Cuando la salud dejó de ser solamente una función del Estado y comenzó a organizarse como red mundial

Necropolítica, salud global y transformación de la persona · Entrada 7 de 12 · Mario Oliva Mancia

La pandemia no creó de la nada la gobernanza sanitaria mundial. La encontró ya construida, extendida y preparada para actuar. Antes de 2020 existían fundaciones capaces de financiar programas transnacionales, organismos internacionales con autoridad técnica, empresas con capacidad industrial, universidades que producían expertos, foros que reunían gobiernos y capital privado, y plataformas capaces de convertir datos en decisiones. La emergencia no inventó esa arquitectura; la hizo visible.

Mi investigación doctoral sobre ciudadanía e higienismo social me enseñó a reconocer un fenómeno que ahora reaparece a escala universal: cuando la medicina se une al poder político, económico y administrativo, deja de limitarse a curar enfermos y comienza también a clasificar poblaciones, fijar conductas, definir normalidades y legitimar sacrificios en nombre del progreso. En los siglos XIX y XX esa operación se realizaba principalmente desde el Estado nacional. En el siglo XXI ha adquirido una infraestructura transnacional.

El higienismo no desapareció. Cambió de escala, de lenguaje y de instrumentos: del reglamento nacional pasó al indicador global; del funcionario local, a la alianza público-privada; del registro administrativo, a la identidad digital.

Esta genealogía no demuestra que una familia, una fundación o un foro haya producido deliberadamente la pandemia. Tampoco demuestra la existencia de una dirección secreta única. Demuestra algo distinto y, políticamente, más verificable: durante más de un siglo se fue formando una manera de gobernar por medio de conocimiento experto, capital condicionado, métricas, campañas, contratos, datos y alianzas. Cuando llegó la crisis, esa maquinaria pudo movilizar enormes recursos con extraordinaria rapidez. Lo que no avanzó con la misma velocidad fue la protección del enfermo concreto, la corrección de protocolos, la escucha clínica y la reparación de quienes soportaron los daños.

Laboratorio y archivos del siglo XX se prolongan visualmente hacia una cumbre y una red sanitaria contemporáneas.
La gobernanza sanitaria contemporánea tiene una genealogía institucional. La continuidad no equivale a conspiración, pero sí exige responsabilidad.

La pandemia tuvo una prehistoria

En 2020, nombres como Gavi, CEPI, COVAX, ACT-A, Fundación Gates o Foro Económico Mundial entraron de pronto en la conversación pública. Para muchos parecían instituciones surgidas con la emergencia. No era así. Su aparición repentina ante los ojos del ciudadano no significaba una existencia reciente, sino una falta previa de visibilidad.

La rapidez con que esas organizaciones actuaron provocó dos explicaciones extremas. Una sostuvo que todo había sido improvisado frente a una amenaza inédita. La otra interpretó la preparación previa como prueba suficiente de un plan secreto. Ambas lecturas confunden niveles distintos. Prepararse para una epidemia no significa causarla. Pero haber acumulado capacidad de intervención tampoco exime de responder por el modo en que esa capacidad fue utilizada.

La COVID-19 mostró esa tensión de manera casi brutal. El genoma fue compartido con rapidez extraordinaria, mientras el panel independiente describió febrero de 2020 como un mes perdido. La ciencia molecular corrió; la protección clínica, la coordinación política y la traducción prudente de la evidencia no siempre lo hicieron con la misma eficacia. La maquinaria podía secuenciar, financiar y contratar con rapidez. No necesariamente podía reconocer a tiempo su propia incertidumbre.

La pregunta histórica, por tanto, no es quién inventó de la nada la salud global. Es cómo se pasó de campañas sanitarias concretas a redes capaces de definir prioridades mundiales y de condicionar decisiones nacionales.

Rockefeller: cuando la filantropía aprendió a gobernar mediante conocimiento

La Fundación Rockefeller, creada en 1913, ocupa un lugar decisivo en esta historia. Financió campañas contra la anquilostomiasis, la fiebre amarilla, la malaria y otras enfermedades; apoyó laboratorios, escuelas de salud pública, investigación y formación de funcionarios en numerosos países. Su aporte científico e institucional fue real y no debe negarse.

Pero la importancia histórica de Rockefeller no se limita al dinero entregado. La fundación ayudó a consolidar un método. Identificaba un problema, financiaba conocimiento experto, ofrecía capital sujeto a una estrategia, negociaba con gobiernos, formaba personal y medía resultados. Así aparecía una nueva forma de influencia: no hacía falta gobernar formalmente un país para orientar una parte de su política sanitaria.

Ese método podía salvar vidas y, al mismo tiempo, desplazar prioridades locales. Una campaña vertical contra una enfermedad visible producía resultados cuantificables y prestigio institucional. Sin embargo, podía recibir más recursos que el saneamiento, la nutrición, la vivienda, los salarios, la atención primaria o los padecimientos que la comunidad consideraba más urgentes. El problema no era la existencia de una campaña; era quién seleccionaba el problema y quién definía el éxito.

Rockefeller no fue un gobierno mundial clandestino. Fue algo históricamente más preciso: un laboratorio temprano de gobernanza sanitaria por capital, conocimiento y demostración.

De la salud internacional a la salud global

Durante el período de entreguerras, fundaciones, universidades, oficinas sanitarias y organismos vinculados a la Liga de las Naciones comenzaron a crear un espacio de circulación de expertos, métodos y estadísticas. Rockefeller financió personal y programas relacionados con la Organización de Salud de la Liga. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud fue creada por Estados en 1948.

La precisión es necesaria: la OMS no es propiedad de Rockefeller ni de una familia privada. Su Constitución fue adoptada por gobiernos y su Asamblea está compuesta por Estados miembros. Sin embargo, la nueva organización heredó redes de expertos, métodos de campaña, laboratorios y una concepción de la salud como realidad susceptible de medición, comparación y administración internacional.

La continuidad no fue una línea de mando familiar. Fue una continuidad institucional y cultural. Cambiaron las organizaciones, pero permaneció una convicción: la salud podía gobernarse mediante estándares, expertos y programas que atravesaran fronteras.

Esta transformación parece técnica, pero contiene una decisión antropológica. Cuando el enfermo se convierte en población, y la población en indicador, la persona corre el riesgo de desaparecer detrás de la cifra. El médico sabe que una tasa es indispensable para comprender una epidemia; también sabe que ninguna tasa respira, sufre, teme o muere. El peligro comienza cuando la estadística deja de servir a la persona y la persona pasa a servir a la estadística.

Ted Turner: el capital privado encuentra una puerta permanente hacia la ONU

En 1997, Ted Turner anunció una promesa de US$1.000 millones para apoyar causas de Naciones Unidas. Al año siguiente comenzó a operar la United Nations Foundation. No era un órgano de la ONU, sino una organización privada e independiente construida para colaborar estrechamente con ella.

Con Turner, la filantropía dejó de ser solamente apoyo a una campaña y se convirtió en puente permanente entre Naciones Unidas, empresas, medios, celebridades, ciudadanos y grandes donantes. Salud, vacunación, malaria, clima, energía, derechos de mujeres y niñas y, más tarde, Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontraron allí una plataforma de movilización.

La relación no fue clandestina. Precisamente por ser pública plantea una pregunta democrática de enorme importancia: ¿qué ocurre cuando una organización intergubernamental, limitada por presupuestos y desacuerdos estatales, encuentra en una fundación privada la capacidad de seleccionar campañas, movilizar comunicación y atraer capital?

La filantropía puede ampliar bienes públicos. Pero cuando un gran patrimonio privado puede orientar prioridades internacionales sin haber recibido mandato electoral, la generosidad deja de ser solamente virtud y comienza a ejercer una función política.

Gates: de financiar programas a constituir arquitectura

Con la Fundación Gates se produjo un paso adicional. La donación se volvió constituyente. La fundación participó en la creación o impulso de Gavi, de CEPI y de mecanismos asociados a COVAX. Ya no se trataba sólo de entregar dinero a estructuras existentes, sino de ayudar a construir organizaciones híbridas con juntas, secretarías, carteras de productos, contratos, métricas y capacidad para atraer miles de millones de fondos públicos.

Rockefeller había financiado campañas y formación. Turner había creado un puente hacia la ONU. Gates ayudó a configurar una forma de gobierno institucional compartido entre fundaciones, Estados, organismos y empresas. El capital privado podía ahora participar no sólo al final, financiando una respuesta, sino desde el inicio, definiendo el problema y el instrumento destinado a resolverlo.

Este cambio explica por qué la expresión capital catalítico es tan importante. Una inversión filantrópica relativamente limitada puede movilizar cantidades mucho mayores de dinero público, orientar mercados, establecer prioridades de investigación y condicionar compras futuras. El donante no necesita financiarlo todo. Le basta con definir el camino por el que después circularán los recursos de otros.

No desapareció el Estado. Cambió el entorno en el que decide. La soberanía formal permaneció, pero la selección de opciones comenzó a realizarse dentro de redes en las que algunos actores llegaban con conocimiento, capital, contratos y soluciones previamente diseñadas.

Davos: el lugar donde la convocatoria se convierte en poder

El Foro Económico Mundial no legisla, no recauda impuestos, no dispone de ejército ni posee policía. Su poder es diferente: convoca, conecta y produce lenguaje. En Davos se reúnen jefes de Estado, empresarios, banqueros, académicos, dirigentes de organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. El foro no necesita mandar jurídicamente para influir en aquello que después aparecerá como prioridad política.

En Davos 2017 fue lanzada CEPI con participación de gobiernos, Fundación Gates, Wellcome y el propio Foro. Esa creación no demuestra que Davos hubiera planificado la COVID-19. Demuestra que, antes de la pandemia, ya existía un espacio donde actores públicos y privados podían construir una institución destinada a financiar vacunas contra amenazas epidémicas futuras.

La diferencia entre preparación y causación debe conservarse. Pero también debe reconocerse otra verdad: quien diseña la preparación adquiere poder extraordinario cuando la crisis convierte su solución en indispensable. En ese momento, una institución inicialmente técnica puede comenzar a definir ritmos, prioridades y dependencias políticas.

2019: la alianza entre Naciones Unidas y el Foro se hace explícita

El 13 de junio de 2019, Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial anunciaron un Marco de Asociación Estratégica. La cooperación comprendía financiación de la Agenda 2030, cambio climático, salud, cooperación digital, igualdad de género, educación y capacidades laborales.

El acuerdo no convirtió al Foro en órgano de la ONU ni entregó voto formal a las empresas dentro de la Asamblea General. Pero sí consagró una idea política: los grandes problemas mundiales serían abordados mediante alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, filantropías y sociedad civil.

Sus defensores llaman a este modelo multilateralismo de múltiples partes interesadas. La justificación parece razonable: ningún Estado posee por sí solo suficiente capital, tecnología, alcance y conocimiento. El problema aparece cuando se supone que todas las partes interesadas participan en igualdad. Un país pequeño, una comunidad local, una farmacéutica mundial y un fondo de inversión pueden sentarse en la misma mesa, pero no llegan con la misma capacidad jurídica, informativa, financiera o mediática.

La inclusión formal puede ocultar una desigualdad material profunda: todos están presentes, pero no todos pueden definir el problema, financiar la solución ni abandonar la negociación sin consecuencias.

China: una convergencia distinta, pero igualmente poderosa

La genealogía occidental de fundaciones, organismos y empresas no agota el mapa. China desarrolló otra forma de convergencia: Partido Comunista, Estado, fuerzas armadas, universidades, empresas e infraestructura digital integrados bajo una dirección política vertical. Allí la coordinación entre salud, industria, seguridad y datos no depende del mismo tipo de negociación público-privada occidental, sino de una arquitectura Partido-Estado.

Durante 2020, la crisis sanitaria no detuvo esa trayectoria. El presupuesto oficial de defensa creció 6,6 %. El dato no prueba que la pandemia causara el rearme, pero sí muestra que la emergencia convivió con una continuidad estratégica apoyada en tecnología, industria y logística ya organizadas.

Occidente y China no representan el mismo sistema. En uno, la decisión circula entre Estados, empresas, fundaciones y organismos. En el otro, se concentra dentro de una estructura política vertical. Sin embargo, ambos comparten una capacidad creciente para administrar poblaciones mediante información, infraestructura, vigilancia y coerción. La rivalidad geopolítica no elimina la convergencia instrumental.

Del gobierno visible a la gobernanza distribuida

El gobierno clásico posee territorio, ciudadanía, competencias legales, presupuesto, funcionarios, tribunales y una responsabilidad identificable. Puede ser injusto, pero sabemos dónde buscarlo. La gobernanza en red distribuye funciones. Un organismo define el problema, una fundación financia investigación, una empresa produce, un Estado compra, otra entidad certifica, una plataforma comunica y una universidad evalúa.

La flexibilidad puede ser útil. La fragmentación de responsabilidad, no. Cuando algo funciona, todos presentan la cooperación como logro compartido. Cuando algo falla, cada actor reduce su participación: el organismo sólo recomendó; el gobierno siguió evidencia internacional; la empresa cumplió el contrato; la fundación únicamente financió; la plataforma aplicó sus reglas; el médico obedeció el protocolo.

El ciudadano queda entonces frente a una red sin ventanilla moral: muchos participaron en la decisión, pero ninguno reconoce haber sido plenamente responsable de sus consecuencias.

Éste es uno de los núcleos más profundos de la necropolítica contemporánea. El poder ya no necesita concentrarse por completo en una sola institución. Puede distribuirse entre actores diferentes y, precisamente por ello, dificultar la atribución de responsabilidad. La muerte, el daño y el abandono pueden ser resultado de una cadena en la que cada eslabón afirma haber cumplido correctamente una tarea parcial.

La medicina frente a la maquinaria

Desde la práctica médica, esta transformación no es abstracta. El paciente no llega como promedio estadístico. Llega con edad, historia, miedo, comorbilidades, familia, conciencia y límites propios. La medicina clínica exige prudencia porque ninguna guía puede anticipar por completo la singularidad de una persona.

La gobernanza global necesita protocolos, indicadores y modelos. Sin ellos sería imposible coordinar una emergencia. Pero cuando esas herramientas ocupan el lugar del juicio clínico, el médico se convierte en ejecutor y el enfermo en objeto de una secuencia administrativa. La eficiencia de la red puede aumentar mientras disminuye la responsabilidad personal frente al paciente.

La contradicción de la pandemia fue ésta: se movilizaron capitales, contratos, plataformas y certificados con una velocidad admirable, mientras numerosos profesionales sanitarios enfrentaban incertidumbre, agotamiento, enfermedad, muerte y secuelas sin una reparación equivalente. La red que podía financiar innovación no mostró la misma capacidad para reconocer a quienes habían sostenido el cuidado en contacto directo con el sufrimiento.

Cooperación no significa absorción

La doctrina social cristiana no rechaza la cooperación internacional. Una epidemia atraviesa fronteras y exige solidaridad. Compartir conocimiento, recursos y cuidados es una obligación moral. Pero la solidaridad no puede separarse de la subsidiariedad.

La autoridad superior debe ayudar cuando la comunidad inferior no puede resolver por sí sola; no debe absorber sus competencias ni sustituir su responsabilidad. Aplicado a la salud global, esto significa que la OMS puede coordinar sin reemplazar al médico; una fundación puede donar sin adquirir soberanía; una empresa puede innovar sin apropiarse del bien común; un fondo internacional puede ayudar sin dictar cada prioridad nacional; y un Estado puede cooperar sin entregar los derechos de su población.

La persona es anterior a la red que pretende administrarla. No es un dato, un riesgo, un consumidor sanitario ni una unidad de cumplimiento. Toda arquitectura que olvida esa prioridad termina confundiendo capacidad técnica con autoridad moral.

Lo que la genealogía demuestra y lo que todavía no permite afirmar

Nivel probatorioConclusión
Hecho documentadoRockefeller financió campañas, laboratorios, formación y programas internacionales de salud; Turner creó un puente filantrópico hacia la ONU; Gavi y CEPI consolidaron alianzas híbridas con gobierno propio.
Hecho documentadoLa OMS fue creada por Estados en 1948, pero heredó redes, expertos, métodos e infraestructura desarrollados dentro de una historia público-privada previa.
Hecho documentadoLa ONU y el Foro Económico Mundial formalizaron en 2019 cooperación sobre Agenda 2030, salud, digitalización, género, clima y educación.
Inferencia razonadaDurante más de un siglo aumentó la hibridación entre autoridad pública, capital privado y conocimiento experto.
Convergencia probatoriaLa distribución de funciones entre financiadores, expertos, empresas, organismos y Estados permite ejercer poder sin que exista una soberanía única ni una responsabilidad equivalente.
Hipótesis abierta y crecientemente plausibleLa gobernanza sanitaria mundial funciona como una arquitectura capaz de orientar prioridades, movilizar recursos y administrar poblaciones mediante redes que exceden el control democrático ordinario.
Línea probatoria abiertaDeben reconstruirse decisiones, contratos, circulación de personal y cadenas de influencia para establecer cuándo una alianza asesoró, condicionó o sustituyó la deliberación pública.
Límite de la pruebaLa continuidad institucional no demuestra por sí sola una dirección secreta única ni una intención criminal compartida; la ausencia de mando central tampoco refuta la convergencia de poder.

Poder distribuido, responsabilidad disuelta

La arquitectura mundial no apareció en 2020. Rockefeller mostró que una fundación podía formar instituciones y expertos más allá de las fronteras. La OMS convirtió la cooperación estatal en estructura permanente. Turner construyó una puerta estable entre capital privado y Naciones Unidas. Gates ayudó a constituir alianzas con gobierno propio. Davos reunió a quienes poseían Estado, ciencia, dinero y tecnología. El acuerdo de 2019 convirtió esa cooperación en doctrina explícita.

El resultado no es un gobierno mundial en sentido clásico. Es una forma más compleja de poder: nadie manda sobre todo, pero algunos nodos pueden definir problemas, financiar soluciones y coordinar instituciones mucho más que otros.

La nueva gobernanza no necesita abolir al Estado. Le basta con rodearlo de financiadores, expertos, contratos, indicadores y plataformas capaces de orientar sus decisiones. Cuando el resultado es favorable, todos reclaman participación. Cuando produce daño, cada actor afirma haber cumplido solamente una función limitada.

Allí comienza el verdadero problema necropolítico: poder distribuido, responsabilidad disuelta y personas concretas abandonadas frente a una red sin rostro moral.

La siguiente pregunta ya no es solamente quién participa en esa red, sino qué idea de ser humano traduce en metas, indicadores y políticas. Ese tránsito conduce a Agenda 2030 y la disputa por la persona.


Fuentes primarias y documentos institucionales

  1. Fundación Rockefeller, “An impactful relationship shapes global public health”.
  2. Fundación Rockefeller, “The Rockefeller Foundation: partners in global health”.
  3. Organización Mundial de la Salud, “The Rockefeller Foundation”.
  4. Rockefeller Archive Center, “The Rockefeller Foundation’s 20th-century global fight against disease”.
  5. Organización Mundial de la Salud, “Constitution of the World Health Organization”.
  6. United Nations Foundation, “Our founder, Ted Turner”.
  7. United Nations Foundation, “Our timeline”.
  8. Gavi, “The Bill & Melinda Gates Foundation”.
  9. CEPI, “About CEPI”.
  10. Foro Económico Mundial, “Under-the-radar moments from Davos 2017”.
  11. Foro Económico Mundial, “World Economic Forum and UN sign Strategic Partnership Framework” (13 de junio de 2019).
  12. Foro Económico Mundial, “Defining the decade of delivery” (enero de 2020).
  13. Naciones Unidas, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (2015).
  14. Pontificio Consejo Justicia y Paz, “Compendio de la doctrina social de la Iglesia”, nn. 185-188.

Estudios y análisis secundarios

  1. Theodore M. Brown, Marcos Cueto y Elizabeth Fee, “The World Health Organization and the transition from ‘international’ to ‘global’ public health”, American Journal of Public Health 96 (2006): 62-72.
  2. Jeremy Youde, “The Rockefeller and Gates Foundations in global health governance”, Global Society 27 (2013): 139-158.
  3. Anne-Emanuelle Birn, “Philanthrocapitalism, past and present”, Hypothesis 12 (2014).
  4. Nina C. Puyvallée, “The Gates Foundation’s network diplomacy”, 2025.
  5. James Higham et al., “Multi-stakeholder partnerships and the Sustainable Development Goals”, Annual Review of Environment and Resources.
  6. Global Policy Forum, “Fit for whose purpose? Private funding and corporate influence in the United Nations”.

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