servicio, mejorar una cadena de suministro o evitar que una máquina importada quede abandonada porque nadie pudo mantenerla.
El país no debe limitarse a producir profesionales para que otros sistemas económicos aprovechen su formación. Debe aprender a convertir conocimiento en instituciones, empresas, servicios y soluciones propias.
La persona no es una pieza intercambiable
En esta conversación suele aparecer un lenguaje frío: oferta, demanda, capital humano, productividad, reconversión. Son términos útiles, pero pueden ocultar a la persona.
El profesional tiene familia, salud, responsabilidades de cuidado, límites, vocación y necesidad de pertenencia. Una mujer puede abandonar su trayectoria porque no encuentra apoyo para cuidar a un hijo o a un padre enfermo. Un joven puede aceptar tres trabajos precarios y aun así aparecer estadísticamente como ocupado. Un profesional puede permanecer en el país y, sin embargo, abandonar interiormente la vocación para la cual fue formado.
Por eso la política laboral debe conversar también con la familia. Necesita servicios de cuidado confiables, horarios razonables, retorno educativo, protección social que acompañe a la persona cuando cambia de empleo y mecanismos de actualización accesibles para quienes no pueden dejar de trabajar.
Debe conversar igualmente con la diáspora. No todo profesional que emigra regresará, pero muchos pueden enseñar, investigar, asesorar, invertir o formar equipos desde fuera. El retorno tampoco debe presentarse como obligación patriótica. Requiere plazas, reconocimiento de experiencia, condiciones dignas y apertura institucional.
Y debe conversar con el Estado como empleador. Las plazas públicas deben abrirse mediante mérito verificable cuando se trata de funciones técnicas permanentes. Si las oportunidades escasas se distribuyen por cercanía, la política de empleo queda moralmente desmentida por la propia conducta estatal.
¿Por dónde comenzar?
No todo puede hacerse al mismo tiempo, pero tampoco es necesario esperar una reforma perfecta para empezar.
Durante el primer año podría construirse una cohorte piloto de seguimiento, establecerse una ficha obligatoria de información antes de la matrícula, aprobarse un estándar nacional para prácticas profesionales y publicarse criterios comunes de contratación pública. También podría comenzar el mapa de profesiones reguladas y de capacidades de la diáspora.
En los años siguientes, esa base permitiría extender el seguimiento, crear contratos sectoriales de primer empleo, desarrollar alianzas productivas, financiar investigación aplicada y organizar programas de retorno temporal. La política dejaría de ser una sucesión de anuncios y comenzaría a producir continuidad.
Después debería llegar lo que casi nunca llega: la evaluación independiente. ¿Qué programa consiguió empleo formal? ¿Cuál sólo acumuló inscritos? ¿Qué incentivo produjo aprendizaje real? ¿Qué curso no cambió ninguna trayectoria? ¿Qué universidad mejoró después de conocer el destino de sus graduados?
Una política seria debe tener el valor de cerrar aquello que no funciona y ampliar lo que demuestra resultados. El fracaso no consiste en corregir; consiste en continuar por razones propagandísticas cuando la evidencia ya mostró que el programa no sirve.
La cifra decisiva no es cuántos participaron
Los gobiernos suelen anunciar número de becas, cursos, beneficiarios, convenios o ferias. Son cifras fáciles de comunicar. También pueden ser engañosas.
Un curso puede tener mil inscritos y no mejorar la vida laboral de ninguno. Una feria puede reunir cientos de personas y no producir contrataciones. Una práctica puede llamarse formativa y limitarse a tareas rutinarias.
La pregunta decisiva debería ser otra:
¿Aumentó la proporción de personas que, después de formarse, pudieron construir una trayectoria digna, estable y relacionada con sus capacidades?
Para responder no basta saber si alguien tiene empleo. Debe conocerse si el empleo es formal, si permite sostener una familia, si utiliza capacidades reales, si ofrece aprendizaje, si protege la salud y si deja abierta una posibilidad de desarrollo.
La tecnología también debe entrar en esta conversación
La inteligencia artificial puede mejorar diagnóstico, diseño, administración y aprendizaje. También puede desplazar tareas, concentrar poder y excluir mediante filtros que nadie comprende.
La respuesta no puede ser negar la tecnología ni entregarle decisiones humanas. Debemos preguntar qué tareas desaparecerán, cuáles cambiarán, qué nuevas capacidades se necesitarán y quién asumirá el costo de la transición.
Antiqua et nova insiste en que la responsabilidad permanece en la persona y que la técnica debe orientarse al bien humano. Magnifica humanitas vincula la dignidad del trabajo, la familia, los jóvenes, la economía y la transformación tecnológica dentro de una misma pregunta antropológica.
La productividad importa, pero no es el criterio último. Una economía puede producir más y, al mismo tiempo, volver prescindibles a quienes no logran adaptarse al ritmo impuesto. La política debe impedir que la innovación se convierta en una nueva forma de descarte.
Una obra nacional compartida
El horizonte no se reconstruye prometiendo empleo a todos ni culpando a los jóvenes por un mercado que no crearon. Se reconstruye cuando el esfuerzo vuelve a encontrar instituciones confiables, información honesta, prácticas justas y una economía capaz de utilizar conocimiento.
La meta no es obligar a cada persona a ejercer para siempre exactamente la carrera que estudió. La vida contiene cambios, nuevos aprendizajes y vocaciones inesperadas. La meta es que nadie sea engañado, descartado o reducido a costo después de haberse formado.
Un país pequeño no puede desperdiciar inteligencia. Necesita médicos que curen, abogados que sirvan a la justicia, ingenieros que construyan, maestros que formen, investigadores que descubran, empresarios que arriesguen y trabajadores capaces de sostener un hogar.
Pero, sobre todo, necesita dejar de abandonar a cada uno de ellos después del diploma.
Una política nacional de empleo profesional no debe limitarse a insertar personas en vacantes. Debe reconstruir la relación entre conocimiento, trabajo, familia y bien común. El país comienza a perder su futuro cuando forma capacidades que no conoce, no integra y no valora; comienza a recuperarlo cuando convierte cada trayectoria profesional en parte de una obra nacional compartida.
Fuentes centrales
- Banco Central de Reserva: Cartelera Electrónica de indicadores.
- ONEC–BCR: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.
- ILOSTAT: perfil laboral de El Salvador.
- MINEDUCYT: Estadísticas de Educación Superior 2024.
- CONACYT: Indicadores de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 2025.
- OIT y Banco Mundial: exposición del empleo a la inteligencia artificial generativa y brecha digital.
- San Juan Pablo II: Laborem exercens.
- Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para la Cultura y la Educación: Antiqua et nova.
- León XIV: Magnifica humanitas.
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