«Los modernistas establecen, como base de su filosofía religiosa, la doctrina comúnmente llamada agnosticismo» — Pío X, Pascendi Dominici gregis, 8 de septiembre de 1907, § 4.
«El Positivismo es un sistema filosófico que, circunscrito a cierta esfera, tiene por objeto el progreso científico» — Darío González, Principios de filosofía positiva (Guatemala: Tipografía Nacional, 1895).
Estas páginas continúan una investigación sobre la formación del ciudadano liberal salvadoreño, la transformación de la propiedad comunal y la progresiva incorporación de categorías médicas, pedagógicas y científicas a la administración de la sociedad. El marco general procede de Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932, tesis doctoral presentada en 2011 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La pregunta que guía esta entrega exige una cautela metodológica que no debilita la tesis, sino que la vuelve más precisa. No se trata de demostrar que una doctrina filosófica produjo mecánicamente la violencia política de 1932. Entre una idea aprendida en un aula y una decisión represiva median instituciones, conflictos agrarios, intereses económicos, coyunturas políticas, sujetos responsables y acontecimientos contingentes. La cuestión histórica es otra: ¿qué categorías intelectuales hicieron posible que determinados sectores de las élites centroamericanas pensaran la población en términos de progreso y atraso, aptitud e ineptitud, civilización y barbarie, normalidad y peligrosidad?
En esa genealogía aparecen dos figuras fundamentales: David Joaquín Guzmán y José Darío González Guerra. El propósito no es convertirlos retrospectivamente en autores de 1932, sino examinar la formación de un vocabulario intelectual que décadas más tarde podía encontrarse ya sedimentado en la escuela, la medicina, el derecho y la administración.
Guzmán y González: ciencia, educación y reforma liberal
David Joaquín Guzmán nació en San Miguel el 15 de agosto de 1843 y murió en San Salvador el 20 de enero de 1927. Médico formado en París, naturalista, escritor y funcionario, fue primer director del Museo Nacional creado en 1883, institución que posteriormente llevaría su nombre. La información biográfica esencial puede contrastarse con la historia institucional publicada por el Ministerio de Cultura de El Salvador.
Reducir a Guzmán al naturalista o al fundador de instituciones científicas impediría advertir otro aspecto decisivo de su pensamiento. Sus escritos sobre territorio, población, educación y diferencias humanas participan del lenguaje jerarquizante propio de sectores importantes de la ciencia y del liberalismo decimonónicos. La historiografía salvadoreña contemporánea ha estudiado precisamente la relación entre museo, nación, clasificación y discurso racial en su obra. Un panorama reciente, con amplia bibliografía primaria y secundaria, puede consultarse en ECA: Estudios Centroamericanos.
Esto permite sostener que en Guzmán existió una concepción jerarquizada del progreso y de la incorporación del indígena a la nación moderna. No obliga, en cambio, a atribuirle cada una de las doctrinas que después circularían bajo el rótulo de racismo científico ni a convertir su obra en causa suficiente de la violencia posterior. La distinción es crucial: una genealogía intelectual documenta lenguajes y categorías; una explicación causal de 1932 necesita, además, demostrar cómo esas categorías fueron utilizadas por actores concretos en coyunturas concretas.
José Darío González Guerra nació en San Vicente el 20 de diciembre de 1833 y murió en San Salvador el 11 de enero de 1910. Estudió Filosofía y Lenguas en El Salvador y prosiguió Ciencias Naturales y Medicina en Guatemala, donde obtuvo el doctorado en 1861. Fue catedrático, funcionario y rector de la Universidad de El Salvador. La propia Universidad de El Salvador registra sus rectorados.
Su relación con la modernidad científica fue material y no meramente retórica. Las fuentes salvadoreñas lo sitúan entre los primeros experimentadores centroamericanos con rayos X en 1896. Pero para esta investigación importa todavía más su papel pedagógico. En 1895 publicó Principios de filosofía positiva. Lecciones arregladas para los alumnos del Instituto Nacional Central de Guatemala. La propia advertencia del volumen explica que González estaba encargado de la asignatura de Filosofía Positiva y que redactó las lecciones porque faltaba un texto apropiado para impartirla.
Aquí la recepción del positivismo deja de ser una atribución ambiental y se vuelve documental. En la obra aparecen Augusto Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer y José Victorino Lastarria como referencias centrales. Spencer es citado repetidamente en lógica, moral, educación y sociología. El positivismo, por tanto, no sólo circulaba en tertulias de intelectuales: había entrado al aula como materia susceptible de manual, lección y examen.
El positivismo de González: una figura más compleja
Sin embargo, el propio libro obliga a corregir una lectura demasiado simple. Sería inexacto presentar los Principios de filosofía positiva como una expulsión absoluta de toda metafísica, moral o tradición cristiana. El texto es intelectualmente más híbrido.
González delimita el campo de la filosofía positiva a aquello que considera accesible a los medios humanos de investigación y privilegia observación, experiencia y conocimiento de los fenómenos. Pero, al mismo tiempo, conserva categorías que impiden reducirlo a un materialismo elemental. En la página 29, al definir la verdad, cita expresamente a San Agustín: Verum est id quod est. En la página 329 desarrolla la moral sobre la base del libre albedrío y de la independencia del juicio. Y en las páginas 345–346 sostiene que debe mantenerse la independencia interior de la Iglesia y de los cultos frente a la intromisión estatal. Estos pasajes pueden comprobarse en la digitalización de la edición de 1895 disponible en Google Books, procedente del ejemplar de la New York Public Library.
Esto no convierte a González en un filósofo católico ni elimina la distancia entre positivismo y metafísica cristiana. Lo que hace es volver más interesante el problema. Su pensamiento representa una modernidad centroamericana donde el método positivo, la moral del libre albedrío, referencias clásicas y determinados espacios de libertad religiosa pueden coexistir sin formar un sistema perfectamente homogéneo. Precisamente por eso debe evitarse la caricatura: la historia intelectual no gana nada reemplazando la complejidad de un autor por un enemigo conceptual construido retrospectivamente.
Comte y Spencer: recepción directa; Lombroso: una incorporación diferente
En Darío González, la presencia de Comte y Spencer está documentalmente demostrada. De Comte recibe la arquitectura general del conocimiento positivo y la lectura evolutiva del desarrollo intelectual; de Spencer, numerosos elementos de lógica, evolución, sociología, educación y moral.
Cesare Lombroso exige, en cambio, otro tratamiento. L’uomo delinquente apareció en 1876 y la antropología criminal lombrosiana alcanzaría enorme difusión en América Latina. Pero con las fuentes examinadas no es correcto colocar a Lombroso junto a Comte y Spencer como influencia directa igualmente demostrada sobre González.
La diferencia no es menor. Conviene hablar de momentos y capas de recepción: primero, una recepción filosófica y pedagógica del positivismo y del evolucionismo; después, la expansión de lenguajes médico-criminológicos, antropométricos, higienistas y degeneracionistas durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. La continuidad entre esos estratos debe demostrarse, no presumirse.
Lo históricamente significativo es que, por distintas vías, la sociedad comenzó a ser pensada mediante categorías que pretendían estatuto científico: raza, evolución, higiene, herencia, normalidad, criminalidad y peligrosidad. No constituyeron siempre un sistema único. Funcionaron más bien como lenguajes superpuestos que ofrecían a las instituciones nuevas maneras de clasificar personas y poblaciones.
Cuando la filosofía entra al aula
Aquí se encuentra uno de los puntos más sólidos de la investigación. Darío González no escribió sus Principios como tratado privado. Los redactó para alumnos del Instituto Nacional Central de Guatemala porque impartía precisamente la asignatura de Filosofía Positiva. Una doctrina filosófica puede circular entre intelectuales sin modificar inmediatamente el horizonte de una sociedad; al ingresar al currículo adquiere otra capacidad de reproducción.
Esto no autoriza a decir que un alumno que aprendiera aritmética o lógica con González quedara convertido en positivista político, y mucho menos en futuro represor. Esa sería una inferencia mecánica. Lo que sí puede afirmarse es que los mismos intelectuales que intervenían en la construcción del aparato científico moderno participaban en la producción de los instrumentos escolares mediante los cuales se formaban nuevas generaciones.
La editorial D. Appleton & Co. forma parte de esa infraestructura. González publicó con ella textos destinados a la enseñanza centroamericana. El dato importa porque muestra que la modernización escolar no fue un fenómeno puramente nacional: autores centroamericanos, imprentas locales, editoriales extranjeras, ministerios e institutos formaron circuitos de circulación de saberes. Sin embargo, tampoco debe confundirse esa red editorial con una coordinación doctrinal secreta o uniforme. La circulación de libros prueba circulación de textos; cualquier tesis adicional debe documentarse por separado.
1893: «civilizar a la raza indígena»
El Primer Congreso Pedagógico Centroamericano y Primera Exposición Escolar Nacional, celebrado en Guatemala en diciembre de 1893, ofrece una fuente excepcional para observar directamente el vocabulario pedagógico de la época. El volumen oficial fue publicado en Guatemala en 1894 y se conserva digitalizado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Entre los asuntos sometidos a discusión figuró una pregunta cuya formulación es reveladora: cuál sería el medio más eficaz para «civilizar a la raza indígena» e inculcarle ideas de progreso y hábitos de pueblos considerados cultos. No hace falta añadir al documento lo que no dice. La pregunta contiene ya una relación asimétrica: existe un sujeto que se considera civilizado y otro que debe ser civilizado; un grupo que define el progreso y otro sobre el cual debe operar el programa pedagógico.
Esto no demuestra que el Congreso hubiera unificado toda la enseñanza centroamericana bajo un currículo comtiano-spenceriano. Esa afirmación excedería la fuente. Sí demuestra que la educación regional podía concebirse como instrumento de transformación cultural de las poblaciones indígenas. La escuela aparece no sólo como lugar de alfabetización, sino como tecnología de integración y normalización.
Clasificación racial, inmigración y Estado
La relación entre positivismo, racialización e inmigración requiere todavía más cuidado. En la obra y recepción de David J. Guzmán puede documentarse una visión jerarquizada de los grupos humanos y un horizonte de incorporación, mestizaje y «mejoramiento» de la población. La historiografía ha estudiado ampliamente la dimensión racial de ese discurso. Pero de ello no se sigue automáticamente la existencia de una política estatal uniforme y continua de «blanqueamiento» desde 1880 hasta 1932.
Es preferible distinguir tres niveles: primero, discursos intelectuales que jerarquizan grupos y asocian determinadas poblaciones con progreso o atraso; segundo, medidas migratorias, económicas y administrativas que deben reconstruirse decreto por decreto; tercero, la codificación explícita de criterios raciales, médicos, económicos y políticos de exclusión en la Ley de Migración de 1933.
La propia Dirección General de Migración y Extranjería sitúa la creación de la primera Ley de Migración y de la Oficina Central de Migración en 1933. El número del Diario Oficial del 21 de junio de 1933 conserva el texto legislativo y permite examinar directamente sus disposiciones.
La ley combinó filtros médicos, laborales, morales, policiales, políticos y raciales. Contenía restricciones explícitas por origen o clasificación racial y disposiciones particularmente severas para determinados inmigrantes de Oriente Medio. Esto obliga a abandonar una imagen demasiado lineal del «blanqueamiento»: las políticas migratorias salvadoreñas no fueron idénticas en todo momento ni trataron del mismo modo a todos los grupos considerados extranjeros.
Lo central para nuestra investigación es la estructura conceptual. El extranjero podía ser evaluado simultáneamente como cuerpo enfermo, trabajador útil o inútil, sujeto moral, riesgo policial, actor político y miembro de una categoría racial. La clasificación se vuelve administración.
De 1881 a 1932: una genealogía, no una causalidad automática
La reforma agraria liberal constituye otro componente indispensable. Las leyes de extinción de comunidades de 1881 y de ejidos de 1882 transformaron radicalmente el régimen de propiedad y las formas colectivas de acceso a la tierra. Esa transformación forma parte del largo trasfondo de los conflictos agrarios, laborales y políticos que desembocarían en la crisis de comienzos de la década de 1930.
Pero 1881 no «causó» por sí solo 1932. Tampoco el positivismo «causó» por sí solo la matanza. Entre ambos momentos median cinco décadas de expansión cafetalera, concentración y conflicto por la tierra, endeudamiento, cambios laborales, formación del Estado, crisis fiscal, organización política, depresión internacional, rebelión y decisiones concretas de represión.
La hipótesis más defendible es, por tanto, la de un arco causal mediado y acumulativo. La individualización de la propiedad y la desestructuración de formas comunales pueden conectarse con nuevas relaciones de dependencia; los lenguajes de civilización y atraso pueden superponerse a categorías médicas y raciales; la administración puede convertir diferencias sociales en objetos de clasificación; y, en coyunturas de crisis, determinados grupos pueden ser reinterpretados como amenaza.
Ningún eslabón demuestra por sí mismo el siguiente. La fuerza de la investigación consiste precisamente en seguir documentalmente cada mediación.
¿Preparó el positivismo 1932?
La pregunta debe mantenerse abierta en su formulación fuerte. No puede afirmarse, sin una prosopografía específica, que todos los oficiales que participaron en la represión, todos los jueces, todos los periodistas o todos los funcionarios hubieran sido alumnos directos o indirectos de Guzmán y González. Tampoco puede sostenerse que cada responsable de 1932 hubiera leído a Comte, Spencer o Lombroso.
Pero sería igualmente simplista concluir que las ideas carecieron de importancia porque no podamos reconstruir una cadena individual de lecturas. Las sociedades piensan también mediante categorías sedimentadas en escuelas, leyes, periódicos, burocracias, profesiones y prácticas institucionales.
La pregunta históricamente fecunda es otra: ¿hasta qué punto, antes de 1932, determinados sectores salvadoreños habían aprendido a describir poblaciones como atrasadas, improductivas, degeneradas, refractarias al progreso o peligrosas para el orden? La documentación disponible demuestra que ese vocabulario existía. Lo que debe probarse con mayor precisión es cuándo, dónde y por quién fue utilizado para legitimar la violencia de 1932.
Ahí comienza el siguiente nivel de la investigación: prensa, órdenes militares, partes de operaciones, expedientes judiciales, correspondencia oficial, discursos políticos, registros policiales y testimonios contemporáneos.
Pascendi: juicio doctrinal, no atajo historiográfico
La crítica católica permite introducir otro plano, siempre que no se confundan funciones documentales. Pascendi Dominici gregis, promulgada por Pío X en 1907, no fue escrita para analizar a Darío González, David J. Guzmán ni el positivismo salvadoreño. No puede emplearse como prueba histórica de sus intenciones.
Sí puede utilizarse como criterio filosófico y doctrinal de contraste. Pío X critica allí una concepción agnóstica que encierra la razón en el «círculo de los fenómenos» y separa lo divino del campo de la ciencia y de la historia. El contraste resulta pertinente cuando una filosofía del conocimiento tiende a convertir en exclusivo criterio público aquello que puede observarse, medirse y clasificarse.
Incluso aquí Darío González obliga a matizar: él mismo pretende delimitar la esfera del positivismo y conserva el libre albedrío, la moral y un ámbito de independencia interior de la Iglesia. El problema filosófico, por tanto, no consiste simplemente en preguntar si un científico cree o no en Dios. Consiste en preguntar qué ocurre con la idea de persona cuando el gobierno de la sociedad comienza a fundarse crecientemente en aquello que puede cuantificarse, clasificarse, seleccionar y corregir.
Desde la antropología cristiana, la dignidad humana no depende de raza, productividad, salud, capacidad, utilidad social ni grado de adaptación a un modelo histórico de progreso. La persona no recibe su valor del Estado ni de una clasificación científica. Ese límite permite juzgar críticamente cualquier orden político que confunda administración de poblaciones con medida del valor humano.
La escuela no dispara
Conviene abandonar una frase demasiado fácil: «la escuela fabricó al hombre que fusilaría treinta años después». Es retóricamente poderosa, pero dice más de lo que la documentación permite afirmar.
La escuela no dispara el fusil. Pero puede contribuir a formar las categorías mediante las cuales una sociedad aprende a identificar al hombre que después coloca frente a él.
Entre el aula y 1932 mediaron conflictos de tierra, estructuras económicas, crisis internacionales, organizaciones políticas, decisiones militares y responsabilidades personales que ninguna filosofía puede sustituir como explicación. Pero también mediaron ideas.
Durante medio siglo, determinados sectores de la sociedad centroamericana aprendieron a hablar de civilización y atraso, normalidad y desviación, aptitud e ineptitud, progreso y degeneración, población deseable y población peligrosa. La tarea de esta investigación no consiste en convertir esa sucesión en una conspiración ni en una causalidad automática.
Consiste en seguir documentalmente las palabras hasta descubrir cuándo dejaron de ser solamente palabras; cuándo entraron en el aula, en el museo, en la medicina, en la ley y en la administración; y, finalmente, si puede demostrarse que algunas de esas categorías participaron en la construcción política del enemigo interno en 1932.
Mario Oliva Mancía
Notas y fuentes documentales
- Mario Daniel Ernesto Oliva Mancía, Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880–1932, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2011. Se utiliza el handle permanente del repositorio institucional.
- Darío González, Principios de filosofía positiva. Lecciones arregladas para los alumnos del Instituto Nacional Central de Guatemala, Guatemala: Tipografía Nacional, 1895. Véanse particularmente p. 29 (San Agustín y definición de verdad), p. 329 (libre albedrío) y pp. 345–346 (independencia interior de la Iglesia y de los cultos).
- Universidad de El Salvador, Galería de Rectores, para los rectorados de Darío González.
- Ministerio de Cultura de El Salvador, «MUNA y MUHNES: 140 años de historia», para la creación del Museo Nacional en 1883 y la dirección inicial de David Joaquín Guzmán.
- Rodrigo Antonio Vega y Ortega Baez, «El gran titán del porvenir: la exposición nacional y el Museo Nacional a través de Anales, El Salvador, 1903–1907», ECA: Estudios Centroamericanos, 2023.
- Primer Congreso Pedagógico Centroamericano y Primera Exposición Escolar Nacional, Guatemala: Tipografía y Encuadernación Nacional, 1894.
- Dirección General de Migración y Extranjería, Marco institucional. Para el texto histórico: Diario Oficial, tomo 114, número 139, 21 de junio de 1933.
- Pío X, Pascendi Dominici gregis, 8 de septiembre de 1907. Se emplea como criterio doctrinal de contraste, no como prueba histórica de las intenciones de los autores salvadoreños analizados.
- Sobre la reforma agraria liberal, deben mantenerse como referencia los estudios de Héctor Lindo Fuentes y la serie documental ya publicada en este blog sobre la extinción de comunidades de 1881.
- Para el desenlace de 1932: Patricia Alvarenga, Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880–1932; Erik Ching, Carlos López Bernal y Virginia Tilley, Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador. Ensayos sobre 1932, San Salvador: UCA Editores, 2007.