BANCA Y CUENTAS INACTIVAS · ENTRADA 7 DE 15
La pregunta jurídica y administrativa sobre qué ocurre cuando los saldos prescritos pasan a favor del Estado.
Tesis. El artículo 73 de la Ley de Bancos establece que determinados saldos prescritos pasan a favor del Estado. Ese dato legal no permite, por sí solo, concluir bajo qué clasificación se reciben después, qué trazabilidad conservan ni qué vías adicionales de reclamación puedan existir. Antes de valorar el sistema debemos reconstruir documentalmente esa ruta.
El punto exacto donde cambia la relación jurídica
Mientras la cuenta permanece en el banco existe una relación identificable entre una persona y una institución financiera. El banco conoce la cuenta, el saldo, la identidad asociada y la historia de movimientos. Cumplido el plazo previsto por el artículo 73, el saldo se tiene por prescrito y principal e intereses deben ser enterados a la Dirección General de Tesorería.
La ley describe con claridad ese momento de salida. Lo que esta investigación todavía necesita esclarecer es qué ocurre después. La expresión «a favor del Estado» resuelve el destinatario jurídico previsto por la norma, pero no explica por sí sola toda la ruta administrativa y contable posterior.
¿Qué dependencia recibe materialmente los fondos? ¿Bajo qué cuenta o clasificación quedan registrados? ¿La transferencia llega individualizada por titular o agregada por institución? ¿Qué documentación acompaña al dinero? ¿Cuánto tiempo se conserva? ¿Puede reconstruirse años después el vínculo entre una persona concreta y un saldo determinado?
Ésas son las preguntas propias de esta entrada. No corresponde adelantarlas mediante una teoría sobre intención fiscal, enriquecimiento estatal o irregularidad. Corresponde pedir los documentos capaces de responderlas.
La norma nos dice cuándo sale; necesitamos saber cómo llega
El artículo 73 ordena la transferencia, pero el análisis institucional exige seguir el saldo más allá del banco. Una ley puede disponer un cambio patrimonial y, sin embargo, la administración necesitar procedimientos internos para registrarlo, conciliarlo, custodiar documentación y rendir cuentas.
Por ello debemos distinguir tres planos. El primero es normativo: qué dispone la Ley de Bancos. El segundo es administrativo: qué hacen realmente Tesorería y las demás dependencias competentes al recibir esos recursos. El tercero es valorativo: si ese procedimiento ofrece suficientes garantías y si convendría reformarlo.
Mezclar esos tres planos sería metodológicamente peligroso. Si saltamos del texto legal directamente al juicio moral, podemos atribuir al procedimiento características que todavía no hemos demostrado. La crítica gana fuerza cuando cada afirmación descansa en un documento.
El dato importante de Hacienda: existen Fondos Ajenos
El Ministerio de Hacienda distingue expresamente entre recursos del Fondo General y recursos recibidos como Fondos Ajenos. Su información oficial explica que la Dirección General de Tesorería recibe fondos a favor de terceros, garantías, fianzas y otros valores que no se confunden automáticamente con ingresos propios del Estado.
Hacienda mantiene además servicios relacionados con Fondos Ajenos en Custodia, incluyendo consultas, certificaciones y estados de cuenta. En materia de depósitos judiciales existen procedimientos específicos de devolución mediante la estructura administrativa de Fondos Ajenos.
Este hallazgo es importante, pero debemos utilizarlo con precisión. No prueba que los saldos transferidos conforme al artículo 73 se registren actualmente como Fondos Ajenos. Tampoco prueba que exista una obligación posterior de restitución idéntica a la de un depósito judicial.
Demuestra algo más limitado y útil: la administración salvadoreña ya conoce jurídicamente la diferencia entre recibir dinero y hacerlo definitivamente propio. Esa experiencia institucional podrá ser relevante más adelante, cuando lleguemos a la propuesta de reforma. Pero primero debemos averiguar si existe alguna conexión actual entre ambos regímenes.
La pregunta contable también es una pregunta jurídica
Puede parecer excesivamente técnico preguntar en qué cuenta se registra un saldo. No lo es. La clasificación contable expresa una realidad jurídica. Un fondo recibido como ingreso ordinario no ocupa la misma posición institucional que un valor mantenido en custodia para un tercero.
Por eso necesitamos conocer no solo el nombre de la dependencia receptora, sino la naturaleza de la cuenta, la documentación de soporte y la forma en que se conserva la identidad de origen. La trazabilidad es indispensable para responder después a cualquier pregunta sobre titularidad, causahabientes o reclamaciones.
Si la información individualizada se conserva, el sistema mantiene memoria. Si se pierde o se transforma inmediatamente en una cifra agregada, la eventual reconstrucción se vuelve mucho más difícil. No afirmamos todavía cuál de esas situaciones ocurre. Precisamente por eso hay que investigarlo.
Recibir no es lo mismo que custodiar
El título de esta entrada no pretende resolver anticipadamente la naturaleza jurídica de la transferencia. Señala una distinción que necesitamos mantener abierta. Una institución pública puede recibir un recurso como ingreso definitivo, como depósito, como garantía, como fondo ajeno o bajo otra categoría creada por la ley. Cada figura produce consecuencias distintas.
Lo prudente es preguntar cuál se aplica aquí. Si el artículo 73 produce una adquisición estatal definitiva, debemos saber cómo se materializa. Si existe alguna forma de custodia o registro residual, debemos documentarla. Si la práctica administrativa contiene mecanismos que la ley no describe expresamente, también deben incorporarse a la investigación.
La transparencia protege a todos. Protege al antiguo titular porque puede conocer qué ocurrió con su patrimonio. Protege a las instituciones porque permite sustituir sospechas por hechos verificables. Y protege al debate público porque impide que una hipótesis se transforme en acusación antes de tiempo.
Una cuestión de memoria institucional
Desde una perspectiva humanista y cristiana, esta cuestión tiene un núcleo sencillo: una administración justa no debe perder de vista a la persona cuando transforma jurídicamente su patrimonio. La autoridad está al servicio del bien común, y ese servicio incluye poder explicar qué hizo, por qué lo hizo y qué documentos conserva.
La Doctrina Social de la Iglesia no convierte la propiedad en un absoluto. Tampoco permite reducir a la persona a un residuo contable. El bien común exige orden institucional, pero ese orden alcanza mayor legitimidad cuando conserva memoria de quienes resultan afectados por sus procedimientos.
Por eso esta entrada no formula todavía una propuesta de fondo de custodia. Esa propuesta llegará en la Entrada 14. Aquí solo establecemos el dato previo indispensable: antes de diseñar una alternativa debemos saber exactamente qué hace hoy el Estado con los saldos que recibe.
La solicitud documental que necesitamos
La investigación debería dirigir a las instituciones competentes una solicitud precisa sobre el procedimiento jurídico, administrativo y contable aplicable a los saldos transferidos conforme al artículo 73. Debe incluir la dependencia receptora, la clasificación de los recursos, la documentación remitida por los bancos, la forma de individualización, el periodo de conservación y las estadísticas disponibles.
También debe preguntarse expresamente si existe alguna vía posterior de reclamación por el titular o sus causahabientes y, en caso afirmativo, bajo qué norma, ante qué dependencia y con qué requisitos.
La respuesta a esas preguntas determinará el siguiente nivel de análisis. Si el sistema conserva trazabilidad y mecanismos de restitución, deberán reconocerse. Si aparecen vacíos, podremos describirlos documentalmente. En ambos casos la investigación avanzará.
Conclusión: primero reconstruir la ruta
El artículo 73 nos dice que determinados saldos pasan a favor del Estado. No necesitamos añadirle una intención que el texto no declara. Necesitamos seguir el dinero.
Seguirlo significa identificar la dependencia, la cuenta, el registro, la documentación, la memoria del titular y la eventual puerta de regreso.
Solo después podremos discutir con rigor si recibir debería significar poseer, custodiar o algo intermedio.
Fuentes documentales
- Ley de Bancos, artículo 73. Jurisprudencia de El Salvador.
- Prescripción de cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Superintendencia del Sistema Financiero.
- Recepción de Fondos: Fondo General o Fondos Ajenos. Ministerio de Hacienda.
- Servicios de Fondos Ajenos en Custodia. Ministerio de Hacienda.
- Constitución de la República de El Salvador. Asamblea Legislativa.
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Santa Sede.
Nota metodológica. Esta entrada no presume irregularidades, apropiación indebida ni intención fiscal específica. Distingue el contenido del artículo 73 de las preguntas todavía abiertas sobre su ejecución administrativa y contable.