De la investigación financiada al brazo del paciente: cómo una alianza público-privada organizó el circuito global
Necropolítica, salud global y transformación de la persona · Entrada 2 de 12 · Mario Oliva Mancia
La arquitectura mundial de vacunación fue el segundo acto del acontecimiento COVID-19, no una historia independiente. CEPI financió riesgo tecnológico; la OMS definió estándares, recomendaciones y listados de emergencia; Gavi administró fondos y contratos; UNICEF y la OPS organizaron compras y distribución; los Estados autorizaron, endeudaron, certificaron y aplicaron. La velocidad fue selectiva: la evaluación internacional describió una alerta lenta y a febrero de 2020 como un mes perdido, mientras ACT-A pudo constituirse el 24 de abril y conectar en pocas semanas filantropía, banca multilateral, industria, expertos y gobiernos. Esta diferencia no demuestra que la red causara la pandemia ni que toda vacuna fuera un instrumento de exterminio. Demuestra algo políticamente grave: el sistema organizó con mayor eficacia el producto, la compra y la cobertura poblacional que la alerta, el tratamiento y la atribución de responsabilidades. Ésa es la forma contemporánea del higienismo de población: el cuerpo singular desaparece dentro de metas agregadas y la obediencia sanitaria puede contarse mejor que el daño, la duda o la reparación.
La pregunta no es solamente quién vacunó, sino quién construyó el circuito
La velocidad institucional fue selectiva. El genoma viral circulaba desde el 10 de enero de 2020, pero la evaluación internacional describió la alerta y la respuesta como demasiado lentas y llamó a febrero un mes perdido. En cambio, el 24 de abril —apenas tres meses después de declarada la emergencia internacional— la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates lanzaron el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19, ACT-A. La comparación no demuestra que la alianza causara el retraso; sí obliga a explicar por qué la arquitectura financiera y tecnológica logró integrarse con mayor rapidez que la advertencia y la orientación clínica inicial.
La propia OMS lo definió con precisión: ACT-A era un marco de colaboración, no una nueva organización internacional, un gobierno mundial ni un órgano centralizado con capacidad jurídica para ordenar a todos los Estados. Reunió, sin embargo, a organismos públicos, fundaciones filantrópicas, bancos multilaterales, alianzas público-privadas, expertos y empresas capaces de intervenir en toda la cadena sanitaria.
COVAX fue su pilar de vacunas.
La distinción es decisiva. Buscar un único “dueño” conduce a una simplificación que la documentación no sostiene. Pero concluir que, por no existir dueño único, tampoco existió concentración de poder sería igualmente falso.
El poder de COVAX no residió en una sola cúspide, sino en la capacidad de conectar financiación, conocimiento experto, aprobación regulatoria, contratos, logística y ejecución estatal.
La arquitectura fue reticular. Precisamente por eso pudo extenderse con rapidez y hacer difícil determinar quién respondía por cada decisión.
La cadena real de poder
| Actor | Función formal | Recurso decisivo | Límite real |
|---|---|---|---|
| OMS | Normas, recomendaciones, listado de uso de emergencia, seguridad y criterios de asignación | Autoridad técnica y legitimación internacional | No autorizaba por sí sola el uso nacional ni podía obligar a los Estados a participar |
| CEPI | Financiación de investigación, plataformas y fabricación anticipada | Capital de riesgo científico y selección de candidatos | No compraba ni administraba por sí sola las campañas nacionales |
| Gavi | Administración jurídica de COVAX, recaudación, cartera, contratos y compras anticipadas | Fondos, poder de compra y relación contractual con fabricantes | Dependía de donantes, oferta industrial y cooperación estatal |
| UNICEF y OPS | Adquisición, transporte, cadena de frío, dispositivos y apoyo logístico | Capacidad mundial de compra y distribución | Dependían de suministro, preparación y aceptación de cada país |
| Banco Mundial | Préstamos y ayudas para compra y despliegue | Crédito, condicionalidad financiera y apoyo presupuestario | Los proyectos requerían acuerdo y ejecución gubernamental |
| Fabricantes | Desarrollo, producción y entrega | Propiedad intelectual, capacidad industrial, datos y contratos | Dependían de autorizaciones, compras públicas y aceptación social |
| Estados | Autorización nacional, contratación, priorización y aplicación | Coerción jurídica, presupuesto, personal sanitario y registros | Podían resistir el multilateralismo, pero no escapar fácilmente de la escasez ni de los mercados globales |
| Personas | Receptoras de la intervención | Cuerpo, consentimiento y confianza | Soportaban el beneficio esperado y el riesgo corporal residual |
Esta tabla impide confundir influencia con soberanía. La OMS no inyectó vacunas; Gavi no promulgó mandatos nacionales; Gates no firmó las autorizaciones sanitarias de cada país. Pero sin la concatenación de todos estos actores, el despliegue mundial no habría alcanzado la escala que alcanzó.
La infraestructura existía antes de la COVID-19
Gavi: capital fundador y mercado organizado
Gavi nació en 2000 como una alianza público-privada destinada a ampliar el acceso de los países pobres a vacunas nuevas y subutilizadas. Su capital inicial fue extraordinario: en 1999, la Fundación Bill y Melinda Gates comprometió US$750 millones durante cinco años para el nuevo Fondo Mundial para Vacunas Infantiles. Gavi reconoce que ese dinero actuó como capital semilla.
La importancia del hecho no consiste solamente en el monto. La Fundación Gates obtuvo un asiento permanente en la Junta de Gavi y, para 2026, sus compromisos acumulados con la alianza superaban los US$4.000 millones.
La Junta actual de Gavi reúne representantes de gobiernos donantes y ejecutores, OMS, UNICEF, Banco Mundial, industria, sociedad civil, academia, Fundación Gates y miembros independientes. Durante COVAX, la Junta de Gavi tuvo la responsabilidad última sobre el funcionamiento de la Facilidad porque Gavi era su administrador jurídico.
Esto demuestra una conexión institucional de alto nivel:
Una fundación privada no compró la soberanía de los Estados, pero adquirió presencia permanente dentro del órgano que gobernaba el principal mecanismo mundial de compra de vacunas.
CEPI: asegurar la tecnología antes de la emergencia
La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias —CEPI— fue lanzada en Davos en enero de 2017, después del fracaso internacional frente al ébola de África occidental. Sus fundadores fueron los gobiernos de Noruega e India, la Fundación Gates, Wellcome y el Foro Económico Mundial.
CEPI fue constituida como organización sin fines de lucro bajo derecho noruego. Su función consistía en financiar vacunas contra amenazas epidémicas conocidas y plataformas capaces de responder a un patógeno todavía desconocido. No era una empresa farmacéutica, pero reducía el riesgo que normalmente disuade a las empresas de invertir en productos para brotes inciertos.
Durante la COVID-19, CEPI:
- financió una cartera diversificada de candidatos y plataformas;
- apoyó investigación preclínica y clínica;
- financió capacidad de fabricación antes de conocerse el resultado final;
- coordinó equipos técnicos con la OMS, la Fundación Gates, fabricantes y expertos;
- aseguró derechos de primera opción sobre grandes volúmenes para la cartera COVAX.
Aquí aparece el primer eslabón de la fórmula general de esta investigación: capital filantrópico y público absorbieron parte del riesgo temprano para acelerar productos que después ingresarían en mercados financiados principalmente por los Estados.
De ACT-A a COVAX: una alianza sin constitución única
ACT-A incorporó a la OMS, CEPI, Gavi, UNICEF, Banco Mundial, Fondo Mundial, Unitaid, FIND, Wellcome y Fundación Gates, entre otros. La estructura no tenía personalidad jurídica única ni un parlamento propio. Cada organización conservó su Junta, normas, contratos y sistemas de rendición de cuentas.
La flexibilidad facilitó una respuesta rápida. También generó un problema:
Había numerosos centros con poder para decidir, pero ningún centro único obligado a responder por el conjunto.
La evaluación externa encargada por el propio Consejo de Facilitación de ACT-A concluyó en 2022 que se trataba de un mecanismo voluntario e informal, no de una nueva entidad jurídica centralizada. Solamente el 38 % de los encuestados consideró que el modelo había promovido suficientemente la rendición de cuentas; el 48 % estuvo en desacuerdo. La evaluación identificó centros múltiples de decisión, transparencia desigual y participación insuficiente de países de ingresos bajos y medianos.
Esta constatación proviene de una evaluación institucional, no de un autor situado fuera del sistema.
La ventaja y la debilidad fueron la misma: velocidad sin arquitectura constitucional completa.
Qué hacía exactamente cada institución
OMS: el poder normativo
La OMS no sustituyó formalmente a las autoridades regulatorias nacionales. Su poder fue distinto y, en muchos casos, más sutil.
Mediante el Listado de Uso en Emergencias —EUL—, evaluó productos todavía no plenamente licenciados con base en un conjunto esencial de datos de calidad, seguridad y eficacia. La inclusión en ese listado era requisito para el suministro mediante COVAX y permitía a los países acelerar o apoyar sus propias decisiones regulatorias.
La OMS también:
- elaboró perfiles de producto;
- coordinó técnicamente investigación y regulación;
- formuló recomendaciones mediante el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización —SAGE—;
- estableció criterios de priorización;
- apoyó vigilancia de seguridad;
- produjo orientaciones para la preparación y aplicación nacional;
- diseñó, en nombre de los socios, el programa internacional de compensación sin culpa.
Las recomendaciones de SAGE, una vez aprobadas por el director general de la OMS, se convertían en política oficial del organismo y guiaban a los socios de COVAX.
Por tanto, el poder de la OMS no fue principalmente presupuestario. Fue epistémico y normativo: definía qué producto era internacionalmente utilizable, qué evidencia se consideraba suficiente, qué grupos debían priorizarse y qué marco técnico seguirían organismos y gobiernos.
CEPI: seleccionar y financiar posibilidades
CEPI intervenía antes de que existiera un producto terminado. Financiaba candidatos, plataformas y capacidad industrial “a riesgo”: se invertía aun sabiendo que algunos proyectos fracasarían.
Ese modelo tenía una justificación sanitaria evidente. Esperar a que cada candidato completara todas las etapas antes de invertir en fabricación habría costado tiempo y vidas.
Pero también confería poder de selección. Quien decide qué plataformas reciben capital temprano influye sobre cuáles tecnologías llegarán a ensayos, aprobación y mercado. Los documentos de COVAX muestran que comités relacionados con investigación y fabricación incorporaron personal de CEPI, Gavi, OMS, Fundación Gates, expertos industriales y dirigentes de salud global.
CEPI adoptó una política de acceso equitativo que contemplaba precios diferenciados, acceso a datos, licencias de salud pública y compromisos de disponibilidad. Una revisión independiente encargada por CEPI encontró avances reales. También señaló que no toda la transparencia prometida se traducía automáticamente en publicación completa de contratos, materiales o condiciones de propiedad intelectual.
La conclusión no debe exagerarse:
- CEPI procuró introducir obligaciones de acceso;
- los fabricantes conservaron un poder considerable sobre propiedad intelectual, conocimiento industrial y producción;
- los textos públicos no permiten afirmar que toda tecnología financiada con fondos colectivos se convirtiera en bien de dominio público.
Gavi: donde el dinero se convertía en contrato
Gavi diseñó y administró la Facilidad COVAX, alojó su oficina, recaudó fondos, gestionó relaciones jurídicas con participantes y donantes y negoció acuerdos de compra anticipada con fabricantes.
La Facilidad tuvo dos grandes vías:
- participantes autofinanciados, principalmente países de ingresos altos y medios que compraban acceso a una cartera diversificada;
- COVAX Advance Market Commitment —AMC—, financiado por donantes para 92 economías de menores ingresos.
Gavi recaudó más de US$12.000 millones para el AMC. Ese dinero permitía garantizar volúmenes, firmar compras anticipadas y ofrecer dosis sin costo a los países elegibles.
La Junta de Gavi ejercía supervisión general. Un subcomité para decisiones sensibles de mercado aprobaba términos comercialmente delicados y acuerdos vinculantes con fabricantes. En él participaban Gavi, OMS, UNICEF, Banco Mundial, Fundación Gates, gobiernos donantes y sociedad civil.
Aquí el poder dejó de ser discurso y se convirtió en obligación contractual.
UNICEF y OPS: convertir acuerdos en cajas, viales y cadenas de frío
UNICEF ya era, antes de la pandemia, el mayor comprador individual de vacunas del mundo y adquiría más de 2.000 millones de dosis anuales para programas ordinarios y brotes.
Dentro de COVAX coordinó:
- órdenes de compra;
- relación logística con fabricantes;
- transporte hasta el país receptor;
- jeringas y dispositivos;
- cadena de frío y ultrafrío;
- datos de entrega;
- apoyo para la aplicación nacional.
En las Américas, el Fondo Rotatorio de la OPS actuó como agente reconocido de adquisición. El último tramo correspondía a ministerios, sistemas de salud, profesionales y gobiernos nacionales.
La cadena mundial terminaba siempre en una decisión local y en un acto clínico concreto.
¿Quién pagó realmente?
La respuesta documental corrige dos relatos opuestos.
No es cierto que la Fundación Gates financiara por sí sola la respuesta mundial. Tampoco es cierto que fuera una fundación marginal sin capacidad para orientar instituciones.
Para octubre de 2022, ACT-A había recibido aproximadamente US$23.700 millones. La distribución general registrada por la OMS mostraba:
| Aportante | Porcentaje del financiamiento de ACT-A |
|---|---|
| Estados Unidos | 31,6 % |
| Alemania | 16,5 % |
| Japón | 7,5 % |
| Canadá | 6,2 % |
| Reino Unido | 5,1 % |
| Comisión Europea | 5,1 % |
| Fundación Bill y Melinda Gates | 1,9 % |
| Gates Philanthropy Partners | 0,5 % |
Estos porcentajes corresponden a ACT-A en su conjunto, no solamente a COVAX. Pero revelan la estructura fundamental: el grueso del dinero provenía de gobiernos y contribuyentes.
¿Dónde residió entonces la influencia privada?
- en aportar capital fundador antes que los Estados;
- en crear o sostener instituciones especializadas;
- en ocupar asientos permanentes y comités;
- en financiar expertos, modelos y plataformas;
- en actuar como convocante entre gobierno, industria y organismos multilaterales;
- en mantener prioridades durante ciclos políticos cambiantes.
Éste es el significado del capital catalítico: una cantidad privada relativamente pequeña puede abrir el canal institucional por el cual después circulan cantidades públicas mucho mayores.
La fórmula más exacta es:
El contribuyente financió la mayor parte del despliegue; determinadas fundaciones ayudaron a diseñar, conectar y orientar los mecanismos que transformaron ese dinero en programas.
Eso es influencia estructural. No equivale a propiedad jurídica ni demuestra obediencia automática de los gobiernos.
La promesa de equidad y el poder que COVAX no poseía
La intención inicial fue evitar que la riqueza nacional decidiera quién recibiría primero las vacunas. El marco de asignación de la OMS propuso una primera fase proporcional hasta alcanzar cobertura equivalente al 20 % de la población de cada país participante, priorizando sanitarios y personas con mayor riesgo. Si persistía la escasez, una segunda fase ponderaría amenaza y vulnerabilidad.
COVAX aspiraba a disponer de 2.000 millones de dosis antes de finalizar 2021.
No alcanzó esa meta en el plazo previsto. Para finales de 2021 había distribuido cerca de 1.000 millones de dosis. La razón principal no fue que COVAX careciera de diseño técnico, sino que carecía de soberanía sobre el mercado mundial.
Los países ricos:
- firmaron compras bilaterales anticipadas;
- reservaron producción para sus propias poblaciones;
- acumularon carteras suficientes para cubrirlas varias veces;
- impusieron o padecieron restricciones de exportación;
- donaron después parte de sus excedentes.
Los fabricantes conservaron el control de capacidad industrial, plazos, conocimiento productivo y propiedad intelectual. COVAX debía competir o negociar dentro de ese mismo mercado.
La evaluación externa de ACT-A reconoció que, a finales de 2021, mientras muchos países ricos alcanzaban coberturas del 70 % o más, numerosos países pobres apenas habían llegado al 10 %. Una evaluación final publicada en 2025 concluyó que la mayoría de las primeras 11.000 millones de dosis mundiales fue administrada en países de ingresos altos y que la falta de transferencia tecnológica y la concentración productiva fueron obstáculos centrales.
Sin embargo, sería falso afirmar que COVAX no consiguió nada.
Al cerrarse el 31 de diciembre de 2023:
- había enviado aproximadamente 1.980 millones de dosis;
- había alcanzado 146 economías;
- cerca del 90 % de sus dosis se había dirigido a economías de menores ingresos;
- alrededor de 1.770 millones se entregaron gratuitamente a 87 países apoyados por el AMC;
- los socios estimaron 2,7 millones de muertes evitadas en las economías AMC;
- la cobertura con esquema primario completo en esos países llegó aproximadamente al 57 %, frente a un promedio mundial de 67 %.
La lectura rigurosa exige sostener ambas cosas:
Las cifras de impacto difundidas por COVAX y sus socios proceden de modelos contrafactuales construidos o promovidos por instituciones vinculadas al propio mecanismo. Constituyen evidencia útil, pero no una auditoría independiente ni una absolución del diseño. La distribución pudo reducir muertes, sobre todo en grupos de alto riesgo, y al mismo tiempo trasladar a pacientes y Estados incertidumbre, coerción, obligaciones jurídicas y daños insuficientemente reparados.
La farmacovigilancia confirmó que estas vacunas no eran inocuas y que el riesgo no se distribuía de manera uniforme. La FDA informó en 2025 que, tras las formulaciones de ARNm de 2023-2024, la incidencia no ajustada estimada de miocarditis o pericarditis durante los siete días posteriores fue de aproximadamente 8 casos por millón de dosis entre personas de 6 meses a 64 años y de 27 por millón entre varones de 12 a 24 años. Son acontecimientos infrecuentes, pero reales y éticamente decisivos cuando una política prescinde de edad, sexo, riesgo previo, dosis e intervalo. Al mismo tiempo, una cohorte francesa de cerca de 28 millones de adultos, seguida durante cuatro años, no encontró aumento de mortalidad por todas las causas entre quienes recibieron vacunas de ARNm. Por tanto, la evidencia autoriza a denunciar daños graves, indicaciones desproporcionadas y coerción; no autoriza a presentar como hecho demostrado un incremento global de mortalidad causado por la vacunación.
Su fracaso parcial revela el límite del multilateralismo voluntario: podía distribuir solidaridad, pero no expropiar nacionalismo, patentes ni capacidad industrial.
Indemnidad y compensación: quién cargó con el riesgo jurídico
La arquitectura no se ocupó únicamente de desarrollar y comprar. También distribuyó responsabilidad legal.
Los fabricantes exigieron acuerdos de indemnidad como condición para entregar productos durante la emergencia. Gavi informó que los participantes debían firmar los acuerdos correspondientes con cada fabricante para recibir dosis mediante COVAX.
Para evitar que los países pobres quedaran paralizados ante ese riesgo, OMS y Gavi construyeron el Programa de Compensación sin Culpa de COVAX, primer mecanismo internacional de esta naturaleza. Cubría a personas de economías AMC que sufrieran determinados eventos adversos graves asociados con una vacuna distribuida por COVAX, cuando produjeran discapacidad permanente o muerte. El programa se financió mediante un pequeño gravamen sobre las dosis y operó con un administrador de reclamaciones y una aseguradora.
Su existencia no demuestra que las vacunas fueran deliberadamente dañinas. Todo producto médico eficaz puede producir efectos adversos infrecuentes, y una compensación rápida puede ser más justa que obligar a una familia a sostener años de litigio.
Pero tampoco es un detalle administrativo irrelevante.
La indemnidad muestra que, antes de la aplicación masiva, los participantes sabían que existía un riesgo residual y negociaron quién debía absorberlo. La respuesta institucional fue:
- proteger parcialmente a fabricantes frente a litigios;
- trasladar obligaciones a Estados y mecanismos colectivos;
- ofrecer compensación limitada a la persona lesionada.
La asimetría alcanzó al último eslabón. Mientras fabricantes y Estados negociaban indemnidades y vías especiales de compensación, al vacunado se le exigía firmar un consentimiento informado. Esa firma no extinguía automáticamente la responsabilidad de la empresa, del Estado ni del personal sanitario; tampoco demostraba por sí sola que la decisión hubiera sido libre y suficientemente informada. Planteaba, sin embargo, una inversión difícil de ignorar: el ciudadano dejaba constancia individual de aceptación, mientras la responsabilidad institucional se distribuía entre contratos, inmunidades y mecanismos administrativos.
En términos biopolíticos, la misma red que distribuía beneficios poblacionales diseñaba simultáneamente la distribución del riesgo financiero y corporal.
La pregunta ética es inevitable:
¿Recibió la persona información suficiente, libertad proporcional y una vía efectiva de reparación, o fue tratada solamente como unidad dentro de una meta de cobertura?
Trump y Biden demuestran que la arquitectura no era monolítica
La existencia de una red mundial no significa que todos los gobiernos compartieran su finalidad política.
Donald Trump impulsó Operation Warp Speed. Para el 15 de octubre de 2020, el Gobierno federal había comprometido más de US$10.000 millones en seis candidatos vacunales para desarrollo o fabricación; Trump presentó la vacunación rápida como logro nacional. Su orden de diciembre de 2020 priorizó el acceso de los estadounidenses a vacunas adquiridas con recursos federales.
Pero su Gobierno:
- no incorporó a Estados Unidos a COVAX;
- inició la retirada de la OMS;
- privilegió una arquitectura nacional de tecnología, industria y soberanía.
El Congreso incluyó US$4.000 millones para Gavi en el paquete presupuestario que Trump promulgó al finalizar 2020. Esa firma generó responsabilidad jurídica, pero no convirtió a Trump en promotor de COVAX.
Joe Biden decidió el giro político. Su estrategia del 21 de enero de 2021 ordenó expresamente ingresar en COVAX y restablecer la cooperación multilateral. Fue su Gobierno el que convirtió la asignación aprobada por el Congreso en liderazgo internacional dentro de la Facilidad.
La distinción debe permanecer:
Trump participó intensamente en la matriz tecnológica y farmacéutica, pero resistió la matriz multilateral. Biden integró ambas.
Por eso la arquitectura mundial debe representarse como un campo de fuerzas, no como una pirámide ideológica sin fisuras. Los mismos fabricantes y tecnologías podían servir a un programa soberanista nacional o a un proyecto de gobernanza global. Compartir instrumentos no significa compartir cosmovisión.
Agenda 2030: conexión programática, no prueba de planificación
La Agenda 2030 incluyó desde 2015 objetivos explícitos sobre investigación, acceso y cobertura de vacunas. La meta 3.b pidió apoyar el desarrollo de medicamentos y vacunas para enfermedades que afectan a países pobres; la meta 3.8 incorporó el acceso a vacunas seguras, eficaces, de calidad y asequibles dentro de la cobertura sanitaria universal.
La Agenda de Inmunización 2030, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2020, organizó una visión para 2021-2030 basada en cobertura, datos, equidad, alianzas y vacunación durante todo el curso de vida.
COVAX fue compatible con ese lenguaje y después alimentó la infraestructura de preparación para futuras pandemias. Sus propias normas de 2022 contemplaban que algunas capacidades fueran integradas en programas nacionales, regionales y mundiales de preparación y respuesta.
La documentación permite afirmar lo siguiente:
- existía antes de la vacunación masiva un programa internacional explícito de expansión y medición de la inmunización;
- COVAX fue incorporado coherentemente a ese marco;
- sus aprendizajes están siendo utilizados para diseñar respuestas futuras.
Lo no demostrado es que la Agenda 2030 pruebe que la pandemia fue planificada en 2015.
Confundir compatibilidad programática con causalidad criminal debilitaría la investigación. La pregunta legítima es otra: cómo una emergencia permitió acelerar instituciones, métricas y alianzas que ya formaban parte de la estrategia sanitaria mundial.
Juicio desde la antropología cristiana
Una crítica cristiana seria no puede reducirse a estar “a favor” o “en contra” de las vacunas.
La vacunación puede ser un instrumento auténtico del bien común, especialmente cuando protege al débil, al anciano, al inmunodeprimido y al pobre. Negar de manera general la historia sanitaria de las vacunas sería contrario a la evidencia y a la obligación moral de cuidar la vida.
Pero el bien común no es la suma estadística de coberturas. Es el bien de personas concretas.
La Congregación para la Doctrina de la Fe sostuvo en diciembre de 2020 que la vacunación no constituye, como regla general, una obligación moral y que debe ser voluntaria, aunque el bien común pueda recomendarla para proteger a los más vulnerables. La Comisión Vaticana COVID-19 reclamó al mismo tiempo acceso universal, distribución justa, transparencia, vigilancia y responsabilidad.
Estos principios permiten juzgar toda la cadena:
- solidaridad: que la pobreza no excluya del beneficio;
- subsidiariedad: que los organismos internacionales apoyen, no absorban, la responsabilidad nacional y clínica;
- consentimiento: que la urgencia no convierta a la persona en objeto administrado;
- verdad: que incertidumbres, beneficios y riesgos se comuniquen sin propaganda;
- justicia: que quien sufra un daño tenga reparación real;
- responsabilidad: que la complejidad institucional no sirva para que nadie responda;
- ética de la investigación: que el desarrollo y producción respeten la vida humana desde la concepción y ofrezcan alternativas moralmente irreprochables.
La persona no puede ser reducida a “dosis aplicada”, “porcentaje alcanzado” o “riesgo aceptable”. Una cifra poblacional puede orientar la política, pero nunca agota el valor de quien recibe la intervención.
La arquitectura bajo examen
La documentación ya permite reconstruir el circuito; lo que falta es establecer hasta dónde llegaron las condiciones contractuales y la responsabilidad de cada actor.
| Nivel probatorio | Conclusión |
|---|---|
| Hecho documentado | OMS, CEPI, Gavi, UNICEF, OPS, Banco Mundial, gobiernos, fundaciones y fabricantes cumplieron funciones distintas pero conectadas en COVAX. |
| Hecho documentado | El dinero de ACT-A fue predominantemente público; la Fundación Gates aportó capital fundador a Gavi y mantuvo un asiento permanente en su Junta. |
| Hecho documentado | Gavi administró jurídicamente la Facilidad y negoció contratos; la OMS proporcionó normas y listado de emergencia; CEPI financió desarrollo; UNICEF y OPS ejecutaron adquisiciones y logística. |
| Hecho documentado | COVAX no alcanzó su meta inicial en 2021, pero terminó distribuyendo casi 2.000 millones de dosis y redujo parcialmente la desigualdad de acceso. |
| Inferencia razonada | La alianza público-privada convirtió capital relativamente pequeño, conocimiento especializado y acceso institucional en capacidad para orientar grandes flujos públicos. |
| Convergencia probatoria | Financiación pública, propiedad privada, selección tecnocrática, indemnidad contractual, consentimiento individual y reparación limitada formaron un mismo circuito de distribución desigual del poder y del riesgo. |
| Hipótesis abierta y crecientemente plausible | La arquitectura puede describirse como necropolítica cuando concentra decisión y protección institucional, mientras traslada incertidumbre y daño corporal al individuo. El grado de coordinación debe reconstruirse contrato por contrato. |
| Límite de la prueba | No existe base documental para afirmar que una sola fundación poseyó COVAX ni que la Agenda 2030 demuestre por sí misma planificación anticipada de la pandemia. |
La red y su responsabilidad
COVAX fue un mecanismo sanitario de escala inédita y, al mismo tiempo, un acontecimiento político que debe juzgarse por separado en sus dimensiones logística, clínica, jurídica y antropológica.
Su logro comprobable fue logístico: organizó una operación multinacional de compra y distribución sin precedentes por su escala y redujo parcialmente la exclusión material de países pobres. Sus propios socios estimaron mediante modelos contrafactuales que la vacunación evitó millones de muertes; esa estimación no es un conteo observable, no atribuye el mismo beneficio a todas las edades y no resuelve por sí sola la seguridad de cada plataforma, dosis o indicación. Tampoco borra los acontecimientos adversos, la coerción, la opacidad contractual ni la dificultad de reparación. Capacidad de distribución y beneficio clínico no son sinónimos.
Al mismo tiempo, consolidó una forma híbrida de gobierno en la que:
- la filantropía aportó capital fundador y acceso;
- la tecnocracia seleccionó productos, evidencias y prioridades;
- los Estados aportaron la mayor parte del dinero;
- Gavi transformó financiación en contratos;
- la OMS transformó conocimiento en norma;
- UNICEF y OPS transformaron contratos en suministro;
- los gobiernos transformaron orientaciones en campañas;
- y la persona recibió tanto la protección esperada como el riesgo residual.
No fue un gobierno mundial omnipotente. Fue algo más complejo: una infraestructura capaz de gobernar sin reunir todo el poder en una sola institución.
Esa estructura tuvo adversarios y límites. Trump demostró que un Estado poderoso podía participar en la tecnología vacunal y, al mismo tiempo, rechazar COVAX y la subordinación a la OMS. Los países ricos demostraron que la soberanía y el interés nacional podían imponerse al reparto equitativo. Los fabricantes demostraron que la propiedad intelectual y la capacidad productiva seguían siendo centros de poder.
La hipótesis de esta investigación puede formularse así:
El capital reduce la incertidumbre; la tecnocracia define lo admisible; el contrato organiza el mercado; el Estado ejecuta; y la persona recibe el beneficio mientras soporta el riesgo corporal que ninguna estadística puede vivir por ella.
Esa arquitectura alcanzó finalmente la consulta, el hospital y la conciencia profesional:
el desplazamiento del médico por el protocolo.
Fuentes primarias y documentos institucionales
- Organización Mundial de la Salud, “ACT-Accelerator FAQ”, sobre naturaleza, lanzamiento y participantes de ACT-A.
- Organización Mundial de la Salud, “COVID-19 ACT Accelerator launch” (24 de abril de 2020), transcripción del acto de lanzamiento.
- Organización Mundial de la Salud, “COVAX: the Vaccines Pillar of ACT-A — Structure and Principles” (diciembre de 2022).
- Organización Mundial de la Salud, “Emergency Use Listing Procedure”, procedimiento y finalidad del listado de uso en emergencias.
- Organización Mundial de la Salud, “WHO validates Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use” (1 de junio de 2021), sobre el EUL como requisito para COVAX.
- Organización Mundial de la Salud, “Fair allocation mechanism for COVID-19 vaccines through the COVAX Facility” (9 de septiembre de 2020).
- Organización Mundial de la Salud, “WHO SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of COVID-19 Vaccines” (2020).
- Gavi, “COVAX Facility”, administración, financiación, gobernanza y resultados.
- Gavi, “Gavi Board composition” y “Board members”.
- Gavi, “Gates Foundation”, capital semilla, compromisos acumulados y asiento permanente.
- Fundación Bill y Melinda Gates, “Bill & Melinda Gates Foundation Announces $750 Million Global Alliance for Vaccines and Immunization” (1999).
- CEPI, “About CEPI” y “Our Investors”, origen, misión y fundadores.
- CEPI, “Business Plan 2019-2022”, antecedentes, estructura y estrategia.
- CEPI, “2020 Annual Progress Report”, cartera COVAX y derechos de acceso.
- O’Neill Institute–CEPI, “Equitable Access Review of CEPI’s COVID-19 Vaccine Development Agreements” (2022).
- UNICEF, “UNICEF to lead procurement and supply of COVID-19 vaccines” (3 de septiembre de 2020).
- OMS, Gavi, CEPI y UNICEF, “COVID-19 vaccinations shift to regular immunisation as COVAX draws to a close” (19 de diciembre de 2023).
- Organización Mundial de la Salud, “COVAX No-Fault Compensation Program: Explained”.
- Gavi, “COVAX statement on WHO Emergency Use Listing for AstraZeneca/Oxford” (16 de febrero de 2021), sobre indemnidad.
- Banco Mundial, “World Bank Approves $12 Billion for COVID-19 Vaccines” (13 de octubre de 2020).
- Organización Mundial de la Salud, “Access to COVID-19 Tools funding commitment tracker” (actualización de 1 de junio de 2023).
- Consejo de Facilitación de ACT-A, “12th ACT-A Facilitation Council — Presentations” (28 de octubre de 2022), desglose de los US$23.700 millones recibidos.
- Naciones Unidas, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 3” y “Transforming our world: the 2030 Agenda”.
- Organización Mundial de la Salud, “Immunization Agenda 2030” (2020).
- Congregación para la Doctrina de la Fe, “Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines” (21 de diciembre de 2020).
- Comisión Vaticana COVID-19 y Pontificia Academia para la Vida, “Vaccine for all: 20 points for a fairer and healthier world” (29 de diciembre de 2020).
- Casa Blanca de Donald Trump, “President Donald J. Trump’s Effort to Provide Americans With a Safe and Effective Vaccine Is Delivering Results” (8 de diciembre de 2020).
- Government Accountability Office de Estados Unidos, “COVID-19: Federal Efforts Accelerate Vaccine and Therapeutic Development, but More Transparency Needed on Emergency Use Authorizations” (17 de noviembre de 2020), obligaciones superiores a US$10.000 millones para seis candidatos vacunales.
- Gobierno de Joe Biden, “National Strategy for the COVID-19 Response and Pandemic Preparedness” (21 de enero de 2021).
Evaluaciones oficiales y estudios secundarios
- Open Consultants para el Consejo de Facilitación ACT-A, “External Evaluation of the Access to COVID-19 Tools Accelerator” (2022).
- OMS, Gavi y UNICEF, “Evaluation of COVAX Facility and AMC and COVAX Delivery Pillar” (informe final, 2025).
- Suerie Moon et al., “Governing the Access to COVID-19 Tools Accelerator: towards greater participation, transparency, and accountability”, The Lancet 399 (2022): 487-494.
- Katerini T. Storeng, Antoine de Bengy Puyvallée y Felix Stein, “COVAX and the rise of the ‘super public private partnership’ for global health”, Global Public Health 18 (2023): 1987502.
- Felix Stein, “Risky business: COVAX and the financialization of global vaccine equity”, Globalization and Health 17, 112 (2021).
- Ashita Pushkaran et al., “A critical analysis of COVAX alliance and corresponding global health governance and policy issues”, BMJ Global Health 8 (2023): e012168.
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