SIN TRABAJO — Entrada 13 de 16
Durante generaciones, estudiar fue presentado como camino de arraigo, ascenso y servicio. Sin embargo, cuando el país forma profesionales que no puede incorporar, el título puede transformarse en pasaporte de expulsión: una credencial que abre oportunidades fuera precisamente porque dentro no encuentra un lugar digno. El problema no es que el graduado decida emigrar. El problema es que la sociedad convierta la partida en la consecuencia más racional de haberse formado.
Cuando educar deja de significar arraigar
La educación superior contiene una promesa implícita. La familia sacrifica recursos, el estudiante entrega años de vida y el país sostiene universidades, hospitales docentes, bibliotecas, instituciones y sistemas de acreditación porque espera que esa formación se transforme en capacidad social. El graduado espera, a su vez, encontrar una trayectoria en la que pueda ejercer, aprender, ascender y construir una vida.
La ruptura aparece cuando esa promesa sólo puede cumplirse fuera del territorio. Entonces, aprender un idioma, obtener una certificación internacional, especializarse en un campo transferible o reunir experiencia deja de ser únicamente preparación profesional y se convierte también en preparación para partir. El título conserva valor, pero su valor más inmediato ya no consiste en participar en la construcción del país, sino en aumentar la posibilidad de ser aceptado por otra economía.
Esta transformación es más profunda que la llamada fuga de cerebros. Cambia la imaginación social. El joven deja de pensar la universidad como ingreso a una comunidad profesional nacional y comienza a verla como estación previa a la salida. La familia no pregunta sólo qué carrera permitirá vivir mejor, sino cuál permitirá emigrar con mayor seguridad, reconocimiento o salario.
Lo que puede afirmarse y lo que todavía no se mide
El Salvador no publica una tasa anual de emigración profesional desagregada por carrera, universidad, año de graduación, edad, destino y situación laboral posterior. Por eso, no puede afirmarse con rigor qué profesión emigra más ni calcular con precisión cuántos médicos, abogados, docentes, ingenieros, investigadores o técnicos abandona el país cada año.
El estudio presentado por FUNDAUNGO sobre intención de migrar, basado en el panel electoral 2018-2019, encontró que a finales de 2018 el 29.9 % de la población consultada expresaba intención de abandonar el país. Entre los jóvenes de 18 a 29 años la proporción alcanzaba aproximadamente el 40 %, y la intención era mayor entre personas con más escolaridad. El dato es relevante, pero debe interpretarse correctamente: mide intención, no salida efectiva, y corresponde a un periodo específico.
La ausencia de seguimiento profesional no es un detalle estadístico. Un país que desconoce cuántos graduados pierde tampoco puede calcular el costo de esa pérdida, identificar sus causas, reconocer profesiones críticas ni diseñar políticas de retorno, vinculación o retención. La ignorancia estadística se convierte en forma de renuncia política.
Los indicadores generales de migración ayudan a describir el contexto, pero no sustituyen esa información. El Banco Mundial reporta para El Salvador un saldo migratorio neto negativo estimado y remesas que representaron alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto en 2024. Estas cifras muestran la magnitud estructural del vínculo migratorio, pero no revelan qué conocimientos, experiencias o trayectorias profesionales acompañan a quienes salen.
Emigrar no es traicionar
La decisión de emigrar no debe tratarse como deslealtad. Quien busca seguridad, reunificación familiar, especialización, reconocimiento, estabilidad o mejores ingresos ejerce una libertad legítima. La persona no puede ser obligada moralmente a permanecer en un lugar que no le ofrece condiciones razonables para desarrollar su vocación y sostener a su familia.
La responsabilidad crítica debe dirigirse hacia las estructuras que convierten la salida en opción racional, no hacia quien intenta sobrevivir o progresar. Culpabilizar al migrante oculta la pregunta central: ¿por qué el país que lo formó no pudo ofrecerle una trayectoria suficientemente digna, estable o fértil?
La migración, además, puede producir bienes reales. Puede sostener hogares, financiar educación, abrir redes, facilitar transferencia de conocimientos, crear empresas y permitir especializaciones que no existen localmente. El problema no es el movimiento de las personas, sino una estructura incapaz de transformar ese movimiento en circulación de capacidades y beneficios compartidos.
La diferencia entre emigración profesional y fuga de capacidad
No todo profesional que emigra constituye automáticamente una pérdida definitiva. Puede estudiar y regresar; ejercer en otro país y mantener vínculos; enseñar a distancia; participar en investigaciones; invertir; asesorar instituciones; formar equipos; regresar temporalmente o crear oportunidades para otros salvadoreños.
La fuga de capacidad ocurre cuando el conocimiento deja de producir beneficios duraderos para la comunidad que contribuyó a formarlo. Esto puede suceder por salida permanente, pero también por ausencia de vínculos, imposibilidad de retorno, falta de reconocimiento de experiencia o inexistencia de espacios donde aplicar lo aprendido.
La pregunta adecuada no es únicamente cuántos profesionales viven fuera, sino qué relación conservan con el país, qué conocimientos adquirieron, qué obstáculos encuentran para colaborar y qué posibilidades existen de convertir una diáspora dispersa en una red intelectual, científica y productiva.
La migración interior de la vocación
Existe una pérdida menos visible que la emigración territorial. El graduado permanece físicamente en el país, pero abandona el campo para el cual fue formado porque no encuentra plaza, salario, independencia ni posibilidades de desarrollo. El cuerpo no emigra; emigra la vocación.
El médico deja la clínica; el abogado se limita a tareas administrativas; el docente abandona el aula; el investigador se convierte en empleado rutinario; el ingeniero vende productos ajenos a su formación; el técnico desempeña funciones sin relación con sus competencias. No siempre se trata de una decisión libre. Puede ser la respuesta inevitable a un mercado incapaz de reconocer o utilizar el conocimiento.
Esta migración interior es especialmente grave porque permanece oculta en las estadísticas generales de empleo. La persona aparece como ocupada, aunque el país haya perdido la capacidad específica que invirtió años en formar. El título sigue existiendo; su función social ha desaparecido.
Por eso, medir desempleo no basta. Debe conocerse cuántos graduados trabajan en su área, con qué nivel de responsabilidad, bajo qué condiciones y cuánto de su formación utilizan realmente. Un país puede retener población y perder conocimiento al mismo tiempo.
La familia paga la formación; otra economía recibe el rendimiento
La formación profesional es una inversión acumulativa. Incluye matrícula, transporte, libros, vivienda, tiempo familiar, trabajo no remunerado, becas, infraestructura pública, hospitales docentes y años durante los cuales el estudiante todavía no genera ingresos plenos.
Cuando el profesional emigra de manera permanente porque no encontró espacio, otra economía recibe una capacidad que no financió íntegramente. El país de origen conserva parte del costo y pierde parte del rendimiento. Esta transferencia no invalida la libertad del individuo, pero sí obliga a examinar la responsabilidad de las instituciones que formaron sin planificar inserción, especialización ni carrera profesional.
La pérdida tampoco se limita a los profesionales de mayor renombre. Una nación se debilita cuando pierde cohortes completas de médicos generales, enfermeras, técnicos, docentes, administradores, investigadores jóvenes y mandos medios. Las instituciones no viven únicamente de figuras excepcionales; viven de continuidad, experiencia acumulada y equipos estables.
La paradoja de las remesas: sostener hogares sin sustituir instituciones
Las remesas cumplen una función decisiva. Financian alimentación, vivienda, educación, salud, pequeños negocios y emergencias familiares. El Banco Mundial estimó que las remesas recibidas equivalieron aproximadamente al 24.3 % del PIB salvadoreño en 2024. Esta magnitud demuestra que la diáspora sostiene una parte fundamental de la vida económica nacional.
Pero una remesa no sustituye automáticamente la presencia de un profesional. El dinero puede sostener el consumo de una familia; no reemplaza por sí solo al médico que atendía una comunidad, al docente que formaba estudiantes, al investigador que desarrollaba conocimiento, al técnico que mantenía una red o al director competente que fortalecía una institución.
Existe, por tanto, una paradoja. El país puede beneficiarse financieramente de la emigración y, al mismo tiempo, debilitarse institucionalmente por ella. Recibe ingresos que alivian necesidades inmediatas, pero puede perder las capacidades necesarias para superar la dependencia que hace indispensables esas mismas remesas.
La diáspora no debe reducirse a billetera externa. Está compuesta por personas, familias, conocimientos, experiencias y vínculos. Tratarla únicamente como fuente de divisas empobrece su significado y desperdicia su potencial intelectual.
El adelgazamiento silencioso de las instituciones
La emigración profesional no siempre produce un colapso visible. Con frecuencia genera un adelgazamiento gradual. Se pierde al joven que podía convertirse en especialista, al docente que podía formar una escuela, al técnico que conocía un sistema, al investigador que podía iniciar una línea de trabajo y al mando medio que sostenía la continuidad de una institución.
Las vacantes pueden cubrirse, pero la sustitución nominal no siempre reemplaza la experiencia. Una institución puede conservar su organigrama y perder memoria, mentoría, innovación y capacidad de dirección. El daño aparece años después, cuando no existen suficientes personas preparadas para asumir responsabilidades superiores.
Esta pérdida acumulativa ayuda a explicar por qué la calidad de una nación no depende únicamente del número de graduados. Depende de su permanencia, trayectoria, integración en equipos y posibilidad de transmitir lo aprendido. Formar sin retener ni vincular produce instituciones que comienzan siempre de nuevo.
Regresar tampoco es sencillo
El retorno suele presentarse como solución evidente: quien adquirió experiencia fuera debería volver y compartirla. Pero regresar puede implicar pérdida salarial, falta de plazas, trámites de reconocimiento, redes profesionales cerradas, ausencia de investigación, inseguridad contractual o resistencia institucional hacia quien propone prácticas diferentes.
Una política de retorno no puede limitarse a discursos patrióticos. Debe ofrecer concursos transparentes, reconocimiento de experiencia, homologación razonable, oportunidades de investigación, acceso a puestos por mérito y condiciones materiales compatibles con las responsabilidades asumidas.
La OIM, en Indicadores de Gobernanza de la Migración. Segundo Perfil 2023 — República de El Salvador, publicado en 2024, analiza la migración como un proceso que comprende salida, tránsito, destino, retorno y reintegración. Esa mirada es necesaria también para los profesionales: el retorno no termina en el aeropuerto; exige reinserción laboral, reconocimiento institucional y posibilidad real de contribuir.
La diáspora como red de conocimiento
No todos regresarán, ni deberían ser obligados a hacerlo. La política más realista consiste en construir vínculos múltiples. Un profesional en el exterior puede contribuir sin abandonar su vida mediante docencia virtual, mentoría, investigación conjunta, telemedicina, asesoría, inversión, estancias breves, redes empresariales y formación de equipos.
El Kit de herramientas para el mapeo de la diáspora de la OIM ofrece una base más precisa para esta tarea: propone identificar perfiles, capacidades, localización, vínculos y formas de participación de las comunidades en el exterior. Aplicado a los profesionales salvadoreños, esto permitiría crear directorios confiables, redes de mentoría, proyectos de investigación conjunta, programas de retorno temporal y mecanismos de transferencia de conocimiento.
Una diáspora profesional organizada puede ampliar el horizonte de universidades, hospitales, empresas y centros de investigación. Pero para que exista cooperación debe haber interlocutores locales competentes. No puede pedirse transferencia de conocimiento hacia instituciones que no ofrecen continuidad, transparencia ni capacidad de ejecución.
Derecho a partir y derecho real a poder quedarse
La doctrina social de la Iglesia reconoce la complejidad moral de la migración. El mensaje Libres de elegir si migrar o quedarse insiste en que la decisión debería ser verdaderamente libre y recuerda el derecho a no emigrar: el derecho a vivir con paz y dignidad en la propia patria.
Aplicado al profesional, esto significa que la libertad migratoria no se cumple plenamente cuando la persona sólo puede elegir entre abandonar su vocación o abandonar su país. La salida puede ser jurídicamente voluntaria y, sin embargo, estar condicionada por la falta de oportunidades, reconocimiento o seguridad.
El derecho a quedarse no significa que el Estado deba garantizar a cada graduado el puesto exacto que desea. Significa construir condiciones sociales en las que permanecer no implique renunciar de antemano al desarrollo profesional, la estabilidad familiar y la posibilidad de servir con dignidad.
Qué debería medir el país
El país necesita un sistema longitudinal de seguimiento de graduados y movilidad profesional. Con protección de datos y metodología pública, debería registrar:
- residencia de los graduados a uno, tres, cinco y diez años;
- profesión ejercida y correspondencia con la carrera estudiada;
- país y sector de destino;
- motivos principales de salida;
- nivel ocupacional alcanzado y posibles situaciones de sobrecalificación;
- especializaciones obtenidas en el exterior;
- intención de retorno temporal o permanente;
- obstáculos para regresar o colaborar;
- reconocimiento de títulos, certificaciones y experiencia;
- participación en redes de mentoría, investigación, docencia e inversión;
- migración interior de la vocación entre quienes permanecen;
- vacantes críticas y pérdida de personal en instituciones estratégicas.
Esta información no debe utilizarse para controlar al graduado ni exigirle gratitud obligatoria. Su finalidad es permitir que universidades, empleadores y Estado comprendan la trayectoria real de la capacidad que forman y dejen de planificar únicamente con cifras de matrícula y graduación.
Qué debería construir el país
Medir es sólo el comienzo. Una política de arraigo profesional debería integrar:
- primer empleo y prácticas remuneradas;
- carreras institucionales con ascenso por mérito;
- residencias, especializaciones y becas vinculadas con necesidades reales;
- fondos de investigación competitivos;
- programas de retorno y estancias temporales;
- reconocimiento de experiencia adquirida fuera;
- redes formales de profesionales de la diáspora;
- protección frente a discriminación política o corporativa;
- condiciones laborales que permitan estabilidad familiar;
- instituciones capaces de incorporar innovación sin castigar la independencia.
No se trata de impedir que las personas salgan. Se trata de que la salida no sea la única vía para ejercer plenamente lo aprendido y de que quien parta conserve caminos reales para colaborar, regresar o circular entre varios espacios.
Cuando el país financia una esperanza que no sabe hospedar
Una nación pierde a sus profesionales no solamente cuando cruzan una frontera. También los pierde cuando deben ocultar sus capacidades, aceptar trabajos que no necesitan su formación, someterse a redes de influencia o reconocer que el único lugar donde su conocimiento tiene futuro se encuentra fuera.
El título se convierte entonces en pasaporte de expulsión. No porque estudiar conduzca necesariamente a emigrar, sino porque la formación aumenta la conciencia de posibilidades que la estructura nacional no logra ofrecer. Cuanto más preparado está el joven, más visible puede resultarle la distancia entre lo que sabe hacer y lo que el país le permite realizar.
El derecho a migrar debe ser respetado. Pero una sociedad justa también debe ofrecer el derecho efectivo a quedarse sin renunciar al porvenir. Educar no debería significar preparar ciudadanos para que otros países aprovechen su capacidad, mientras el país de origen conserva sus carencias y celebra únicamente las remesas que recibe.
La verdadera medida del éxito educativo no es sólo cuántos títulos se entregan ni cuántos graduados logran salir. Es cuántas vidas profesionales pueden florecer, dentro o fuera, sin romper su vínculo con el bien común de la nación que contribuyó a formarlas.
Fuentes
- FUNDAUNGO: intención de migrar y perfil de las personas con mayor propensión a salir.
- Banco Mundial: indicadores de El Salvador.
- Banco Mundial: remesas personales recibidas como porcentaje del PIB.
- Organización Internacional para las Migraciones: Indicadores de Gobernanza de la Migración. Segundo Perfil 2023 — República de El Salvador, 2024.
- Organización Internacional para las Migraciones: Kit de herramientas para el mapeo de la diáspora.
- Organización Internacional para las Migraciones: Dinámicas migratorias y de reintegración de la población migrante retornada en El Salvador, Guatemala y Honduras, 2022. Estudio sobre migración irregular y reintegración; no constituye una medición específica de emigración profesional.
- Francisco: Libres de elegir si migrar o quedarse, Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2023.
- MINEDUCYT: Estadísticas de Educación Superior 2024.
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