Cuando administrar la vida también significa distribuir el riesgo, la atención y la muerte
Necropolítica, salud global y transformación de la persona · Entrada 1 de 12 · Mario Oliva Mancia
La COVID-19 no fue una emergencia sanitaria corriente ni puede narrarse como una desgracia biológica seguida por una administración simplemente torpe. En 2020 existían cuidados intensivos, ventilación mecánica, secuenciación genómica y redes mundiales de vigilancia que en 1918 eran inimaginables. El genoma del SARS-CoV-2 circuló el 10 de enero; sin embargo, el panel internacional encargado de revisar la respuesta llamó a febrero “un mes perdido”. No estamos, pues, ante ausencia de ciencia, sino ante una contradicción histórica entre capacidad científica extraordinaria y protección tardía, desigual y administrativamente fragmentada.
Esa contradicción reactiva una categoría desarrollada en mi tesis doctoral sobre ciudadanía e higienismo social (1880–1932), utilizada aquí como referencia universal para estudiar cómo la administración sanitaria puede clasificar poblaciones y preparar exclusión, abandono o exterminio. El higienismo de población aparece cuando el poder deja de mirar primero a la persona concreta y comienza a clasificar cuerpos, conductas y grupos según su utilidad, normalidad, peligrosidad o costo. En el siglo XIX operó mediante policía médica, estadística, eugenesia y ciudadanía restringida; en el XXI dispone de protocolo global, certificado digital, algoritmo, contrato farmacéutico y control de movilidad. La tecnología cambió; la tentación de administrar a la humanidad como material corregible permaneció. ¿Fue casualidad que la alerta, la orientación clínica y la rectificación llegaran tarde mientras la arquitectura financiera, tecnológica y coercitiva avanzó con rapidez? “Casualidad” no es una explicación científica. Tampoco lo es declarar de antemano un plan homicida. La investigación debe reconstruir advertencias, decisiones, beneficios, daños previsibles, silencios y protecciones jurídicas. La hipótesis necropolítica comienza ahí: no cuando se inventa una orden mundial de matar, sino cuando la muerte evitable puede convertirse en costo tolerable de un sistema que conserva intacto su poder.
La pregunta que quedó después de la emergencia
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote una emergencia internacional; el 11 de marzo lo caracterizó como pandemia. Al terminar 2021 registraba algo más de 5,4 millones de muertes notificadas, pero después estimó 14,9 millones de muertes en exceso —13,3 a 16,6 millones— durante 2020–2021. Las mediciones históricas no son estrictamente homologables, pero la escala contrasta con aproximadamente 1,1 millones en 1957, un millón en 1968 y entre 151.700 y 575.400 en la pandemia H1N1 de 2009. No fue un episodio ordinario dentro de la historia sanitaria reciente.
La diferencia no convierte automáticamente unos 9,5 millones de fallecimientos en muertes “ocultadas” de manera deliberada: exceso de mortalidad y defunción confirmada por COVID-19 no son categorías idénticas. Pero tampoco permite presentar el registro oficial como contabilidad completa. La propia OMS reconoció que, por la debilidad de numerosos sistemas de información, la verdadera mortalidad permanecía con frecuencia escondida. Una persona que muere sin entrar en el registro no deja de existir; desaparece de la responsabilidad pública. La pregunta necropolítica comienza allí: cuando la distribución de la protección y la distribución de la visibilidad estadística dejan de coincidir.
La pandemia hizo visible una transformación política de enorme alcance: en pocas semanas, gobiernos y organismos internacionales comenzaron a decidir sobre movilidad, trabajo, educación, acceso a hospitales, asignación de ventiladores, vacunación, certificación sanitaria y circulación transfronteriza. La medicina clínica quedó insertada dentro de una maquinaria de decisiones poblacionales, estadísticas y administrativas.
La pregunta filosófica no es si el Estado debía actuar. Frente a una amenaza colectiva, tenía el deber de hacerlo. La pregunta es otra:
¿Qué ocurre con la persona cuando la protección de la población se convierte en el criterio dominante de toda decisión?
Aquí comienza el problema biopolítico.
Biopolítica: cuando la vida se convierte en objeto de gobierno
Michel Foucault utilizó el concepto de biopoder para describir el tránsito desde el antiguo poder soberano —centrado en castigar, excluir o matar— hacia formas modernas de poder que administran la vida. El Estado moderno no gobierna solamente territorios y leyes: gobierna nacimientos, mortalidad, enfermedad, higiene, sexualidad, productividad y riesgo.
La biopolítica no es, por definición, una conspiración ni un sinónimo de maldad. Es una categoría descriptiva. Existe cada vez que el poder toma a la población como realidad biológica mensurable y actúa sobre ella mediante:
- estadísticas;
- vigilancia epidemiológica;
- clasificación de riesgos;
- protocolos clínicos;
- campañas sanitarias;
- restricciones de movilidad;
- priorización de recursos;
- registros y certificados.
La COVID-19 llevó esa lógica a una escala inédita. Cada individuo pasó a ser simultáneamente persona, paciente potencial, vector posible, contacto epidemiológico, sujeto vacunado o no vacunado, trabajador esencial o no esencial y portador de un determinado perfil de riesgo.
Nada de esto prueba por sí solo una intención exterminadora. Sí demuestra que el cuerpo humano fue incorporado de manera extraordinaria al campo de decisión política.
Necropolítica: una categoría más grave que no debe banalizarse
Achille Mbembe amplió la pregunta foucaultiana. No basta con estudiar cómo el poder procura conservar y administrar la vida; también hay que examinar cómo distribuye la exposición a la muerte y qué poblaciones son empujadas hacia condiciones de abandono, precariedad o sacrificabilidad.
La necropolítica no debe emplearse como insulto contra toda política que produzca víctimas. Tampoco toda muerte evitable prueba un proyecto consciente de exterminio. Para utilizar rigurosamente el concepto deben aparecer decisiones, estructuras o patrones que permitan preguntar:
- ¿quién recibe primero la protección?
- ¿quién queda fuera de la atención?
- ¿qué vidas son consideradas recuperables?
- ¿qué cuerpos son valorados principalmente por su utilidad?
- ¿quién asume los riesgos de una decisión tomada por otros?
- ¿quién queda sin voz, recurso o posibilidad de consentimiento?
El punto de transición aparece cuando el enfermo deja de ser considerado primariamente como persona y empieza a ser tratado como unidad de rendimiento clínico, costo, riesgo estadístico o función social.
La selección no fue una abstracción filosófica
Durante la primera ola, la escasez de camas y ventiladores obligó a formular criterios de triaje. Las recomendaciones italianas de la SIAARTI reconocieron expresamente la posibilidad de establecer límites de acceso a cuidados intensivos para reservar recursos a quienes presentaran mayor probabilidad de supervivencia y más años de vida esperados.
El problema no fue la existencia del triaje en sí mismo. La medicina de catástrofes siempre ha tenido que asignar recursos escasos. El problema aparece cuando la urgencia transforma silenciosamente la probabilidad clínica en un juicio sobre el valor de una vida.
La propia OMS publicó un marco ético para la distribución de hospitales, ventiladores, vacunas y medicamentos. Esto confirma que la emergencia no planteó solamente una dificultad técnica: planteó una decisión moral sobre prioridades humanas.
La experiencia de las residencias de larga estancia reveló una herida aún más profunda. Un informe de la OCDE, basado en trece países europeos, encontró que más de un tercio de las muertes por COVID-19 correspondió, en promedio, a residentes de centros de larga estancia. La OCDE relacionó esta mortalidad con fallas de seguridad, insuficiencia de personal, recursos limitados y deficiencias previas del sistema.
La discapacidad mostró otra forma de exposición desigual. Un estudio poblacional de más de 17 millones de personas en Inglaterra encontró que los adultos inscritos en el registro de discapacidad intelectual presentaron, durante la primera ola, una razón de riesgo ajustada de 8.2 para muerte relacionada con COVID-19 y de 5.3 para hospitalización, en comparación con quienes no estaban inscritos. Otro estudio, con más de 29 millones de adultos, halló que el 58 % de las muertes con COVID-19 correspondió a personas que habían declarado alguna discapacidad; incluso después de múltiples ajustes, parte del exceso de riesgo permaneció.
Estas cifras no demuestran por sí mismas que alguien planificara la muerte de ancianos o personas con discapacidad. Demuestran algo distinto y suficientemente grave: la enfermedad actuó sobre desigualdades biológicas y sociales que las instituciones no corrigieron adecuadamente.
La revisión oficial de la Care Quality Commission inglesa encontró, además, indicios de decisiones colectivas o “en bloque” de no intentar reanimación cardiopulmonar durante la pandemia. Una orden individual de no reanimar puede ser clínica y éticamente correcta; aplicarla a una categoría de personas sin valoración individual convierte la vulnerabilidad en criterio de exclusión.
Aquí la necropolítica deja de ser una metáfora distante y se convierte en una pregunta clínica concreta:
¿Se atendió a esta persona según su condición individual o se decidió sobre ella por pertenecer a una categoría considerada de menor rendimiento?
Del cuerpo enfermo al cuerpo certificado
La emergencia también aceleró la traducción del cuerpo a dato verificable. En 2021 la OMS publicó especificaciones para documentar digitalmente vacunación y resultados diagnósticos. La Unión Europea estableció mediante el Reglamento 2021/953 un certificado interoperable de vacunación, prueba o recuperación para facilitar la libre circulación.
Conviene evitar dos simplificaciones opuestas.
La primera consistiría en afirmar que todo certificado sanitario es, por naturaleza, totalitario. Los certificados de vacunación existían antes de la COVID-19 y pueden cumplir funciones legítimas de continuidad asistencial y control epidemiológico.
La segunda sería fingir que esta infraestructura es políticamente neutra. Cuando el acceso a movilidad, empleo, educación o espacios públicos depende de un estado sanitario verificable, el dato médico deja de ser únicamente clínico y se convierte en llave administrativa de ciudadanía práctica.
La pregunta central no es si el código era de papel o digital. Es quién podía exigirlo, con qué finalidad, durante cuánto tiempo, con qué alternativas y bajo qué controles.
La misma OMS sostuvo que cualquier obligatoriedad vacunal debía superar pruebas de necesidad, proporcionalidad, seguridad, eficacia y menor coerción posible. Esto demuestra que incluso dentro del organismo promotor de la respuesta existía conciencia de los riesgos éticos de la imposición.
La persona no es la suma de sus funciones
La antropología cristiana ofrece aquí un criterio más profundo que la mera autonomía liberal.
Santo Tomás recoge la definición de persona como “sustancia individual de naturaleza racional”. La dignidad no procede de demostrar productividad, independencia, fuerza física o competencia cognitiva. La persona no deja de ser persona cuando pierde conciencia, autonomía, salud o utilidad social.
Jacques Maritain desarrolló esta distinción frente a dos errores contrarios: el individualismo, que separa al ser humano del bien común, y el totalitarismo, que absorbe a la persona dentro del organismo colectivo. Para Maritain, el bien común político es auténtico únicamente si vuelve sobre las personas, las beneficia y respeta su dignidad. La persona pertenece a la comunidad, pero también la trasciende por su apertura al absoluto.
Esta precisión impide dos falsificaciones.
No es cristiano convertir la libertad individual en un absoluto indiferente al daño causado al prójimo. Pero tampoco es cristiano invocar el bien común para reducir al enfermo, al anciano, al discapacitado o al disidente a material administrable.
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO formuló un límite semejante en términos seculares: los intereses y el bienestar del individuo deben tener prioridad sobre el solo interés de la ciencia o de la sociedad. La declaración vaticana Dignitas infinita reafirmó después que la dignidad pertenece a toda persona por su propio ser y permanece en cualquier circunstancia.
Por tanto:
La vida humana no vale porque sea útil para el sistema; el sistema es legítimo en la medida en que sirve a personas cuya dignidad lo precede.
La pandemia no revela una sola voluntad mundial
Sería un error concluir que todos los gobiernos, partidos y organismos obedecieron a una voluntad ideológica idéntica.
La expansión de instrumentos biopolíticos atravesó sistemas políticos muy distintos. Gobiernos progresistas, conservadores, liberales, autoritarios y comunistas utilizaron estadísticas, restricciones, tecnología y coerción. Pero compartir instrumentos no significa compartir la misma antropología ni perseguir el mismo proyecto mundial.
La diferencia entre Donald Trump y Joe Biden exige un examen separado. Trump impulsó Operation Warp Speed y participó plenamente en la financiación tecnológica y farmacéutica de 2020, pero rechazó el ingreso estadounidense en COVAX e inició la salida de la OMS. Biden revirtió esa retirada y convirtió la cooperación multilateral en política activa. Desde 2025, el segundo Gobierno de Trump ha vuelto a ordenar la salida de la OMS y se ha enfrentado abiertamente a componentes centrales de la Agenda 2030.
Por eso no hablaremos de una pirámide monolítica. Investigaremos una arquitectura en conflicto:
- un multilateralismo progresista que integra salud, alianzas globales y una determinada agenda antropológica;
- un soberanismo conservador que resiste aborto, ideología de género y autoridad supranacional;
- un complejo tecnocapitalista capaz de colaborar con ambos;
- y potencias no occidentales que rechazan aspectos del liberalismo cultural mientras ejercen controles biopolíticos intensos.
Los adversarios ideológicos pueden utilizar las mismas tecnologías de poder sin perseguir los mismos fines.
La pandemia también fue un umbral de securitización
La emergencia sanitaria no suspendió la competencia entre potencias. El gasto militar mundial continuó creciendo en 2020 pese a la contracción económica, y las trayectorias de rearme que ya existían siguieron su curso. China constituye aquí un actor indispensable: su presupuesto oficial de defensa aumentó 6,6 % en 2020, mientras el país mantenía su modernización militar y su presión estratégica en el Indo-Pacífico.
Esto no prueba que la pandemia produjera el rearme chino ni que cada operación militar respondiera al confinamiento mundial. Demuestra algo más preciso: la crisis sanitaria funcionó como umbral entre emergencia civil y securitización permanente. Mientras los Estados restringían movilidad, certificaban cuerpos y reorganizaban sistemas sanitarios, las grandes potencias continuaban disputando territorio, tecnología, cadenas logísticas, información y recursos estratégicos.
La inclusión de China impide reducir el problema a una sola red occidental. Los sistemas rivales podían enfrentarse por hegemonía y, al mismo tiempo, ampliar su capacidad común de registrar, movilizar, vigilar y administrar poblaciones enteras.
Lo demostrado y lo que todavía debe probarse
La investigación seguirá cuatro niveles de afirmación:
| Nivel | Qué podemos afirmar |
|---|---|
| Hecho documentado | Existió una emergencia sanitaria real; se establecieron protocolos de triaje, restricciones, registros y certificados; ancianos, pobres y personas con discapacidad soportaron riesgos desproporcionados. |
| Conexión institucional probada | OMS, gobiernos, organismos financieros, empresas y alianzas público-privadas participaron en diferentes fases de definición, financiación y ejecución de la respuesta. |
| Inferencia razonada | La pandemia aceleró una forma de gobierno que traduce la vida humana a riesgo, dato, prioridad y función administrable. |
| Hipótesis abierta y crecientemente plausible | La convergencia entre clasificación poblacional, abandono diferencial, concentración financiera, coerción sanitaria y protección jurídica permite investigar una arquitectura necropolítica. Deben establecerse todavía el grado de coordinación, conocimiento previo e intencionalidad entre sus actores. |
La OMS no puede cerrar el expediente que también la incluye
Las conclusiones de la Organización Mundial de la Salud deben incorporarse como documentos institucionales relevantes, pero no como veredictos definitivos ni como palabra neutral situada fuera de los acontecimientos. La OMS participó en la definición de la emergencia, la producción de orientaciones, la coordinación internacional, la certificación sanitaria y la arquitectura multilateral de la respuesta. Es, por tanto, fuente primaria y simultáneamente objeto de examen.
Su estructura financiera obliga además a una lectura crítica. La propia organización reconoce que las cuotas obligatorias de los Estados cubren menos del 20 % de su presupuesto y que el resto procede principalmente de contribuciones voluntarias de Estados, organismos multilaterales, fundaciones filantrópicas, empresas y otros actores. En 2022–2023, el 87 % de las contribuciones voluntarias estuvo asignado a áreas programáticas específicas. Esto no vuelve falsos automáticamente sus datos ni demuestra subordinación mecánica; sí impide tratarla como autoridad puramente técnica, ajena a prioridades de donantes, alianzas público-privadas, decisiones políticas y orientaciones ideológicas.
La investigación sobre el origen tampoco puede cerrarse mediante una declaración institucional. La evaluación SAGO de 2025 consideró que el peso de la evidencia publicada favorecía un salto zoonótico. Sin embargo, la propia OMS admitió no haber recibido todos los datos primarios, registros y documentos solicitados, incluidas informaciones necesarias para evaluar plenamente un posible incidente de laboratorio. Por ello, el salto zoonótico es una valoración provisional; un accidente de laboratorio no está demostrado, pero tampoco puede considerarse excluido. Una liberación deliberada requiere pruebas adicionales y no debe formularse como hecho consumado.
El mismo criterio se aplica a la hipótesis necropolítica. No existe hasta ahora una prueba pública única que documente una orden mundial centralizada de exterminio. Pero tampoco existe evidencia capaz de demostrar que esa hipótesis sea imposible ni de refutar que actores distintos, sin necesidad de obedecer a un mando único, hayan producido o aprovechado una arquitectura convergente de selección, abandono, concentración de poder y transferencia de riesgos hacia la población.
El triaje por expectativa de supervivencia, el abandono diferencial de ancianos y discapacitados, la subordinación del médico al protocolo, la certificación del cuerpo, la concentración del capital, las protecciones contractuales, la opacidad documental y la desigual distribución de daños no prueban aisladamente un proyecto necropolítico. Examinados en conjunto, sin embargo, constituyen un patrón suficientemente consistente para que la hipótesis permanezca abierta y adquiera una plausibilidad histórica y explicativa creciente.
La escena forense retrospectiva no puede permanecer impasible ante esa convergencia. La ausencia de una confesión, de una orden escrita o de un archivo completo no convierte automáticamente en accidental una sucesión de decisiones cuyos beneficios fueron concentrados, cuyos riesgos fueron socializados y cuyas consecuencias recayeron sobre cuerpos concretos.
La hipótesis necropolítica no está definitivamente probada, pero tampoco ha sido descartada. La acumulación y convergencia de hechos documentados la vuelve verosímil y probablemente explicativa, pendiente de establecer con mayor precisión las relaciones entre financiación, conocimiento previo, decisiones, intencionalidad, beneficios y daños previsibles.
Esta distinción obliga a rechazar dos excesos.
No se puede afirmar que la Agenda 2030 pruebe que la pandemia fue planificada en 2015. Sí puede demostrarse que proporcionó lenguaje, objetivos de salud, sistemas de indicadores y modelos de alianza dentro de los cuales la respuesta fue posteriormente integrada.
Tampoco puede afirmarse, sin análisis independientes reproducibles y cadena de custodia, que sustancias no declaradas o tecnologías clandestinas estuvieran presentes en productos médicos. Las sospechas pueden justificar investigación; no pueden sustituirla.
La crítica será más fuerte cuanto menos dependa de saltos indemostrables.
La hipótesis que guía esta investigación
La hipótesis no se repetirá como dogma: será sometida a prueba en cada decisión, contrato y consecuencia:
El capital financia, la tecnocracia selecciona, el Estado ejecuta y el ciudadano soporta el riesgo corporal.
En algunos casos esta secuencia aparecerá completa. En otros habrá resistencia institucional, conflicto político o ruptura. La investigación deberá identificar quién aportó dinero, quién redactó normas, quién obtuvo contratos, quién conservó la propiedad intelectual, quién aplicó las decisiones y quién asumió sus consecuencias.
La pandemia no inventó todos esos mecanismos. Los aceleró, los conectó y los hizo visibles.
El umbral necropolítico
La COVID-19 fue simultáneamente enfermedad, emergencia social y acontecimiento político. La respuesta salvó vidas y produjo daños; movilizó solidaridad y concentró poder; protegió a algunos vulnerables y dejó a otros expuestos. Reducirla a heroísmo sanitario sería ingenuo. Reducirla a conspiración total sería metodológicamente débil.
La cuestión decisiva es antropológica.
Cuando la persona es reconocida como un ser irreductible, el protocolo permanece al servicio del enfermo. Cuando su dignidad se hace depender de autonomía, productividad, expectativa de vida o utilidad colectiva, el enfermo queda al servicio del protocolo.
Allí se abre el tránsito de la biopolítica a la necropolítica.
Y allí comienza esta investigación.
Fuentes primarias y documentos contemporáneos
- Organización Mundial de la Salud, “Statement on the second meeting of the International Health Regulations Emergency Committee” (30 de enero de 2020).
- Organización Mundial de la Salud, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19” (11 de marzo de 2020).
- Organización Mundial de la Salud, “14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021” (5 de mayo de 2022).
- Organización Mundial de la Salud, “Ethics and COVID-19: resource allocation and priority-setting” (2020).
- Organización Mundial de la Salud, “COVID-19 and mandatory vaccination: ethical considerations” (actualización de 2022).
- Organización Mundial de la Salud, “Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status” (27 de agosto de 2021).
- Unión Europea, “Reglamento (UE) 2021/953 sobre el Certificado COVID Digital” (14 de junio de 2021).
- Care Quality Commission, “Protect, respect, connect: decisions about living and dying well during COVID-19” (18 de marzo de 2021).
- UNESCO, “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” (19 de octubre de 2005).
- Pontificia Academia para la Vida, “Pandemic and Universal Brotherhood” (30 de marzo de 2020).
- Pontificia Academia para la Vida, “Humana Communitas in the age of pandemic” (22 de julio de 2020).
- Dicasterio para la Doctrina de la Fe, “Dignitas infinita” (8 de abril de 2024).
- Santo Tomás de Aquino, “Summa Theologiae, I, q. 29, a. 1”, sobre la definición de persona.
- Jacques Maritain, “The Person and the Common Good” (edición original de 1947; edición digital del Jacques Maritain Center).
- Michel Foucault, “Society Must Be Defended”, curso del Collège de France de 1975-1976.
- Achille Mbembe, “Necropolitics”, Public Culture 15, n.º 1 (2003): 11-40.
- Casa Blanca, “Withdrawing the United States from the World Health Organization” (20 de enero de 2025).
- Gobierno de Joe Biden, “National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness” (21 de enero de 2021).
- Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, “Remarks at the 58th plenary meeting of the General Assembly” (4 de marzo de 2025), declaración de rechazo de la Agenda 2030 y los ODS.
Fuentes secundarias y estudios científicos
- Marco Vergano et al., “Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances”, Critical Care 24, 165 (2020).
- OCDE, “The Economics of Patient Safety, Part III: Long-Term Care” (2020).
- Elizabeth J. Williamson et al., “Risks of COVID-19 hospital admission and death for people with learning disability”, The BMJ 374 (2021): n1592.
- Matthew L. Bosworth et al., “Deaths involving COVID-19 by self-reported disability status during the first two waves in England”, The Lancet Public Health 6, n.º 11 (2021): e817-e825.
- John Rueda, “Ageism in the COVID-19 pandemic: age-based discrimination in triage decisions and beyond” (2021).
- Tony Sandset, “The necropolitics of COVID-19: race, class and slow death in an ongoing pandemic”, Global Public Health 16, n.º 8-9 (2021).
- Carolyn M. Rouse, “Necropolitics versus biopolitics: spatialization, white privilege, and visibility during a pandemic” (2021).
- Vera Ylinen, “Biopolitical governance in the COVID-19 era: the biopolitics of bare life in services for older people”, International Journal of Care and Caring 10, n.º 2 (2026): 376-393.
- Anna Rouw et al., “COVAX and the United States”, KFF (18 de febrero de 2021).
- Edith M. Lederer, “In 2015, Obama committed the US to achieving UN global goals by 2030. Trump just rejected the goals”, Associated Press (7 de marzo de 2025).