La reducción de homicidios es una conquista pública fundamental, pero no equivale por sí sola a una paz integral. La estabilidad duradera exige seguridad jurídica, oportunidades productivas, controles institucionales y una gobernanza tecnológica en la que la ciudadanía no sea materia prima del poder, sino su razón y su límite.
Resumen ejecutivo
El Salvador llega a una coyuntura excepcional en el sentido más preciso de la palabra. Ha reducido la violencia homicida y desmantelado buena parte del dominio territorial de las pandillas; al mismo tiempo, ha convertido la suspensión de garantías en una política prolongada, concentra capacidades decisorias y entra con velocidad en la economía de la inteligencia artificial. Estos cuatro movimientos —seguridad, centralización, salto tecnológico y vulnerabilidad de la diáspora— no son capítulos separados. Juntos definirán si el país consolida una paz con ciudadanía o una estabilidad dependiente de la vigilancia, la excepcionalidad y proveedores externos.
El análisis no puede negar los resultados de seguridad ni celebrarlos sin examen. Su tarea es más exigente: comprender cómo se pasa de una emergencia exitosa en su objetivo inmediato a un orden ordinario más fuerte, cómo se impide que la pobreza territorial sea convertida en un indicador de sospecha y cómo se transforma la nueva capacidad de cómputo en productividad, ciencia y servicios públicos verificables. La cuestión no es estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. La cuestión es quién fija sus fines, qué datos la alimentan, quién audita sus errores, qué derecho tiene el ciudadano a impugnarla y cuánto valor nacional queda después de pagar hardware, nube, licencias y asesoría extranjera.
El diagnóstico documentado obliga a distinguir niveles de certeza. La Asamblea Legislativa reportó en julio de 2026 una tasa oficial de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y 92,747 capturas vinculadas a la política de seguridad. Estas cifras describen un cambio extraordinario frente a la violencia homicida y ayudan a explicar el amplio respaldo ciudadano. No resuelven por sí mismas la situación jurídica de cada persona capturada, como tampoco una denuncia externa demuestra por sí sola una actuación ilícita. La fortaleza institucional se acredita cuando el resultado general puede coexistir con expedientes individualizados, defensa efectiva y corrección de errores comprobados.
La base económica tampoco admite triunfalismos. El Banco Mundial registró para 2025 un PIB de US$36,710 millones y un crecimiento de 3.9%, pero las remesas equivalieron al 27.5% del PIB; el perfil de ILOSTAT situó el empleo informal en 59.5% y el Banco Mundial recordó que la pobreza oficial había subido de 26.8% en 2019 a 30.3% en 2023. La seguridad crea una condición favorable para invertir; no fabrica por sí misma capacidades productivas, salarios formales ni movilidad social. Una sociedad puede dejar de temer a la pandilla y continuar temiendo al desempleo, a la deuda doméstica, a la captura arbitraria o a la imposibilidad de imaginar un futuro para sus hijos.
En inteligencia artificial, El Salvador posee una ventaja de primer movimiento. La Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, la creación de ANIA, la evaluación RAM de UNESCO (2026a) y la adquisición de procesadores NVIDIA B300 anunciada por Hydra Host en junio de 2025 muestran voluntad política y capacidad de ejecución, aunque el funcionamiento efectivo de esa infraestructura requiere verificación pública. UNESCO (2026a) estima que la IA podría añadir entre US$657 y US$1,229 millones anuales, pero también documenta una inversión en investigación y desarrollo de apenas 0.14% del PIB, un ecosistema privado todavía reducido y una brecha digital severa: 51.24% de los hogares urbanos tenía internet frente a 13% de los rurales en la EHPM 2023. Comprar cómputo de frontera sin cerrar esas brechas puede producir una vitrina tecnológica; integrarlo con educación, investigación, energía, datos públicos confiables y empresas nacionales puede producir soberanía.
La modernización también debe examinarse desde su distribución humana. Centralizar datos, crédito, infraestructura, contratación, educación y decisiones tecnológicas puede aumentar la capacidad estatal, pero también reducir la autonomía de comerciantes, productores, profesionales, académicos, iglesias, asociaciones y comunidades. Este documento incorpora como marco original el concepto de higienismo social desarrollado por Mario Daniel Ernesto Oliva Mancía en su tesis doctoral de 2011. La categoría permite estudiar cómo una racionalidad de progreso puede clasificar como atrasados, improductivos, insalubres o peligrosos a quienes no encajan en el modelo dominante y presentar su desplazamiento como una operación técnica. No se afirma que toda modernización sea higienista; se exige reconocer el punto en que la eficiencia deja de servir a la sociedad y comienza a depurarla.
La decisión nacional puede formularse sin rodeos: ¿usará El Salvador la tecnología para ensanchar la ciudadanía y la productividad, o para administrar con mayor eficacia las desigualdades existentes?
Decisiones que el país no puede seguir aplazando
El país necesita respuestas políticas verificables, no fotografías, adjetivos ni declaraciones sin responsables. Siete decisiones resultan inaplazables: la transición gradual y medible desde la excepcionalidad hacia la justicia ordinaria; la creación de una supervisión algorítmica independiente de la entidad que promueve la IA; la publicación de contratos, finalidades, proveedores y evaluaciones de impacto; la asignación de capacidad de cómputo a universidades, hospitales, municipalidades y empresas salvadoreñas; la adopción de un programa nacional de conectividad, talento e investigación; una garantía de subsidiariedad que impida que la centralización estatal o corporativa asfixie a los cuerpos intermedios; y una evaluación distributiva que identifique quién gana, quién pierde y quién corre el riesgo de desaparecer económica, cultural o institucionalmente bajo cada gran proyecto de modernización.
| Dimensión | Evidencia verificada o atribuida | Lectura responsable |
|---|---|---|
| Seguridad | 1.3 homicidios por 100,000 habitantes; 1,167 días sin homicidios y 92,747 capturas, según reporte legislativo de julio de 2026. | Cifra oficial; requiere publicación metodológica y series comparables. |
| Excepcionalidad | Prórroga 54 aprobada el 26 de agosto de 2026, vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre. | La continuidad ya no puede analizarse como una medida meramente transitoria. |
| Sistema penitenciario | World Prison Brief estimó 109,519 personas encarceladas y una tasa de 1,659 por cada 100,000 habitantes en marzo de 2024. | Estimación externa y fechada; debe diferenciarse de los registros oficiales actuales y no prueba por sí sola irregularidades. |
| Economía | PIB 2025: US$36.71 mil millones; crecimiento real 3.9%. | El desempeño anual no elimina baja productividad histórica ni restricciones fiscales. |
| Dependencia externa | Remesas equivalentes a 27.5% del PIB en 2025. | Sostienen hogares y consumo; también revelan dependencia del trabajo realizado fuera del país. |
| Mercado laboral | Empleo informal: 59.5% en 2025, según ILOSTAT. | Una baja tasa de desempleo puede coexistir con alta precariedad. |
| Conectividad | Internet en 51.24% de hogares urbanos y 13% de rurales (EHPM 2023); 66.5% de individuos usó internet en 2024. | El acceso individual no equivale a conexión doméstica estable ni a competencias digitales. |
| Capacidad de IA | Ley específica, ANIA, evaluación RAM y adquisición anunciada de infraestructura NVIDIA B300. | La propiedad física no basta: deben auditarse operación, dependencia, energía, contratos, talento y acceso público. |
1. Una coyuntura que obliga a pensar en conjunto
Los problemas han dejado de caber dentro de un solo ministerio. La seguridad afecta justicia, presupuesto, salud mental, educación, empleo y relaciones internacionales. La inteligencia artificial afecta protección de datos, compras públicas, energía, agua, ciberseguridad, competencia económica, práctica médica y libertad de expresión. La política exterior, a su vez, determina proveedores, estándares, financiación, acceso a semiconductores y condiciones comerciales. Tratar cada campo por separado produciría decisiones técnicamente coherentes pero políticamente contradictorias.
El momento también es decisivo porque las instituciones se están construyendo mientras la tecnología entra en funcionamiento. El Salvador aprobó su ley de IA antes de adoptar una estrategia nacional integral, una secuencia que UNESCO (2026a) califica como vanguardista pero que deja una oportunidad y un riesgo. La oportunidad consiste en diseñar pronto; el riesgo, en permitir que la infraestructura, los contratos y los usos iniciales se conviertan en la estrategia de facto. En tecnología, lo provisional suele adquirir raíces de hormigón: un proveedor, una arquitectura de datos o una excepción jurídica pueden permanecer mucho más que el entusiasmo que los hizo posibles.
Lo que se necesita es un pacto de transición, no un tribunal político. El Gobierno tiene razones para defender el logro de seguridad; las víctimas de capturas arbitrarias y los familiares de fallecidos bajo custodia tienen razones para exigir verdad; las empresas necesitan reglas previsibles; las universidades necesitan acceso a datos y cómputo; las comunidades rurales necesitan conectividad y servicios; los socios externos necesitan claridad sobre estándares; y toda la ciudadanía necesita saber que las decisiones sobre su libertad, salud o acceso a prestaciones no serán entregadas a una puntuación opaca. Ninguno de estos intereses desaparece porque otro sea legítimo.
2. Seguridad: reconocer el logro, impedir su degradación
Durante décadas, muchas comunidades salvadoreñas padecieron extorsión, desplazamiento, reclutamiento forzado, homicidio y fronteras invisibles. La recuperación del espacio público y la caída de la violencia letal han cambiado la experiencia cotidiana de miles de familias. Negarlo no sería rigor crítico, sino ceguera. También impediría entender por qué amplios sectores concedieron al Ejecutivo un margen extraordinario: el Estado llegó donde antes llegaban primero las pandillas.
Hay que comenzar por las familias de quienes fueron asesinados. Durante años cargaron un duelo agravado por la impunidad, el miedo, la extorsión y, no pocas veces, la indiferencia de instituciones que administraban expedientes mientras ellas enterraban personas irrepetibles. La justicia no consiste solo en capturar a un culpable: exige investigación individualizada, juicio, verdad sobre lo ocurrido, memoria, reparación posible y garantías de no repetición. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder reconoce acceso a la justicia, trato digno, restitución, indemnización y asistencia. Colocar estos derechos en el centro impide que las víctimas de las pandillas sean nuevamente desplazadas, esta vez por una discusión pública que solo mira al Estado y olvida la violencia que precedió a su respuesta.
La justicia debida a esas familias posee también una dimensión histórica. Sus muertos no pertenecen a un partido y no deben convertirse en cifras, consignas ni instrumentos de legitimación. El país tiene derecho a reinterpretar la genealogía de su violencia más allá de los relatos cerrados de izquierda, derecha, liberalismo, marxismo, militarismo o propaganda gubernamental. No se trata de sustituir una historia oficial por otra, sino de practicar una revisión historiográfica crítica, apegada a fuentes primarias, contrastada con la realidad nacional e internacional y consciente de los intereses que seleccionan qué hechos recordar. Desde una visión cristiana del mundo, ninguna víctima pierde dignidad por la identidad de su victimario. No todas las responsabilidades son equivalentes; pero ninguna vida puede borrarse para preservar la pureza de un relato. La verdad no autoriza la venganza y el perdón no exige amnesia.
Pero la política que derrota una emergencia no es necesariamente la institución adecuada para gobernar la normalidad. El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 después de una ola de asesinatos. El 26 de agosto de 2026 la Asamblea autorizó su quincuagésima cuarta prórroga. La persistencia modifica la naturaleza política de la medida. Lo que al inicio se justificaba por la urgencia debe justificarse ahora por resultados que no puedan obtenerse mediante instrumentos ordinarios, y esa demostración corresponde al Estado, no al detenido.
La mejora sostenida de los indicadores plantea un nuevo desafío: trasladar una respuesta nacida de la emergencia hacia instituciones ordinarias capaces de conservar la seguridad. Esa transición debe proteger la inteligencia criminal, la investigación financiera, el control penitenciario y la presencia territorial, mientras consolida la responsabilidad individual, la defensa efectiva, el control judicial y la prueba sometida a contradicción. No se trata de escoger entre seguridad y legalidad, sino de impedir que un logro excepcional dependa indefinidamente de mecanismos excepcionales.
El país debe acordar un mecanismo escalonado de salida. No se trata de fijar una fecha teatral y desarmar al Estado al día siguiente. Se trata de publicar indicadores de riesgo, revisar categorías de detenidos, priorizar expedientes con mayor debilidad probatoria, reforzar fiscalías y defensorías, crear jueces de revisión con recursos suficientes y establecer un calendario verificable para restablecer plenamente las garantías. La seguridad sostenible es la que puede sobrevivir al fin de la excepción.
3. El debido proceso como infraestructura de seguridad
El debido proceso suele presentarse como freno; en realidad es una tecnología institucional para reducir errores. Separa información de rumor, pertenencia de apariencia y colaboración criminal de proximidad territorial. Cuando la captura masiva sustituye esa función, el sistema gana velocidad, pero acumula una deuda de clasificación: personas correctamente detenidas, personas liberadas tarde, expedientes incompletos y familias incapaces de conocer la situación jurídica de sus miembros. Esa deuda termina pagándose en legitimidad, costo penitenciario y capacidad judicial.
El debido proceso no presupone que el Estado haya cometido abusos; es la infraestructura mediante la cual distingue responsabilidades, confirma la legitimidad de sus decisiones y corrige errores cuando estos quedan demostrados. Este artículo no tratará una denuncia, un testimonio anónimo o un informe institucional como prueba suficiente de una conducta estatal. Toda alegación deberá contrastarse con el expediente concreto, la documentación médica o forense disponible, la respuesta oficial y, cuando exista, la resolución judicial correspondiente. Una irregularidad probada exige investigación y reparación; una acusación no probada debe permanecer expresamente identificada como tal.
Criterio de prueba, credibilidad y responsabilidad pública
La transformación de la seguridad salvadoreña debe analizarse desde resultados verificables. Las estadísticas oficiales registran una reducción extraordinaria de los homicidios, numerosos días sin asesinatos, recuperación del control territorial y decenas de miles de capturas vinculadas al combate contra las pandillas. Estas cifras explican el respaldo ciudadano y, sobre todo, representan vidas salvadas, familias que dejaron de pagar extorsión y comunidades que recuperaron libertades elementales. Negar esta realidad para preservar una interpretación política sería intelectualmente deshonesto.
Durante los mismos años, organizaciones nacionales e internacionales han formulado denuncias contra actuaciones estatales. Su existencia constituye un hecho documental, pero no demuestra por sí misma la veracidad jurídica de cada acusación. Algunas de esas organizaciones no reaccionaron con igual energía cuando las pandillas asesinaban, desplazaban, reclutaban menores y sometían territorios enteros. Esa asimetría histórica no invalida automáticamente toda información que presenten, pero obliga a examinar su selección de casos, metodología, fuentes de financiamiento, lenguaje político, silencios anteriores y criterios para atribuir responsabilidades.
Este artículo no se suma a calificaciones penales internacionales que no hayan sido establecidas por una autoridad judicial competente. Expresiones como «crímenes de lesa humanidad», «política de exterminio», «persecución sistemática» o «ataque estatal contra la población civil» no deben presentarse como hechos consumados a partir de informes de organizaciones, audiencias públicas o testimonios anónimos. Son acusaciones que requieren identificación individual de víctimas y responsables, expedientes íntegros, peritajes, pruebas sometidas a contradicción y resolución judicial. El dramatismo del lenguaje nunca puede sustituir la carga de la prueba.
La prudencia tampoco significa negar anticipadamente que puedan haberse cometido errores o delitos individuales. Una muerte bajo custodia confirmada, una detención reconocida oficialmente como equivocada, una resolución judicial, una autopsia verificable o un expediente documentado deben estudiarse con seriedad. El Estado posee el deber de investigar cada acontecimiento concreto, pero ese deber no equivale a aceptar una acusación general contra toda su política de seguridad. La responsabilidad penal es personal y debe demostrarse caso por caso.
El Estado y sus funcionarios tienen derecho a responder, presentar datos, controvertir testimonios y exigir la misma rigurosidad probatoria que se demanda a cualquier otra parte. La transparencia fortalece esa defensa: estadísticas metodológicamente explicadas, registros penitenciarios confiables, expedientes accesibles conforme a la ley y resultados de investigaciones individuales permiten distinguir el hecho de la propaganda. De igual manera, quienes denuncian deben declarar sus métodos, limitaciones, intereses institucionales y posibles conflictos políticos.
Desde una visión cristiana, la justicia no puede edificarse mediante víctimas seleccionadas según la conveniencia ideológica. Las familias de quienes fueron asesinados, extorsionados, desaparecidos o desplazados por las pandillas no son un antecedente secundario: constituyen el centro moral desde el cual debe comprenderse la política de seguridad. Tampoco una persona inocente pierde su dignidad porque su caso resulte incómodo para el poder. La misma verdad protege a ambos, pero exige pruebas y responsabilidades concretas, no condenas colectivas.
El balance responsable reconocerá los logros estadísticos comprobables, examinará los acontecimientos documentados y mantendrá como hipótesis aquello que todavía no ha sido demostrado. No absolverá automáticamente al Estado, pero tampoco lo sentará en el banquillo mediante informes políticamente orientados. Entre la propaganda oficial y la acusación militante existe un territorio más exigente: el de la verdad verificable.
Este problema debe conectarse con la digitalización. Si bases de datos policiales desactualizadas, denuncias anónimas o perfiles territoriales alimentan sistemas automatizados, el error humano no desaparece: se multiplica con apariencia matemática. Antes de automatizar decisiones de riesgo, el Estado debe conocer la calidad, origen, fecha, tasa de error y mecanismos de corrección de sus datos. Una base corrupta produce una predicción elegante y falsa. El superchip no bautiza la evidencia.
4. Menos homicidios no equivalen a paz integral
El homicidio es un indicador decisivo porque mide la pérdida irreparable de vidas. Sin embargo, no mide por sí solo la calidad del empleo, la independencia judicial, la libertad de crítica, la confianza interpersonal, el acceso a salud, la seguridad alimentaria o la posibilidad de defenderse frente a una decisión estatal. Una paz integral exige que la persona pueda transitar sin miedo a la pandilla, trabajar sin resignarse a la precariedad y comparecer ante el poder sin ser tratada de antemano como culpable.
Existe aquí una paradoja casi surrealista y, al mismo tiempo, demoledoramente real. No es posible identificar con nombre propio a cada persona que habría sido asesinada si continuaba la trayectoria anterior; las vidas salvadas suelen ser estadísticamente invisibles porque aparecen como muertes que no ocurrieron. Sin embargo, detrás del descenso de homicidios hay hijos que regresaron a casa, comerciantes que dejaron de pagar con sangre, conductores que atravesaron fronteras antes prohibidas y jóvenes que no fueron reclutados ni sepultados. Esa realidad explica buena parte del apoyo ciudadano y debe ser reconocida sin ironía. Pero precisamente porque el resultado posee valor humano, no debe degradarse en licencia ilimitada: salvar vidas obliga a construir justicia ordinaria capaz de conservar lo alcanzado sin producir nuevas familias sacrificadas por el error, el abuso o la ausencia de debido proceso.
El balance económico confirma esta tensión. El crecimiento de 2025 y el mejor clima de seguridad abren oportunidades, pero El Salvador continúa siendo una economía pequeña y dolarizada, estrechamente vinculada a Estados Unidos. El Banco Mundial sitúa las remesas de 2025 en 27.5% del PIB; ILOSTAT estima que 59.5% del empleo es informal; y el diagnóstico del Banco Mundial subraya problemas persistentes de productividad, capital humano, resiliencia climática y acceso a empleos de calidad. Una nación no alcanza soberanía mientras una parte sustancial de su reproducción cotidiana depende de que sus ciudadanos produzcan valor en otro territorio.
Las remesas no deben ser culpabilizadas: son trabajo, afecto y responsabilidad de la diáspora. El problema es que su éxito familiar puede ocultar un fracaso productivo nacional. Funcionan como amortiguador de pobreza, sostienen consumo y estabilizan hogares; también pueden disminuir la presión inmediata para reformar el mercado laboral. Hirschman describió la tensión entre salida, voz y lealtad. En El Salvador, la emigración no extingue la voz: la diáspora continúa financiando, opinando y participando. El país debe reconocerla como actor político y de inversión, no como cajero automático transnacional.
5. El fin anunciado del TPS: la diáspora devuelta a la incertidumbre
El 12 de agosto de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comunicó que la designación del Estatus de Protección Temporal para El Salvador y sus beneficios estaban programados para terminar el 9 de septiembre. La formulación tiene consecuencias inmediatas porque el TPS protege frente a la remoción y permite trabajar legalmente, pero debe leerse con precisión. Al 2 de septiembre, la disposición específica localizada en el Registro Federal continúa siendo la extensión publicada el 17 de enero de 2025, que fijó aquella fecha de vencimiento; no se había localizado allí una nueva determinación final de terminación que resolviera todas las cuestiones procedimentales abiertas. Por eso lo responsable es hablar de un fin anunciado e inminente, rodeado todavía de incertidumbre jurídica y susceptible de litigio, acción administrativa o decisión legislativa, no de un acontecimiento enteramente consumado.
La dimensión humana impide reducir el asunto a una fecha migratoria. El aviso de 2025 calculó aproximadamente 232,000 beneficiarios salvadoreños elegibles para reinscribirse. Estimaciones posteriores de FWD.us sitúan en más de 170,000 a quienes mantenían efectivamente el TPS en 2026, alrededor de 152,000 dentro de la fuerza laboral y unos 150,000 hijos ciudadanos estadounidenses vinculados a esas familias. Las cifras no son idénticas porque una mide población potencialmente elegible y otra intenta estimar beneficiarios actuales; confundirlas produciría una seguridad estadística artificial. Ambas, sin embargo, describen una comunidad de enorme magnitud, asentada durante un cuarto de siglo, que ha criado hijos, comprado viviendas, abierto negocios, pagado impuestos y sostenido hogares en dos países.
La causa inmediata es una decisión de política migratoria de la Administración Trump dentro de una reducción más amplia de protecciones temporales. La causa profunda es anterior y más incómoda: un mecanismo creado como temporal después de los terremotos de 2001 terminó administrando durante veinticinco años una permanencia humana a la que el Congreso nunca dio una salida estable. Cada renovación permitió vivir y trabajar, pero no transformó por sí misma el tiempo acumulado, el arraigo ni la contribución social en residencia permanente. A esa precariedad jurídica se agregan la amplia discrecionalidad del Ejecutivo estadounidense, la polarización migratoria y el argumento de que las condiciones originales de El Salvador han cambiado. La recuperación de la seguridad salvadoreña, celebrada como éxito nacional, puede ser utilizada a la vez para sostener que la protección ya no es necesaria. Tal paradoja muestra cómo una victoria interna puede convertirse, en otra jurisdicción, en fundamento de vulnerabilidad para la propia diáspora.
El golpe potencial alcanza la supervivencia nacional porque la economía salvadoreña no está separada de sus ciudadanos en Estados Unidos. El Banco Mundial estimó que las remesas representaron 27.5% del PIB en 2025, mientras el Banco Central de Reserva registró US$5,924.8 millones entre enero y julio de 2026. No existe base seria para atribuir todo ese flujo a los titulares del TPS, y hacerlo inflaría el argumento; pero tampoco puede negarse que perder autorización de empleo, descender hacia trabajos informales o ser obligado a retornar reduce la capacidad de enviar dinero. El efecto comienza antes de una deportación: familias que ahorran para abogados, liquidan activos con pérdida, reducen consumo, suspenden inversiones o dejan de enviar la misma cantidad por miedo a perder el trabajo. En El Salvador esa contracción puede sentirse en alimentación, medicamentos, matrículas, vivienda, pequeños comercios, agricultura familiar, pago de deudas y capacidad municipal, precisamente allí donde la remesa funciona como una política social privada financiada por el trabajo exterior.
El retorno, si llega a producirse en escala significativa, tampoco será el simple regreso de brazos disponibles. Llegarán personas con competencias laborales, capital, idiomas, disciplina productiva y redes comerciales que podrían enriquecer al país; también llegarán hogares partidos, adultos que ya no reconocen plenamente el territorio de su infancia, personas con enfermedades crónicas, obligaciones hipotecarias, hijos que solo conocen la escuela estadounidense y familias obligadas a escoger quién se queda y quién regresa. El mercado laboral salvadoreño, donde la informalidad ya domina a la mayoría de trabajadores, tendría que absorber experiencia sin degradarla. Si el ingeniero termina subempleado, el pequeño empresario pierde su ahorro en trámites, la enfermera no logra acreditar su formación o el hijo ciudadano es separado de sus padres, la nación no habrá recuperado población: habrá importado desarraigo.
Aquí aparece el vínculo con la masa crítica. El fin del TPS no produce mecánicamente una rebelión ni permite anunciar una catástrofe determinada. Puede, sin embargo, superponer presiones que hasta ahora permanecían dispersas: caída o incertidumbre de remesas, retorno laboral, encarecimiento de vivienda, demanda adicional sobre escuelas y servicios de salud, familias divididas, frustración de quienes regresan y ansiedad de quienes dependen de ellos. Cuando esas cargas recaen sobre comunidades que ya padecen informalidad, pobreza, centralización de recursos y escasa voz institucional, el agravio privado comienza a adquirir conciencia colectiva. La masa crítica no nace únicamente del hambre; nace cuando muchas personas descubren que su pérdida tiene una causa común, que las salidas individuales se cierran y que el sistema carece de una vía creíble para escuchar, corregir y reparar.
El Estado salvadoreño no parte de cero. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029, desarrollado con apoyo de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, la OIM y el BID. Cancillería ha informado sobre coordinación interinstitucional, atención inmediata, apoyo económico, formación e iniciativas productivas; en julio de 2026 volvió a fortalecer la cooperación con la OIM. También existen acuerdos de capacitación y mecanismos de movilidad humana. Son pasos reales y deben reconocerse. Pero un plan general para retornados no equivale todavía a demostrar capacidad frente a una contingencia que podría involucrar a decenas o centenares de miles de personas con perfiles familiares y patrimoniales extraordinariamente complejos.
La pregunta decisiva es si esa preparación posee escala, presupuesto, territorialidad y transparencia. La OIM registró 15,003 retornos salvadoreños en 2024 y advirtió que los cambios en la política migratoria estadounidense podían aumentar fuertemente la presión sobre las capacidades nacionales. Una población TPS incluso en el extremo menor de las estimaciones supera muchas veces ese flujo anual. El Gobierno necesita publicar escenarios de retorno, inventario de albergue temporal, capacidad sanitaria, cupos escolares, mecanismos de homologación profesional, fondos de capital semilla, municipios receptores y responsables concretos. También debe separar reintegración de seguridad: quien retorna no puede ingresar automáticamente a una categoría de sospecha, ni sus datos consulares, migratorios o biométricos convertirse en alimento de vigilancia sin finalidad legal, límites y posibilidad de corrección.
La ciudadanía y la diáspora también se preparan, aunque de manera desigual. Organizaciones como la Alianza Nacional del TPS, redes comunitarias y entidades de asistencia jurídica han sostenido defensa pública, información y revisión de alternativas migratorias. Cada familia necesita una evaluación individual por profesionales autorizados en Estados Unidos, porque el TPS no agota todas las situaciones posibles y ninguna recomendación general sustituye el expediente concreto. Al mismo tiempo deben ordenarse documentos civiles, poderes, custodia y escolaridad de los hijos, títulos, certificaciones laborales, cuentas, impuestos, viviendas, empresas, seguros, historias clínicas y planes de cuidado. Prepararse no significa aceptar dócilmente la terminación; significa impedir que la incertidumbre destruya en semanas lo construido durante décadas.
Las soluciones deben operar en ambos países y en varios tiempos. En Estados Unidos corresponde insistir diplomáticamente en una extensión o nueva decisión protectora, apoyar el control judicial de la legalidad procedimental y reclamar al Congreso una vía de regularización para personas cuyo arraigo prolongado convirtió lo temporal en una forma de vida. En El Salvador se necesita una unidad de contingencia específica para el TPS, asistencia consular y jurídica verificable, un registro voluntario de capacidades, reconocimiento acelerado de estudios y oficios, intermediación laboral antes del retorno, crédito sin favoritismo, incentivos para trasladar empresas, continuidad de tratamientos médicos, incorporación escolar flexible y financiamiento directo a municipios receptores. Las universidades pueden homologar y actualizar competencias; las empresas, reservar rutas transparentes de contratación; las cooperativas, canalizar ahorro y capital productivo; y la Iglesia, mediante diócesis y parroquias, organizar acogida, información, acompañamiento espiritual, redes de empleo y protección de familias divididas.
Desde una perspectiva católica militante, la respuesta no puede medir al migrante únicamente por los dólares que envía. La remesa importa, pero antes que remitente existe una persona; antes que fuerza laboral, un padre, una madre, un hijo y una historia. El derecho a buscar sustento fuera de la patria se relaciona con el derecho a encontrar dentro de ella condiciones que no obliguen a partir. La unidad familiar, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad impiden que dos Estados descarguen sobre hogares concretos el costo de decisiones tomadas por encima de ellos. Ser aliado de Estados Unidos no exige guardar silencio ante una medida que puede lesionar a cientos de miles de salvadoreños; defender a los propios tampoco exige negar el derecho estadounidense a ordenar su política migratoria. Exige diplomacia adulta, verdad jurídica y una defensa firme de la dignidad humana.
El peligro último sería recibir a los retornados bajo una nueva forma de higienismo social: clasificarlos como fracasados, deportados, competidores incómodos o población administrable; aprovechar su capital mientras se desprecia su desarraigo; seleccionar a los más útiles y abandonar a quienes llegan enfermos, envejecidos o empobrecidos. Allí la reintegración se volvería depuración. Los sin voz de san Óscar Romero incluirían entonces a quienes sostuvieron durante décadas la vida nacional desde fuera y, al dejar de ser funcionales al orden migratorio estadounidense, descubrieran que tampoco tienen lugar digno dentro de su patria. Evitarlo no es caridad residual. Es una cuestión de soberanía, justicia y supervivencia nacional.
6. Masa crítica social: concepto analítico, no profecía
La expresión masa crítica debe ser depurada de su tono apocalíptico. En la teoría de los umbrales de Mark Granovetter, la conducta colectiva depende de cuántas personas necesitan ver actuar a otras antes de sumarse. Dos sociedades con igual número de inconformes pueden producir resultados distintos si la distribución de esos umbrales cambia. Timur Kuran añadió que la falsificación de preferencias —callar en público lo que se piensa en privado— vuelve sorprendentes algunas rupturas políticas: una señal pequeña revela de pronto que el descontento no era individual. Sidney Tarrow, por su parte, mostró que la movilización depende de oportunidades, restricciones, repertorios y redes, no solo de agravios.
Aplicado a El Salvador, el concepto no autoriza a anunciar una guerra civil. Para hablar de zona de preguerra se necesitarían organizaciones armadas capaces de sostener operaciones, fracturas en las fuerzas de seguridad, pérdida territorial del Estado, circulación organizada de armas y violencia política colectiva reiterada. Las fuentes examinadas no demuestran actualmente ese cuadro. Sí permiten identificar ingredientes de presión: expectativas elevadas, precariedad económica, temor a la arbitrariedad, cierre de canales de impugnación, emigración y una esfera digital que acelera la circulación de testimonios.
La masa crítica puede resolverse de muchos modos. Puede desembocar en reforma, apatía, salida migratoria, protesta pacífica, acomodación o radicalización. Lo decisivo es la capacidad institucional para convertir agravio en información y conflicto en corrección. Un sistema que escucha temprano necesita menos coerción tarde. Las instituciones deben abrir mecanismos de voz precisamente para impedir que el silencio sea confundido con consentimiento ilimitado.
En medio de esta tensión se encuentra una gran masa crítica social capaz de generar violencia y muerte, pero también de impedirlas. Está formada, en parte, por personas que se adhirieron de buena fe a figuras y proyectos porque habían padecido abandono, corrupción, inseguridad y promesas incumplidas. Algunas reconocen ahora que existe un problema de enorme magnitud, pero todavía no encuentran un lenguaje común ni una vía de acción que no las obligue a renegar de los logros que valoran. Ridiculizarlas o declararlas cómplices cerraría la posibilidad de corrección. Esa fuerza social en crisis puede descender hacia resentimiento, conspiración y ruptura, o convertirse en solución urgente si logra transformar lealtad personal en responsabilidad nacional, silencio en deliberación, desencanto en organización y miedo en exigencia pacífica de verdad. La masa crítica no es únicamente amenaza: es energía moral y política todavía disponible para reconstruir mediaciones.
Una sociedad estable no es aquella en la que nadie protesta; es aquella en la que protestar, impugnar y corregir siguen siendo alternativas racionales frente a la violencia o la fuga.
7. Perfilamiento, territorio y prescindibilidad social
Las fuentes disponibles documentan con mayor claridad el perfilamiento territorial y socioeconómico que una discriminación racial sistemáticamente medida. En barrios históricamente controlados por pandillas, el domicilio, la edad, la apariencia, los vínculos familiares o la imposibilidad de contratar defensa pueden operar como sustitutos imperfectos de la prueba. Esta sustitución es peligrosa incluso cuando captura a culpables, porque crea una regla que también puede atrapar a inocentes y que resulta difícil impugnar desde la pobreza.
No existe evidencia suficiente en el corpus revisado para afirmar una política estatal declarada de exterminio. Esa palabra implica intención organizada de destrucción física y exige un umbral probatorio especialmente alto. La categoría de prescindibilidad social es más rigurosa para describir otra posibilidad: grupos cuyo sufrimiento, salud, tiempo y derechos parecen tener menor peso en la función de decisión pública. La prescindibilidad puede expresarse sin una orden explícita, mediante expedientes que no avanzan, muertes que no se investigan, territorios que no se conectan y generaciones para las cuales emigrar es la única política de movilidad.
La IA puede corregir o endurecer esa jerarquía. Bien utilizada, identifica carencias, mejora asignación de recursos y acerca servicios a zonas olvidadas. Mal utilizada, convierte desigualdades históricas en variables predictivas y luego presenta el resultado como neutral. Si un municipio pobre tiene más detenciones porque fue más vigilado, un modelo entrenado con esas detenciones aprenderá a vigilarlo todavía más. La retroalimentación algorítmica puede fabricar la realidad que pretende describir.
Demografía, autoidentificación y poder: quién cuenta y quién queda fuera
Las categorías demográficas no son simples casillas. Permiten reconocer comunidades, distribuir recursos, diseñar políticas y medir desigualdades; también pueden fijar identidades desde fuera, ocultar mezclas, imponer fronteras artificiales o convertir la pertenencia en instrumento de competencia política. El VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024, conducido por el Banco Central de Reserva, ofrece la base oficial más reciente. Sus resultados deben leerse como autoidentificación declarada bajo una metodología y un contexto determinados, no como mapa biológico de la nación ni inventario definitivo de sus memorias culturales.
Autoidentificación indígena y afrodescendiente en el Censo 2024
| Categoría | Personas | Porcentaje o relación |
|---|---|---|
| Población total censada | 6,029,976 | 100% |
| Personas autoidentificadas como indígenas | 68,148 | 1.13% de la población nacional |
| — Pueblo Nahua-Pipil | 29,445 | 43.21% del total indígena; 0.49% nacional |
| — Otros pueblos, categorías y respuestas | 38,703 | 56.79% del total indígena; 0.64% nacional |
| Personas que declararon hablar náhuat | 1,135 | 0.019% nacional; la división simple equivale a 1.67% del total indígena, aunque ambas preguntas pueden tener universos distintos |
| Personas autoidentificadas como afrodescendientes | 25,690 | 0.43% de la población nacional |
| Resto aproximado, solo si ambas categorías fueran excluyentes | 5,936,138 | 98.44%; cálculo derivado, no cifra oficial independiente |
La comparación con 2007 exige cautela. Entonces se registraron 13,310 personas indígenas —alrededor de 0.2%— y 7,441 afrodescendientes —cerca de 0.1%—. El aumento hasta 2024 no prueba por sí solo un crecimiento demográfico extraordinario. Refleja cambios en la pregunta, la autoidentificación, el clima cultural y la disposición a declarar una pertenencia antes ocultada. Organizaciones indígenas consultadas por Infodemia, entre ellas el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, anunciaron que cuestionarían los resultados ante la PDDH por posible subregistro y por falta de participación suficiente en el levantamiento. Esa objeción es una alegación documentada de las organizaciones, no una resolución de la Procuraduría ni una refutación estadística ya demostrada.
El dato lingüístico revela una fractura todavía más profunda. Que solo 1,135 personas declararan hablar náhuat no mide únicamente competencia idiomática: remite a generaciones en las que hablar, vestir o reconocerse como indígena pudo significar exposición, humillación o peligro. Después de 1932, el silencio fue para muchas familias una forma de supervivencia. Por eso el censo registra tanto presencia como memoria del miedo. La pregunta no es únicamente cuántos indígenas existen, sino cuántos pudieron reconocerse sin temor y cuántas formas de herencia fueron obligadas a desaparecer de la vida pública.
Referencia histórica internacional basada en datos de 2007
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Mestizo | 86.3% |
| Blanco | 12.7% |
| Indígena | 0.2% |
| Negro | 0.1% |
| Otros | 0.6% |
Esta clasificación, difundida por la edición histórica de The World Factbook con base en datos de 2007, no debe superponerse al Censo 2024. “Mestizo”, “blanco”, “indígena” y “negro” condensan historias y mezclas que no se capturan del mismo modo mediante apariencia, ascendencia o autoidentificación. La suma alcanza 99.9% por redondeo. Su utilidad es retrospectiva: muestra el lenguaje clasificatorio de otra medición y permite observar cuánto cambia una población cuando cambia la pregunta.
Comunidades sin cuantificación censal específica
| Grupo o ascendencia | Estimación disponible | Calidad y límite |
|---|---|---|
| Palestina | Alrededor de 100,000 personas | Estimación secundaria publicada; sin pregunta censal específica |
| Árabe-levantina en conjunto | 100,000–200,000 | Rango ampliamente reproducido, de alta incertidumbre y con posible superposición entre ascendencias |
| Libanesa | 15,000–27,000 | Estimaciones comunitarias no censales; no deben sumarse automáticamente al rango anterior |
| Alemana | Sin cifra nacional actual verificable | Las referencias históricas regionales no permiten calcular descendencia contemporánea |
| Italiana | Sin cifra cuantificada | Presencia histórica sin medición censal específica |
| China | Sin cifra cuantificada | Comunidad descrita como pequeña y dispersa; no existe base suficiente para asignar porcentaje |
| Judía, asquenazí o sefardí | Sin cifra cuantificada | Presencia histórica y comunitaria sin estimación nacional robusta |
La estimación cercana a 100,000 personas de ascendencia palestina aparece en estudios y reconstrucciones históricas del Institute for Palestine Studies. Los rangos mayores para el conjunto árabe-levantino y los atribuidos específicamente a la descendencia libanesa carecen de una base censal común, pueden contener dobles conteos y no deben transformarse en cuotas rígidas de representación. La ausencia de cifras para comunidades alemanas, italianas, chinas o judías tampoco significa inexistencia. Significa, con más modestia y rigor, que no sabemos cuántas personas se reconocen hoy mediante esas ascendencias.
Diáspora salvadoreña y clasificación racial estadounidense
| Autoidentificación racial en Estados Unidos | Porcentaje entre personas de origen salvadoreño, 2010 |
|---|---|
| Alguna otra raza | 50.5% |
| Blanco solamente | 40.2% |
| Dos o más razas | 6.9% |
| Indígena americano o nativo de Alaska | 1.1% |
| Negro o afroamericano | 1.0% |
| Asiático | 0.3% |
| Nativo hawaiano u otras islas del Pacífico | 0.1% |
Estos datos proceden de tabulaciones del Censo de Estados Unidos de 2010 y pueden sumar 100.1% por redondeo. No describen la composición étnica de quienes residían en El Salvador, sino la manera en que la población de origen salvadoreño respondió dentro de un sistema racial estadounidense que separa origen hispano de raza. El 50.5% situado en “alguna otra raza” demuestra precisamente el desajuste entre experiencia histórica e instrumentos clasificatorios: cuando la casilla no contiene la identidad, el ciudadano termina habitando estadísticamente un “otro”.
El acceso al poder tampoco se deduce mecánicamente del tamaño de cada comunidad. Minorías numéricas pueden alcanzar influencia económica, cultural o política considerable; mayorías sociales pueden permanecer sin voz efectiva. Una democracia se vuelve cuestionable cuando reconoce formalmente el voto pero restringe materialmente la ciudadanía mediante pobreza, miedo, clientelismo, monopolios, barreras educativas o distribución partidaria de oportunidades. Entonces la clasificación étnica puede servir para reparar exclusiones, pero también para fabricar intermediarios oficiales, repartir legitimidades y determinar quién tiene permiso para hablar en nombre de quién.
Este es uno de los puntos donde el higienismo social conserva actualidad. El poder primero nombra, después clasifica y finalmente decide qué conducta, memoria o población considera saludable para el proyecto nacional. El indígena puede ser folclorizado sin recibir tierra, educación bilingüe ni capacidad de decisión; el afrodescendiente puede ser celebrado simbólicamente mientras continúa invisible en políticas públicas; el mestizo puede ser reducido a categoría residual; y una comunidad económicamente influyente puede ser convertida en sospechosa por su origen. La ciudadanía se restringe cuando el reconocimiento depende de aceptar la identidad administrada por el poder.
El llamado “racismo inverso” requiere una precisión que el combate ideológico suele evitar. Cualquier persona o grupo puede despreciar, excluir o discriminar racialmente a otro, y todo racismo es incompatible con la dignidad humana. Pero no toda hostilidad posee el mismo alcance institucional ni la misma herencia histórica. Negar las asimetrías reales falsifica la historia; convertirlas en culpa hereditaria falsifica a la persona. La antropología cristiana rechaza tanto la supremacía antigua como la inversión vengativa de la jerarquía: nadie nace moralmente superior por su sangre y nadie nace culpable por la sangre de sus antepasados.
Cuando la cosmovisión cristiana de Occidente se rompe, la fraternidad puede ser sustituida por un mercado de identidades irreconciliables. El prójimo deja de ser imagen de Dios y pasa a ser representante obligatorio de una raza, una deuda o una amenaza. La reparación justa se transforma entonces en revancha, y la igualdad en competencia por administrar al adversario. Reconocer el pecado histórico es necesario; eternizarlo como esencia biológica reproduce aquello que se pretendía vencer. La nación solo puede integrar sus diferencias si la dignidad precede a la categoría y si la memoria sirve para impedir la repetición, no para fabricar enemigos hereditarios.
De la pobreza espiritual y material al país-cárcel
La delincuencia no nace automáticamente de la pobreza. La inmensa mayoría de las personas pobres sostiene a sus familias, trabaja, crea comunidad y resiste sin destruir al prójimo. Confundir pobreza con peligrosidad sería otra forma de higienismo social. Sin embargo, la pobreza material puede elevar el riesgo de violencia cuando se combina con abandono familiar, exposición temprana al maltrato, deserción escolar, falta de trabajo digno, consumo destructivo de alcohol o drogas, trauma no tratado, impunidad y presencia de organizaciones capaces de ofrecer protección, ingreso e identidad. El delito sigue siendo un acto de libertad y responsabilidad personal, pero la libertad se ejerce dentro de condiciones que pueden fortalecerla o sitiarla.
Hablar de “cultura de la pobreza” exige precisión, porque el concepto puede iluminar mecanismos de reproducción o convertirse en una coartada para culpar al pobre. Oscar Lewis describió pautas que pueden consolidarse bajo pobreza prolongada; investigaciones posteriores, como la revisión de Small, Harding y Lamont, han insistido en que cultura y estructura deben analizarse juntas. En este ensayo la expresión no designa una esencia moral de los sectores populares. Nombra hábitos de supervivencia, expectativas reducidas y respuestas aprendidas que, nacidas bajo abandono y escasez, pueden terminar perpetuando aquello de lo que intentaban defenderse. La falta de oportunidades no elimina la libertad, pero puede estrechar su horizonte; la responsabilidad personal no desaparece, aunque tampoco absuelve a las estructuras que premian la resignación, la dependencia o la depredación.
Dentro de esa degradación puede instalarse el culto a la ley del menor esfuerzo y a la astucia del supuesto “más animal”: triunfar no por trabajar mejor, servir o crear, sino por engañar primero, intimidar más, apropiarse del esfuerzo ajeno o descubrir cómo incumplir sin recibir castigo. La expresión misma delata una antropología envilecida, porque presenta como superior a quien se aproxima más a la fuerza bruta y se libera del deber hacia el prójimo. Pero sería falso atribuir este vicio únicamente a los pobres. Se manifiesta en la pandilla que extorsiona, en el comerciante que defrauda, en el profesional que vende su criterio, en el académico que acomoda la verdad, en el funcionario que cobra por un derecho y en el dirigente que convierte la política en negocio familiar. La pobreza material puede favorecer ciertos mecanismos de supervivencia; la pobreza espiritual permite que los mismos mecanismos asciendan hasta las élites y sean rebautizados como habilidad, estrategia o éxito.
Las raíces salvadoreñas son más antiguas que las pandillas y más antiguas también que la guerra civil. Deben buscarse, por lo menos, en la reorganización liberal-positivista iniciada durante las últimas décadas del siglo XIX, cuando la extinción de tierras comunales y ejidales, la expansión de la economía cafetalera y la concentración del poder alteraron las formas tradicionales de propiedad, pertenencia y autoridad. La sociedad comenzó a ser tratada como un cuerpo susceptible de clasificación técnica: había poblaciones útiles al progreso y otras descritas como atrasadas, insalubres, ignorantes o peligrosas. No toda reforma fue concebida con intención destructiva ni todo cambio económico fue ilegítimo; el problema apareció cuando el bien abstracto del progreso permitió subordinar personas y comunidades concretas. El despojo, la ciudadanía restringida y la respuesta coercitiva al conflicto enseñaron durante generaciones que la fuerza podía sustituir al derecho. La matanza de 1932 no surgió de un vacío: llevó al extremo una gramática de exclusión ya incubada y dejó una pedagogía del miedo, del silencio y de la minimización del indígena y del campesino.
La guerra civil no inauguró esa escuela de violencia: la heredó, la ideologizó y la llevó a una nueva escala. Militarización, reclutamiento, asesinatos, desapariciones, desplazamiento y destrucción familiar extendieron el trauma mucho más allá de quienes portaron armas. Las ideologías enfrentadas disputaron el control del Estado, pero ninguna queda dispensada de examen cuando convierte al ser humano en medio para alcanzar una finalidad histórica. Tampoco el cierre negociado de la guerra puede erigirse en tribunal exclusivo de la memoria nacional. Buena parte del pasado salvadoreño ha sido juzgado desde categorías de izquierda, filomarxistas o centradas casi exclusivamente en el conflicto del siglo XX; esas lecturas pueden contener hechos atendibles, pero resultan insuficientes cuando comienzan demasiado tarde y dejan fuera la matriz liberal-positivista que reorganizó tierra, trabajo, ciudadanía, educación, higiene y coerción desde finales del siglo XIX. La verdad histórica exige examinar todas las responsabilidades y también los silencios de quienes llegaron a administrar el relato de la paz.
El cese de la confrontación armada modificó las reglas políticas, pero no curó automáticamente la desigualdad, la precariedad urbana, la fractura familiar, la debilidad educativa ni la descomposición comunitaria. La emigración separó hogares y sostuvo económicamente al país al mismo tiempo. Después, las deportaciones desde Estados Unidos devolvieron a jóvenes socializados en pandillas de Los Ángeles a comunidades pobres que carecían de programas suficientes de recepción, empleo, tratamiento y reinserción. Los estudios empíricos sobre migración y violencia sirven aquí para establecer procesos concretos, no para imponer una interpretación ideológica de toda la historia nacional. Las deportaciones agravaron problemas acumulados y dejaron a numerosos retornados fuera de la economía legal; la pandilla ofreció entonces una pertenencia torcida allí donde familia, escuela, mercado, Iglesia, comunidad y Estado habían dejado un vacío.
Vista en larga duración, esta secuencia revela un eje antropológico: desde el positivismo liberal hasta los proyectos revolucionarios, la tecnocracia de posguerra y ciertas formas contemporáneas de modernización, avanza la tentación de un antropocentrismo cada vez más radical y anticristiano. No significa que todas esas etapas sean idénticas ni que sus actores compartan un mismo programa; significa que, al expulsar a Dios del horizonte público y negar un orden moral anterior al poder, el ser humano termina atribuyéndose la facultad de definir qué vidas son útiles, atrasadas, enemigas o prescindibles. Lo anticristiano no se manifiesta únicamente en el discurso anticlerical: alcanza su expresión más profunda cuando se niega en la práctica que cada prójimo es imagen y semejanza de Dios. Entonces la nación, la revolución, el mercado, la seguridad o la tecnología pueden convertirse en absolutos que reclaman sacrificios humanos mientras llaman progreso a la exclusión.
Ese vacío no fue mera ausencia estatal. En numerosos territorios hubo instituciones débiles, corrupción, policías sin recursos o infiltradas, justicia lenta, empresas que aceptaron la extorsión como costo y partidos que administraron el miedo como capital electoral. Las pandillas construyeron fronteras, tributación criminal, códigos, castigos y formas de autoridad paralela. El país no despertó de pronto dentro de una pesadilla: descendió por escalones. Cada homicidio impune, cada niño expulsado de la escuela, cada padre ausente sin sustitución comunitaria, cada empleo cerrado por el domicilio y cada pacto opaco con estructuras criminales aproximaron el siguiente escalón.
Las sucesivas políticas de mano dura respondieron a una demanda legítima de protección, pero privilegiaron captura, exhibición y aumento de penas sobre prevención, investigación y rehabilitación. Las cárceles saturadas permitieron que las estructuras criminales consolidaran jerarquías, identidad y comunicación. El Estado encarcelaba individuos mientras la organización aprendía a gobernar desde el encierro. Cuando esa estrategia fracasaba, la respuesta política consistía con frecuencia en endurecerla, porque reconocer el error tenía mayor costo electoral que repetirlo.
La pobreza espiritual completa esta genealogía. No significa simplemente ausencia de práctica religiosa, ni permite medir la fe ajena desde una estadística. Es la pérdida social de verdad, responsabilidad, paternidad, autoridad legítima, fraternidad, arrepentimiento, perdón y sentido del límite. Aparece cuando el dinero convierte al otro en mercancía, el resentimiento lo convierte en enemigo, el partido lo convierte en número, la pandilla lo convierte en territorio y el Estado lo convierte en expediente. Allí donde ya no se contempla la imagen de Dios en el prójimo, la vida puede ser extorsionada, mutilada, ejecutada o confinada como si se administrara una cosa.
¿Qué se necesitó para descender hasta el abismo que convirtió a El Salvador en referencia mundial del encarcelamiento? Fue necesario que durante generaciones fallaran simultáneamente familia, escuela, economía, justicia, partidos, élites, comunidades y conciencia moral; que el pobre fuera abandonado antes de ser temido; que el joven fuera estadística antes de ser vocación; que el delito se volviera gobierno territorial; y que la ciudadanía, agotada por décadas de terror, aceptara entregar garantías a cambio de una protección que las instituciones ordinarias no habían sabido ofrecer. La cárcel masiva no creó el abismo. Fue la respuesta extrema de una sociedad que llegó tarde a casi todas las prevenciones.
El World Prison Brief estimó para marzo de 2024 una tasa de 1,659 personas encarceladas por cada 100,000 habitantes, una población penitenciaria de 109,519 y una ocupación de 162.8%. Es una base comparativa externa, fechada y no equivalente a un registro oficial salvadoreño actualizado; por ello no demuestra por sí misma ilegalidad, abuso ni responsabilidad institucional. Su utilidad consiste en dimensionar el fenómeno y señalar la conveniencia de contar con estadísticas nacionales completas, comparables y metodológicamente explicadas.
Sería injusto negar que el régimen de excepción respondió a una realidad criminal intolerable y produjo una reducción extraordinaria de homicidios y dominio territorial. También sería un error convertir el encierro masivo en identidad nacional, producto de exportación o sustituto permanente de la justicia. Un país verdaderamente seguro no es aquel que puede construir más celdas, sino aquel que necesita cada vez menos porque reconstruye autoridad familiar, escuela, trabajo, parroquia, comunidad, investigación criminal, reparación y debido proceso. La victoria superior no consiste únicamente en capturar al victimario: consiste en impedir que la próxima generación necesite convertirse en victimaria o víctima.
8. Modernización, centralización e higienismo social: los mártires que no sangran
La centralización de funciones fundamentales no es mala por definición. En un país pequeño puede corregir duplicidades, elevar estándares, concentrar talento escaso, coordinar emergencias y permitir inversiones que ninguna entidad aislada podría sostener. El error comienza cuando esas ventajas administrativas son convertidas en una presunción de superioridad política: si el centro sabe, financia, contrata, registra, vigila y sanciona, toda autonomía local o profesional empieza a parecer ineficiencia. La pregunta equilibrada no es centralización sí o no, sino qué debe coordinar el Estado, qué debe proteger, qué debe dejar crecer y qué poder jamás debería reunir sin contrapeso.
La cuestión alcanza a todo el espectro social. El comerciante que no puede competir con una concentración favorecida; el pequeño productor que pierde acceso a tierra, agua, crédito o mercado; el profesional cuya independencia queda subordinada a una autorización discrecional; el académico que aprende a investigar solo aquello que no incomoda; el funcionario seleccionado por lealtad partidaria antes que por competencia; la comunidad religiosa o territorial cuya voz se tolera mientras no contradiga el relato oficial: todos ocupan posiciones distintas, pero pueden experimentar una misma reducción de ciudadanía. El tejido social no se destruye únicamente cuando se prohíbe una asociación. También se destruye cuando sus miembros conservan el nombre y pierden las condiciones materiales para actuar.
En Ciudadanía e higienismo social en El Salvador, 1880-1932, Mario Daniel Ernesto Oliva Mancía propuso la categoría de higienismo social para interpretar una racionalidad médico-política que lee la sociedad como cuerpo, identifica sectores como patologías y transforma el diagnóstico en disciplina, ley y coerción. La historiografía posterior ha reconocido la novedad de esta articulación entre salubridad, violencia, formación de ciudadanía y modernidad liberal. Su traslado al presente no debe ser mecánico: la historia no se repite con los mismos actores ni instrumentos. Pero la gramática puede sobrevivir cuando la población que no se adapta al proyecto es descrita como obstáculo que debe ser saneado, reubicado, neutralizado o simplemente dejado atrás.
Esta categoría es distinta, aunque comunicante, con la limpieza social y la necropolítica. El higienismo social proporciona la clasificación y el lenguaje de la cura; la limpieza social designa prácticas históricamente comprobadas de eliminación, expulsión o terror contra grupos señalados como indeseables; la necropolítica de Achille Mbembe interroga el poder que distribuye exposición a la muerte y produce mundos en los que determinadas vidas parecen valer menos. Ninguno de estos conceptos demuestra por sí mismo que una institución estatal actual ejecute una política de esa naturaleza. Su aplicación al presente exigiría hechos comprobados, intención identificable, víctimas determinadas, cadena de responsabilidad y evidencia suficiente. En este artículo funcionan como categorías filosóficas de vigilancia y análisis, no como acusaciones penales contra el Estado salvadoreño.
La forma contemporánea más difícil de reconocer no siempre derrama sangre en público. Hay personas y comunidades que se extinguen mediante quiebras, migración forzada por falta de horizonte, pérdida de oficio, desplazamiento territorial, cierre de asociaciones, subordinación profesional o silencio académico. Son los mártires que no sangran: no porque todo padecimiento económico equivalga al martirio en sentido teológico, sino porque existen fidelidades, memorias y formas de vida que mueren sin entrar en las estadísticas de violencia. En la tradición profética de san Óscar Romero, ser voz de quienes no tienen voz exige escuchar también a quienes carecen de poder para convertir su desaparición en noticia.
La infiltración partidista del desarrollo acelera esta desarticulación. Cuando el acceso a contratos, crédito, cargos, permisos, información o infraestructura depende de adhesión o cercanía, la política deja de orientar el bien común y coloniza la cooperación social. El ciudadano ya no se relaciona con la institución por derecho, sino por pertenencia; el adversario político deja de ser interlocutor y se convierte en cuerpo extraño. El resultado puede ser un Estado más centralizado y, paradójicamente, una nación más débil, porque la capacidad pública sustituye en vez de fortalecer las capacidades familiares, municipales, empresariales, universitarias y comunitarias.
La doctrina social católica ofrece aquí un criterio más exigente que la mera alternancia partidaria. La dignidad humana no depende de utilidad, productividad, conducta pasada, pobreza o ubicación política; Dignitas infinita la afirma más allá de toda circunstancia. El bien común no es la suma de indicadores favorables, sino el conjunto de condiciones que permite a personas y comunidades alcanzar su perfección. Y la subsidiariedad, formulada con especial claridad en Quadragesimo anno y desarrollada por el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, prohíbe que una instancia superior absorba aquello que los cuerpos menores pueden realizar, al tiempo que le exige ayudarlos cuando carecen de medios. Un catolicismo militante no sacraliza al Estado ni abandona a la sociedad al mercado: juzga a ambos desde la persona creada a imagen de Dios.
El problema antropológico: cuando el prójimo se convierte en medio
Aquí se encuentra el fundamento último de la discusión. Si una propuesta de integración nacional parte de una antropología que prescinde de la condición creada, relacional y trascendente de la persona, puede formular soluciones técnicamente refinadas y, sin embargo, conservar intacto el error que pretende superar. No toda filosofía no cristiana conduce por necesidad a la violencia, ni todo lenguaje cristiano garantiza justicia; la historia impide semejante simplificación. Pero cuando se niega una dignidad anterior al Estado, al mercado, al partido y a la utilidad, la persona queda sin una defensa absoluta frente al cálculo del poder. Aquello que no produce, no obedece, no encaja o no sirve puede ser tratado como costo de transición. El prójimo deja entonces de ser alguien y se convierte en un medio.
Buena parte del reformismo que acompañó la modernización de finales del siglo XIX confió en que el orden, la ciencia positiva, la higiene, la expansión del mercado y la administración centralizada podían rehacer la sociedad desde arriba. Había en ese impulso bienes reales: combatir enfermedades, comunicar territorios, ampliar la educación, profesionalizar funciones y elevar la producción. El problema apareció cuando el proyecto confundió racionalización con superioridad humana y convirtió al campesino, al indígena, al pobre, al disidente o al pequeño productor en residuo de una nación imaginada por otros. El ropaje contemporáneo puede ser digital, financiero, sanitario o tecnológico, pero la estructura moral reaparece cada vez que el progreso se atribuye el derecho de seleccionar qué formas de vida merecen continuar.
En ese punto el higienismo social se comunica con la necropolítica. El primero clasifica el cuerpo colectivo, establece normalidades y señala aquello que debe corregirse; la segunda permite comprender cómo el poder distribuye protección, abandono y exposición a la muerte. El exterminio no comienza siempre con la orden de matar. Puede comenzar cuando una política acepta de antemano que determinados grupos cargarán con la quiebra, el desempleo, el desarraigo, la pérdida del oficio, la emigración o el silencio como precio inevitable de una finalidad declarada buena. El utilitarismo político suele absolverse mediante la suma: si el beneficio agregado parece mayor, las víctimas concretas desaparecen dentro del resultado. La antropología cristiana rechaza esa aritmética porque ningún saldo favorable resucita a quien fue deliberadamente convertido en material prescindible.
El reordenamiento de los mercados y del sector productivo, incluidos los ámbitos comerciales, profesionales, académicos y tecnológicos, puede contener una intención legítima y producir ventajas comprobables. Precisamente por ello su crítica debe ser más seria que una descalificación ideológica. Toda transición distribuye costos; pero una transición deja de ser justa cuando los poderosos deciden, los vulnerables pagan y nadie reconoce a los sacrificados. Entonces se parece a una guerra desigual: no necesariamente por el uso abierto de las armas, sino porque unos conservan refugio, información y capacidad de adaptación, mientras otros pierden de una vez capital, profesión, comunidad y futuro. Allí aparecen los mártires que no sangran, extinguidos en silencio bajo estadísticas nacionales que incluso pueden mostrar crecimiento.
La masacre de 1932 no debe usarse como una equivalencia automática ni como profecía sensacionalista. La modernización actual no es aquel acontecimiento y sus actores, medios y circunstancias son distintos. Sin embargo, 1932 permanece como advertencia sobre una gramática nacional peligrosa: acumulación de desigualdad, clasificación de poblaciones, ruptura de mediaciones, temor de las élites, clausura de la voz y empleo desproporcionado de la fuerza. Cuando una sociedad vuelve incomunicables sus estratos y transforma el sufrimiento en amenaza, el resentimiento no desaparece; se hereda. Sus ecos pueden alimentar nuevas violencias, impulsos revolucionarios, respuestas represivas y décadas adicionales de estancamiento. Recordar 1932 significa impedir que otro proceso modernizador fabrique nuevamente enemigos antes de reconocer ciudadanos.
También debe recuperarse el sentido cristiano de la autoridad. Una sociedad necesita orden, responsabilidades y una cadena legítima de mando para coordinarse, defenderse y resolver conflictos; pero autoridad no significa obediencia ciega ni concentración ilimitada. La jerarquía se corrompe tanto cuando el gobernante se coloca por encima de la ley moral como cuando partidos, intereses privados o facciones rompen las mediaciones institucionales para apropiarse de funciones que pertenecen al bien común. La subsidiariedad ordena esa arquitectura: familia, municipio, gremio, universidad, empresa, Iglesia y Estado poseen responsabilidades propias, y ninguna instancia superior debe anular a las inferiores ni abandonarlas cuando necesitan auxilio. La desigualdad y la captura partidaria de estas mediaciones incuban pobreza y violencia generacional porque destruyen los caminos legítimos mediante los cuales una comunidad corrige abusos sin destruirse a sí misma.
Gaudium et spes sitúa la dignidad humana en la creación del hombre a imagen de Dios; Caritas in veritate advierte que el beneficio, separado del bien común, puede destruir riqueza y crear pobreza. Desde esa antropología, el comerciante no es una pieza fiscal, el trabajador no es un insumo, el académico no es un legitimador, el profesional no es un ejecutor dócil y el pobre no es una anomalía que deba ocultarse. Todos son prójimos. Si esto no se reconoce, no existe salida técnica suficiente: cada reforma terminará reproduciendo, con otra terminología, el poder que utiliza personas para salvar modelos.
Por eso la antropología cristiana no puede quedar reducida a un preámbulo piadoso ni a una concesión cultural. Debe convertirse en criterio operativo para presupuestos, leyes, algoritmos, contratos, educación, seguridad, política migratoria y distribución de los costos de transformación. El proyecto de nación no puede agotarse en un quinquenio ni depender del partido que gobierne. Su horizonte debe permanecer mientras exista El Salvador —hasta el fin de los siglos, si se quiere decir con toda su fuerza—: que ninguna victoria pública exija negar la imagen de Dios en una sola persona y que ningún salvadoreño sea considerado desperdicio de la historia.
Por eso el balance nacional debe ser integral y moralmente simétrico. Debe contar los homicidios evitados y cualquier acontecimiento adverso bajo custodia que haya sido oficialmente registrado o probado mediante expediente; la inversión recibida y los efectos distributivos comprobables; los empleos creados y las transformaciones profesionales; la conectividad ampliada y la capacidad real de las comunidades para decidir sobre sus datos; la cooperación internacional obtenida y el margen efectivo de autonomía nacional. Reconocer un éxito no obliga a negar un costo demostrado, como señalar un costo no autoriza a negar el éxito. El juicio público debe fundarse en evidencia y ofrecer corrección y reparación cuando correspondan.
Una modernización que necesita volver prescindible a una parte del pueblo no es desarrollo incompleto: es una derrota nacional administrada con lenguaje de éxito.
9. Entre potencias: soberanía formal y dependencia material
El Salvador negocia desde una asimetría estructural con Estados Unidos, China y corporaciones tecnológicas. Estados Unidos concentra la relación comercial, migratoria, financiera y de remesas; China ofrece infraestructura, financiamiento y diversificación diplomática; los proveedores tecnológicos controlan componentes, nubes, modelos y conocimiento especializado. Ninguna de estas relaciones convierte jurídicamente al país en vasallo. Todas pueden reducir su margen real si los contratos, estándares y dependencias técnicas se acumulan sin una estrategia nacional.
La relación estadounidense se profundizó con la firma, el 29 de enero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio Recíproco. El Departamento de Comercio de Estados Unidos describe oportunidades en centros de datos, gobierno digital, ciberseguridad, nube e inteligencia artificial, y al mismo tiempo reconoce limitaciones de infraestructura, ausencia de 5G en zonas rurales y desafíos regulatorios. Esa fuente debe leerse con doble atención: ofrece información útil y expresa el interés comercial y geopolítico estadounidense. La política de “infraestructura confiable” no es neutral; forma parte de la competencia por estándares, cadenas de suministro y acceso a datos.
La opción razonable para El Salvador no es una equidistancia ingenua ni un alineamiento automático, sino una multivinculación estratégica con reglas propias. Cada acuerdo debería superar pruebas de transparencia, interoperabilidad, seguridad, transferencia de conocimiento, reversibilidad contractual y beneficio nacional. Diversificar proveedores reduce dependencia solo si las arquitecturas pueden comunicarse y si el Estado conserva capacidad de cambiar. Reemplazar un monopolio por varios sistemas cerrados no crea soberanía; crea una colección de candados.
Los alineamientos entre potencias enfrentadas también poseen un costo humano que las hojas de inversión rara vez muestran. Restricciones de exportación, sanciones, interrupciones de suministros, exigencias diplomáticas, dependencia militar o informativa y polarización interna pueden trasladar a la población el precio de decisiones tomadas en otra escala. La evaluación nacional debe incorporar el peor escenario razonable: qué servicios se detendrían, qué empleos desaparecerían, qué datos quedarían expuestos y qué vidas sufrirían si una disputa externa corta repuestos, nube, financiamiento o mercados. Pacem in terris recuerda que las comunidades políticas son iguales en dignidad natural; esa igualdad moral exige negociar sin convertir al país en ficha, frontera o laboratorio de ninguna potencia.
10. Lo que El Salvador ya ha construido en inteligencia artificial
El país no parte de cero. El Decreto Legislativo 234, emitido en febrero de 2025, estableció la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías; su reforma posterior fortaleció la autonomía de ANIA. Según el perfil de UNESCO (2026b), el marco incorpora el concepto de “decisión consecuencial”, un registro nacional y una evaluación de impacto algorítmico. La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la Ley para la Protección de Datos Personales completan una arquitectura que, al menos en el plano normativo, reconoce que innovación, seguridad y derechos deben abordarse juntas.
La evaluación RAM de UNESCO (2026a) ofrece el diagnóstico más completo disponible. Registra 98.3% de acceso a electricidad en 2023, 66.5% de personas usuarias de internet en 2024, 97% de cobertura 3G, 80% LTE y una velocidad mediana de banda ancha fija de 84.76 Mbps en agosto de 2025. Al mismo tiempo muestra la fractura territorial y el escaso gasto en I+D, con una base todavía reducida de graduados en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El país tiene infraestructura básica y velocidad; todavía no tiene una base social suficientemente ancha para que el salto tecnológico sea nacional.
El anuncio corporativo de Hydra Host, publicado el 27 de junio de 2025, afirmó que la empresa había asegurado para El Salvador el acceso a procesadores NVIDIA B300 destinados al Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Es un paso potencialmente relevante, pero la afirmación empresarial de un despliegue “soberano” no demuestra por sí sola entrega, instalación ni operación efectiva. Para conocer la capacidad realmente disponible, la ciudadanía necesita una ficha pública y una auditoría que identifiquen cantidad y configuración del hardware, ubicación, régimen de propiedad, costo total, garantías, consumo energético, refrigeración, software, acceso remoto, dependencia de actualizaciones, personal operador y criterios de asignación. El comunicado acredita lo declarado por la empresa; la verificación pública debe acreditar la capacidad nacional.
11. La soberanía tecnológica es una cadena, no una sala de servidores
La palabra soberanía corre el riesgo de convertirse en una etiqueta de mercadeo. Un servidor situado en territorio nacional puede procesar datos que dependen de software extranjero, modelos entrenados fuera del país, técnicos externos, piezas imposibles de reemplazar y licencias sujetas a decisiones de otra jurisdicción. La soberanía real no exige autarquía —ningún país fabrica por sí solo toda la cadena—, pero sí capacidad de decidir, comprender, auditar, sustituir y continuar operando ante una interrupción.
| Eslabón | Pregunta soberana | Condición mínima |
|---|---|---|
| Finalidad pública | Quién decide para qué se usa la IA y qué problemas quedan fuera. | Mandato legal, deliberación y prohibiciones explícitas. |
| Datos | Calidad, procedencia, representatividad, derechos y retención. | Catálogo público, trazabilidad, minimización y mecanismos ARCO-POL. |
| Modelos | Dependencia de arquitecturas, pesos, idiomas y evaluaciones externas. | Model cards, pruebas locales, alternativas abiertas y derecho de auditoría. |
| Cómputo y nube | Propiedad, acceso, operación, actualizaciones y continuidad. | Inventario, capacidad reservada al interés público, portabilidad y plan de salida. |
| Semiconductores | Disponibilidad de repuestos y exposición a controles de exportación. | Diversificación compatible, mantenimiento y reservas críticas. |
| Energía, agua y suelo | Costo, resiliencia, refrigeración e impacto ambiental local. | Medición por carga, estudios de impacto y prioridad de servicios esenciales. |
| Talento e investigación | Quién puede operar, adaptar y evaluar los sistemas. | Becas, laboratorios universitarios, carrera pública técnica y retorno de diáspora. |
| Instituciones y contratos | Quién supervisa, compra, sanciona y responde por daños. | Separación promoción-control, compras abiertas, auditoría y reparación. |
Esta cadena permite una definición operativa: El Salvador será tecnológicamente soberano en la medida en que pueda sostener funciones críticas, proteger datos, cambiar de proveedor, formar talento local, medir costos ambientales, auditar decisiones y conservar la última palabra política. La soberanía no se declara al recibir un chip; se demuestra cuando el país puede gobernar todo su ciclo de vida.
12. Energía, agua y resiliencia: el subsuelo de la IA
El entusiasmo por el cómputo suele olvidar su materialidad. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos se duplicará hasta aproximadamente 945 TWh en 2030 y que la demanda de servidores acelerados crecerá mucho más rápido que la de servidores convencionales. Estas cifras globales no permiten calcular automáticamente el consumo salvadoreño, pero obligan a exigir estudios locales antes de escalar infraestructura de alto rendimiento.
La geotermia ofrece una ventaja estratégica si se combina con redes confiables y contabilidad transparente. No basta afirmar que los procesadores funcionan con energía volcánica. Debe publicarse el origen horario de la energía, el consumo total y por tarea, la intensidad de carbono, el uso de agua, la tecnología de refrigeración, la redundancia y el costo de oportunidad. Una instalación de IA no puede recibir prioridad opaca sobre hospitales, sistemas de agua o industria productiva. La soberanía energética comienza por no esconder la factura.
UNCTAD advierte que la digitalización consume energía, agua y materias primas, y que sus beneficios y cargas se distribuyen de modo desigual. Por ello el país debe exigir una evaluación ambiental y social específica para centros de datos, con participación municipal. También debe establecer estándares de continuidad: respaldo eléctrico, respuesta a desastres, recuperación cibernética y capacidad de operar servicios esenciales sin conexión a proveedores extranjeros durante un periodo definido.
13. Del ciudadano al perfil de riesgo
La nueva legislación de datos y ciberseguridad constituye un avance, pero su mera existencia no resuelve el conflicto entre protección y seguridad pública. El punto crítico está en las excepciones, la independencia del supervisor y la posibilidad real de ejercer derechos. En contextos de emergencia, los sistemas de seguridad tienden a ampliar finalidades: datos recogidos para identificar pueden terminar usados para predecir; registros administrativos pueden convertirse en insumos policiales; una red de contactos puede confundirse con asociación criminal.
Toda decisión que afecte libertad, empleo público, atención sanitaria, educación, crédito o prestaciones sociales debe dejar una huella auditable. La persona necesita saber que intervino un sistema automatizado, qué variables influyeron, qué autoridad adoptó la decisión y cómo impugnarla ante un ser humano con poder efectivo para corregir. La explicación no puede reducirse a una descripción técnica incomprensible ni la revisión humana a una firma ceremonial.
La legislación debe establecer prohibiciones inequívocas: ningún sistema de puntuación social general; ninguna inferencia automática de culpabilidad por domicilio, parentesco o red digital; ninguna identificación biométrica masiva en espacios públicos sin ley específica, necesidad demostrada y control judicial; ninguna decisión autónoma sobre privación de libertad; y ningún uso secundario de datos de salud para seguridad, migración o vigilancia política. Las líneas rojas son útiles porque reducen incertidumbre tanto para ciudadanos como para empresas.
14. IA para producir y cuidar, no solo para vigilar
La legitimidad tecnológica dependerá de sus primeros beneficios visibles. El Salvador debería reservar capacidad pública de cómputo para problemas en los que el mercado no invertirá por sí solo: diagnóstico temprano de enfermedades, gestión hospitalaria, predicción de dengue, optimización de redes de agua y energía, agricultura de precisión para pequeños productores, prevención de desastres, tutoría educativa, traducción y preservación cultural, logística para pequeñas empresas y análisis de contaminación. La selección debe hacerse por convocatorias públicas, con datos, métricas y resultados abiertos cuando sea posible.
En salud, la promesa exige una disciplina especial. La OMS reconoce beneficios potenciales en diagnóstico, atención, investigación y salud pública, pero advierte sobre sesgo de automatización, ciberseguridad, privacidad y delegación indebida de decisiones clínicas. Ningún modelo debe pasar de demostración a práctica asistencial sin validación local, evaluación por subgrupos, supervisión médica, consentimiento adecuado, vigilancia posdespliegue y una cadena clara de responsabilidad. Un sistema que funciona en otro país puede fallar por diferencias epidemiológicas, lingüísticas, de equipo o de acceso.
La política sanitaria ofrece un criterio general: cuanto mayor sea el daño posible, mayor debe ser la evidencia previa y menor la autonomía de la máquina. La IA puede priorizar imágenes, resumir expedientes o sugerir hipótesis; el médico conserva el juicio clínico y el paciente conserva su dignidad, privacidad y derecho a una explicación. El objetivo no es sustituir la relación terapéutica, sino devolverle tiempo y precisión.
En educación, la prioridad no debe ser repartir asistentes inteligentes antes de garantizar conectividad, lectura, matemáticas y formación docente. Con una brecha de acceso doméstico de cuatro a uno entre lo urbano y lo rural, una plataforma avanzada puede ampliar desigualdad aunque sea gratuita. Toda iniciativa nacional necesita modo de baja conectividad, contenido curricular verificable, protección de menores, formación crítica y evaluación de aprendizaje. La inteligencia artificial no corrige una escuela frágil por contacto; puede incluso ocultar su fragilidad detrás de respuestas bien redactadas.
15. Talento, ciencia y empresa nacional
UNESCO (2026a) estima un potencial económico anual de entre US$657 y US$1,229 millones, equivalente a 2.1%-3.9% del PIB de 2022, concentrado en manufactura, finanzas, seguros y comercio. La cifra expresa potencial, no ingreso asegurado. Para capturarlo, el país necesita pasar de consumir servicios a crear productos, propiedad intelectual, datos de calidad y capacidades de integración. De lo contrario, el valor añadido se concentrará en proveedores externos y el empleo local quedará en tareas de baja complejidad.
El gasto en I+D de 0.14% del PIB revela el cuello de botella. El país debería adoptar una senda plurianual de aumento, comenzando por fondos competitivos, laboratorios compartidos y compras públicas de innovación. Una proporción verificable de la capacidad nacional de cómputo debe asignarse por concurso a universidades acreditadas, hospitales, centros de investigación, municipalidades y mipymes, con obligaciones de resultados y publicación. El acceso no puede depender de cercanía política ni de relaciones personales con la agencia promotora.
La diáspora científica y tecnológica debe incorporarse mediante estancias de retorno, cátedras conjuntas, mentorías y fondos de coinversión. El Salvador no necesita exigir que todos regresen de forma permanente; necesita construir circuitos de conocimiento que hagan compatible la salida con la voz y la lealtad. La soberanía también se fabrica con personas capaces de decirle a un proveedor: “entiendo lo que vende, puedo medirlo y puedo reemplazarlo”.
16. Arquitectura institucional: quien promueve no debe juzgarse a sí mismo
ANIA puede desempeñar un papel importante como promotora, coordinadora y catalizadora. Precisamente por eso no debería concentrar sin contrapeso la promoción, autorización, registro, evaluación, investigación de incidentes y sanción. Existe un conflicto estructural cuando la institución premiada por acelerar adopciones es la misma que debe detener un proyecto por riesgo. La solución no es debilitarla, sino rodearla de una arquitectura que preserve incentivos distintos.
Conviene crear un Consejo Independiente de Garantías Algorítmicas con autonomía técnica, presupuesto y composición plural. Su mandato incluiría aprobar metodologías de impacto, auditar sistemas de alto riesgo, recibir denuncias, ordenar medidas correctivas, publicar informes y remitir responsabilidades. La designación de sus miembros debe requerir idoneidad, declaración de intereses, periodos escalonados y participación de academia, profesión jurídica, ingeniería, salud, consumidores y comunidades. La independencia no se obtiene escribiendo la palabra en una ley; se obtiene evitando que el mismo poder nombre, financie, instruya y remueva sin causa a todos los supervisores.
La evaluación de impacto algorítmico debe realizarse antes del despliegue y repetirse cuando cambien datos, modelo, finalidad o población. Deberá describir problema, alternativas no automatizadas, base jurídica, variables, procedencia de datos, desempeño por subgrupos, ciberseguridad, impacto ambiental, supervisión humana, proveedores, costos y mecanismos de reparación. Para usos de alto riesgo se requiere además auditoría externa y consulta pública. NIST organiza la gestión en gobernar, mapear, medir y gestionar; UNESCO (2021) añade el enfoque de derechos, proporcionalidad, privacidad, transparencia y responsabilidad. El Salvador puede integrar ambos marcos sin copiar mecánicamente ninguno.
17. Compras públicas y dependencia de proveedor
La contratación es el lugar donde la soberanía deja de ser discurso. Los contratos de IA y nube deben identificar costo total de propiedad, licencias, egreso de datos, actualizaciones, subcontratistas, jurisdicción, respuesta a incidentes, propiedad de modelos derivados, acceso a registros, auditoría, portabilidad y terminación. Una oferta barata puede resultar cara si los datos no pueden extraerse, si los modelos solo funcionan en una nube o si cada cambio exige consultoría del mismo proveedor.
La regla debe ser “abierto cuando sea posible, interoperable siempre y cerrado solo con justificación”. Código abierto no significa automáticamente seguro, pero permite inspección y reduce algunos bloqueos. El software propietario puede ser adecuado si existe acceso suficiente para auditar, obligaciones de continuidad y una salida practicable. El Estado debe adoptar cláusulas modelo y exigir la publicación de versiones no confidenciales de contratos, anexos técnicos y evaluaciones de impacto.
Los convenios con corporaciones y potencias deben incluir transferencia de conocimiento medible: número de técnicos certificados, documentación entregada, horas de formación, participación de universidades, capacidad local de mantenimiento y porcentaje de compras a empresas nacionales. “Cooperación” sin esos indicadores puede producir dependencia cortés. La diplomacia tecnológica debe negociar capacidades, no solamente equipos.
18. Una deliberación nacional que no sea espectáculo
La deliberación nacional debe entenderse como proceso y no como evento. Necesita un expediente público común, posiciones escritas, espacios plurales sometidos a reglas de evidencia y propuestas capaces de ser examinadas antes de convertirse en decisiones. La transparencia puede coexistir con la negociación responsable, siempre que los acuerdos, los disensos y quienes asumen responsabilidades queden documentados. No exige convertir cada conversación en espectáculo; exige que el resultado pueda ser seguido, discutido y evaluado.
La política entra en la misma espiral de violencia cuando el lucro particular se vuelve su finalidad última. Entonces la retórica sustituye al argumento, el escenario reemplaza a la institución y la intriga convierte al ciudadano en pieza de una representación. El dirigente fabrica enemigos para ocultar contratos, promete redención para obtener obediencia y confunde la astucia con inteligencia de Estado. Puede denunciar con vehemencia la violencia criminal mientras reproduce su lógica profunda: apropiación, intimidación, lealtad forzada, castigo al disidente y utilización del débil. Las palabras no disparan siempre un arma, pero pueden preparar el territorio moral donde el adversario deja de ser prójimo y comienza a ser objetivo. Quien pretende combatir la violencia mediante mentira, lucro e intriga termina habitando la misma estructura que asegura combatir, aunque cambie el uniforme y mejore la escenografía.
La representación debe incluir Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría General, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, municipalidades, universidades, colegios profesionales, iglesias, sindicatos, empresa privada, mipymes, organizaciones comunitarias, víctimas de pandillas, familias afectadas por detenciones erróneas, juventud rural, graduados y estudiantes de carreras CTIM, pacientes, diáspora y expertos en datos, energía y ciberseguridad. Los socios internacionales y proveedores pueden participar como invitados técnicos, sin derecho a definir el pacto nacional.
Tres garantías protegerían la seriedad de esa deliberación. Primero, una instancia de evidencia debería separar hechos consensuados, hechos controvertidos e hipótesis. Segundo, una declaración pública de intereses tendría que identificar vínculos con proveedores, partidos y organizaciones. Tercero, un mecanismo de seguimiento debería publicar cada noventa días el estado de los compromisos. Sin estas garantías, cualquier pacto corre el riesgo de ser absorbido por la polarización que pretende superar.
19. Pacto Nacional propuesto
El documento final debería adoptar un Pacto Nacional por la Seguridad con Derechos y la Soberanía Tecnológica. No sería un manifiesto contra el Gobierno ni una ratificación automática de su política. Sería un acuerdo para conservar lo que ha funcionado, corregir lo que daña y gobernar lo que apenas comienza. Los compromisos siguientes están redactados para que puedan convertirse en decisiones administrativas, reformas legales y partidas presupuestarias.
| N.º | Compromiso | Resultado exigible |
|---|---|---|
| 1 | Transición de la excepción | Publicar en 100 días indicadores, calendario y capacidades necesarias para trasladar la seguridad a la legalidad ordinaria. |
| 2 | Revisión individual | Crear un mecanismo independiente y dotado para revisar expedientes, priorizando detenciones con débil soporte probatorio y casos vulnerables. |
| 3 | Claridad bajo custodia | Investigar todo fallecimiento o incidente oficialmente registrado, preservar evidencia médica y comunicar resultados a los familiares conforme a la ley. |
| 4 | No prescindibilidad | Evaluar y reparar desplazamiento, quiebras, pérdida de medios de vida y exclusión producidos por grandes políticas de seguridad o modernización. |
| 5 | Subsidiariedad efectiva | Proteger la autonomía de municipios, mipymes, universidades, profesiones, iglesias, sindicatos, cooperativas y organizaciones comunitarias. |
| 6 | Registro público de IA | Publicar cada sistema estatal, finalidad, proveedor, base jurídica, responsable, nivel de riesgo y evaluación de impacto. |
| 7 | Líneas rojas | Prohibir puntuación social general, culpabilidad automatizada, detención autónoma y vigilancia biométrica masiva sin ley específica. |
| 8 | Supervisor independiente | Separar promoción e inspección mediante un Consejo de Garantías Algorítmicas con autonomía y facultades correctivas. |
| 9 | Contratación soberana | Adoptar cláusulas obligatorias de auditoría, portabilidad, interoperabilidad, continuidad, ciberseguridad y salida de proveedor. |
| 10 | Cómputo de interés público | Reservar capacidad para universidades, hospitales, municipalidades, investigación y mipymes mediante convocatorias abiertas. |
| 11 | Conectividad territorial | Priorizar hogares rurales, escuelas, unidades de salud y polos productivos con metas públicas de calidad y asequibilidad. |
| 12 | Talento y ciencia | Aumentar gradualmente I+D, formar técnicos y evaluadores, y cerrar la brecha territorial de formación en CTIM. |
| 13 | Huella material | Medir energía, agua, emisiones, resiliencia y costo de oportunidad de centros de datos y cargas de IA. |
| 14 | Seguimiento ciudadano | Publicar un tablero trimestral y celebrar una sesión anual de rendición de cuentas con capacidad de corregir el pacto. |
20. Hoja de ruta: de la declaración a la capacidad
La secuencia importa. Intentar ejecutar todo a la vez produciría dispersión; aplazar controles hasta que la infraestructura madure consolidaría hechos difíciles de revertir. La primera etapa debe abrir información y detener riesgos irreversibles. La segunda debe construir instituciones y pilotos. La tercera debe transformar productividad y asegurar continuidad.
| Horizonte | Acciones prioritarias |
|---|---|
| 0-100 días | Inventario de sistemas, contratos, concentración de mercado y capacidad de cómputo; moratoria sobre nuevos usos de alto riesgo sin evaluación; comisión de revisión de detenciones; mapa de grupos expuestos a desplazamiento o pérdida de medios de vida; línea base de conectividad, talento, energía y datos. |
| 4-12 meses | Reformas para separar promoción y supervisión; portal del registro de IA; auditorías iniciales; cláusulas modelo de contratación; estatuto de subsidiariedad; convocatorias de cómputo público; pilotos en salud, agua, agricultura y educación con evaluación independiente. |
| 13-36 meses | Transición verificable hacia seguridad ordinaria; expansión rural de conectividad; laboratorios universitarios; capacidad nacional de mantenimiento; interoperabilidad multicloud; fondos de adaptación para mipymes y comunidades; evaluación económica, social, ambiental y de derechos. |
| Anual | Sesión pública de rendición de cuentas, revisión de líneas rojas, riesgos geopolíticos y efectos de concentración; publicación de beneficios y daños distribuidos por territorio, sexo, edad, ingreso, ocupación y tamaño de empresa. |
21. Indicadores para medir el rumbo
La legitimidad de la política pública dependerá de indicadores que midan resultados y distribución, no solo actividad. El número de modelos desplegados o de técnicos certificados dice poco si los servicios no mejoran o si los daños carecen de reparación. El tablero propuesto debe publicar metodología, periodicidad, responsable y datos desagregados. Cuando un indicador no pueda publicarse por seguridad, un órgano independiente debe poder auditarlo y explicar la reserva.
| Objetivo | Indicadores mínimos |
|---|---|
| Seguridad con legalidad | Homicidios, extorsión y desapariciones registrados; capturas con acusación individual; tiempo hasta audiencia; resoluciones judiciales; fallecimientos bajo custodia oficialmente registrados e investigados. |
| Cohesión social | Pobreza, informalidad, movilidad laboral, emigración neta, confianza institucional y percepción de posibilidad de impugnar. |
| Tejido social y subsidiariedad | Supervivencia y cierre de mipymes; concentración por sector; desplazamiento territorial; libertad académica y profesional; densidad asociativa; acceso no partidario a contratos, crédito y permisos. |
| Inclusión digital | Hogares con conexión estable y asequible por zona; escuelas y unidades de salud conectadas; competencias digitales; cobertura territorial de formación CTIM. |
| Valor nacional | I+D/PIB; empresas salvadoreñas proveedoras; empleos técnicos; ingresos y ahorro atribuibles a proyectos; propiedad intelectual y exportaciones digitales. |
| Gobernanza de IA | Sistemas registrados; evaluaciones publicadas; auditorías; incidentes; quejas; tiempo de reparación; sistemas suspendidos o corregidos. |
| Soberanía operativa | Porcentaje de cargas portables; tiempo de recuperación; personal local certificado; dependencia de un solo proveedor; capacidad pública asignada competitivamente. |
| Huella ambiental | kWh y litros de agua por carga; intensidad de carbono; disponibilidad eléctrica; incidentes; porcentaje renovable verificable. |
22. Escenarios al 2030
El primer escenario es el enclave tecnológico: hardware avanzado, anuncios internacionales y servicios importados, pero poca investigación local, brecha rural persistente y dependencia de proveedores. El país gana reputación y alguna inversión, pero no modifica su estructura productiva. El segundo es la modernización higienista: crecen infraestructura y capacidad central, mientras comerciantes, productores, profesiones, universidades y comunidades que no encajan en la arquitectura dominante pierden autonomía o desaparecen sin que su costo figure en el balance oficial. El sistema exhibe eficiencia, pero reduce la pluralidad humana que debía servir.
El tercer escenario es el Estado de alta capacidad y bajo control: la IA mejora administración y seguridad, mientras la supervisión, el debido proceso y la transparencia quedan rezagados. La eficiencia crece, pero también la asimetría entre un Estado que conoce y una ciudadanía que no puede conocerlo ni corregirlo. El cuarto es la democratización improductiva: se fortalecen controles y derechos, pero faltan inversión, talento, energía y ejecución; el país evita algunos daños, aunque desaprovecha la ventana tecnológica.
El quinto —y único verdaderamente soberano— combina capacidad, límite y subsidiariedad: seguridad trasladada a instituciones ordinarias; cómputo orientado a problemas nacionales; empresas, universidades, municipios y comunidades capaces de crear valor; datos protegidos; energía medida; contratos reversibles; alianzas internacionales diversificadas y ciudadanos con derecho efectivo de explicación, voz y reparación. La política nacional debe prevenir los cuatro primeros escenarios y trabajar a favor del quinto, rechazando los falsos dilemas entre innovación y regulación, seguridad y derechos, dirección nacional y autonomía social.
23. Conclusión: la segunda victoria
El Salvador obtuvo una primera victoria al reducir el poder cotidiano de las pandillas. La segunda será más difícil porque no puede lograrse solo con fuerza, velocidad ni comunicación política. Consiste en convertir la seguridad recuperada en instituciones confiables, trabajo productivo, ciencia nacional, libertad responsable y futuro para quienes hoy consideran emigrar. Una paz que depende indefinidamente de la excepción sigue siendo una paz provisional.
La inteligencia artificial llega en el momento exacto en que el país decide qué Estado quiere ser. Puede ampliar la capacidad para diagnosticar, educar, producir, prevenir desastres y administrar recursos. También puede facilitar una vigilancia ubicua, automatizar prejuicios y ocultar decisiones humanas detrás de una pantalla técnica. No es el chip quien elegirá entre esas rutas. Elegirán las leyes, los contratos, los funcionarios, los jueces, los científicos, las empresas y los ciudadanos.
La segunda victoria también deberá medirse por las vidas que no aparecían en los indicadores. Los sin voz de san Óscar Romero no son una abstracción devocional, sino personas concretas a quienes les falta poder para nombrar el daño que padecen. Algunos mártires sangran y otros se extinguen lentamente en la quiebra, la emigración, el aislamiento, la pérdida de su oficio o la clausura de su palabra. Resolver no significa romantizar el sufrimiento, sino devolver capacidad de existencia: justicia, crédito, organización, educación, trabajo, propiedad, representación y futuro.
Por eso el país debe comenzar con un reconocimiento y terminar con una obligación. El reconocimiento: la seguridad alcanzada tiene un valor humano real. La obligación: ese logro no autoriza a considerar prescindible a ningún inocente ni a entregar la soberanía a una arquitectura que el país no pueda auditar. La grandeza política no consiste en no corregir; consiste en corregir antes de que el costo sea irreversible.
El Salvador no necesita escoger entre orden y libertad, ni entre tecnología y humanidad. Necesita un orden que pueda ser defendido por la ley y una tecnología que pueda ser gobernada por la persona.
Matriz de afirmaciones y grado de evidencia
Esta matriz protege la deliberación contra dos errores opuestos: presentar una hipótesis como hecho o descartar una advertencia porque todavía no se ha materializado. Las categorías no fijan una verdad definitiva; señalan qué puede afirmarse hoy y qué investigación adicional necesita el país.
| Afirmación | Estatus | Tratamiento responsable |
|---|---|---|
| La violencia homicida disminuyó drásticamente. | Hecho atribuido a estadísticas oficiales, coherente con múltiples fuentes. | Publicar metodología completa, series y auditoría independiente. |
| El régimen de excepción se convirtió en política prolongada. | Hecho jurídico y político: 54 prórrogas a agosto de 2026. | Acordar transición, indicadores y revisión. |
| El higienismo social es un marco autoral aplicable al análisis histórico salvadoreño. | Hecho bibliográfico: categoría desarrollada por Mario Daniel Ernesto Oliva Mancía en su tesis doctoral de 2011. | Usarla como lente interpretativa, distinguirla de una prueba automática sobre políticas presentes y atribuir siempre su autoría. |
| «Limpieza social» y «exterminio» son categorías de aplicación excepcional. | Conceptos históricos y jurídicos; no describen automáticamente una política estatal presente. | Usarlos solo ante hechos comprobados, intención identificable, víctimas determinadas y responsabilidad suficientemente acreditada. |
| La centralización modernizadora puede extinguir actores sociales sin violencia visible. | Inferencia razonada que requiere medición distributiva y estudios de caso. | Medir cierres, concentración, desplazamiento, emigración, libertad académica y profesional, y acceso no partidario a recursos. |
| Las cifras étnicas de 2007 y 2024 describen un cambio demográfico directamente comparable. | No demostrado: cambian metodología, categorías, autoidentificación y contexto de respuesta. | Comparar instrumentos, universos y tasas; no atribuir el salto exclusivamente a crecimiento biológico. |
| Las estimaciones sobre comunidades árabe-levantinas, europeas, chinas o judías equivalen a datos censales. | No: son estimaciones secundarias, rangos comunitarios o ausencia documentada de cuantificación. | No sumar categorías superpuestas ni convertir rangos inciertos en cuotas políticas. |
| El Salvador posee la mayor tasa de encarcelamiento registrada por World Prison Brief. | Dato atribuido a una estimación para marzo de 2024: 1,659 por 100,000 y 109,519 personas; no es cifra oficial salvadoreña actualizada. | Contrastar con registros estatales y estimaciones posteriores; exigir publicación penitenciaria auditable. |
| Una modernización que prescinde de la dignidad trascendente puede reproducir una lógica necropolítica. | Tesis filosófica y juicio normativo, no hecho empírico demostrado ni condena indiscriminada de toda antropología no cristiana. | Evaluar cada política por sus fines, medios, distribución de costos, salvaguardas, reparación y trato efectivo de la persona como fin. |
| NVIDIA controla la política salvadoreña. | No demostrada. | Examinar contratos, dependencia, asesoría y conflictos de interés sin personalizar la causalidad. |
| El Salvador dispone de infraestructura de IA avanzada. | Anuncios oficiales y corporativos, junto con el reporte de UNESCO (2026a), respaldan la adquisición y el desarrollo. | Auditoría operativa, inventario, costos, uso y acceso. |
| La IA se usa para decidir detenciones. | No demostrada por las fuentes revisadas. | Obligación de transparencia y prohibición preventiva de decisión autónoma. |
| El fin anunciado del TPS puede afectar la supervivencia nacional. | Hecho prospectivo sustentado en el aviso de USCIS, la magnitud de la población protegida y la dependencia nacional de remesas; la escala efectiva del retorno y la pérdida de ingresos todavía es incierta. | Publicar escenarios, presupuesto, capacidad de reintegración y datos de impacto sin confundir estimaciones con resultados consumados. |
| Puede formarse una masa crítica social. | Hipótesis analítica plausible, no predicción. | Monitorear voz, confianza, movilidad, conflictividad y cierre institucional. |
Preguntas que el país no debería eludir
• ¿Qué indicador verificable demostraría que el régimen de excepción puede terminar sin perder seguridad?
• ¿Cuántas personas permanecen detenidas sin acusación individual suficientemente sustentada y cómo se revisarán sus casos?
• ¿Qué sistemas automatizados utiliza hoy el Estado y cuáles afectan derechos, aunque no se presenten públicamente como inteligencia artificial?
• ¿Quién puede ordenar la suspensión de un sistema de alto riesgo y qué independencia tiene frente al Ejecutivo y al proveedor?
• ¿Cuánto costará operar, actualizar, enfriar y reemplazar la infraestructura de cómputo durante su vida útil?
• ¿Qué porcentaje de la capacidad quedará disponible para universidades, hospitales, municipalidades y empresas nacionales?
• ¿Qué comerciantes, productores, profesiones, universidades o comunidades podrían desaparecer como consecuencia no prevista de las políticas de modernización y qué alternativa recibirán?
• ¿Qué mecanismos impedirán que contratos, crédito, permisos, cargos o acceso tecnológico se distribuyan por proximidad partidaria?
• ¿Qué ocurrirá con los datos y servicios si un proveedor termina el contrato, cambia condiciones o queda sujeto a restricciones geopolíticas?
• ¿Qué servicios esenciales, empleos y vidas quedarían expuestos si una disputa entre potencias interrumpe suministros, nube, financiamiento o mercados?
• ¿Qué beneficio medible recibirá un hogar rural que hoy no tiene internet estable?
• ¿Qué líneas rojas aceptarán por escrito Gobierno, empresas y socios externos?
• ¿Quién rendirá cuentas dentro de noventa días y qué podrá corregir la ciudadanía si los compromisos no avanzan?
• ¿Qué escenario maneja el Estado ante el fin anunciado del TPS y qué presupuesto existe para cada escala posible de retorno?
• ¿Cómo se protegerán la unidad familiar, la continuidad escolar, la salud y el patrimonio de hogares divididos entre dos países?
• ¿Qué mecanismos impedirán que las personas retornadas sean estigmatizadas, perfiladas o distribuidas mediante favoritismo partidario?
Referencias documentales
Selección de fuentes primarias, institucionales y académicas empleadas. Los datos se atribuyen a su fuente y fecha; las cifras oficiales no se presentan como auditorías independientes. Enlaces revisados al 2 de septiembre de 2026.
Se consideran fuentes primarias o directas las leyes, decretos, comunicados oficiales, estadísticas institucionales, contratos o anuncios de sus partes, la tesis doctoral donde se formula el higienismo social y la homilía de san Óscar Romero. Son fuentes secundarias o de contraste los artículos académicos, marcos teóricos, informes de organizaciones y estudios interpretativos. La clasificación describe la proximidad al objeto, no garantiza neutralidad ni exactitud: una fuente oficial prueba lo que la institución publicó; una fuente corporativa prueba lo que la empresa afirmó; una denuncia documentada prueba la existencia de la denuncia y abre una obligación de investigación.
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Nota metodológica final
La revisión historiográfica propuesta no se entiende como negación de hechos probados ni como indulgencia hacia victimarios propios. Significa regresar a documentos, testimonios contrastados, archivos, datos demográficos, legislación, prensa de época y fuentes internacionales; distinguir hecho, atribución, inferencia e hipótesis; y someter por igual a examen los relatos del Estado, los partidos, las organizaciones, las élites y las corrientes académicas. Su orientación cristiana no reemplaza la prueba: establece el criterio moral que impide reducir a una persona a instrumento de clase, raza, nación, revolución, seguridad o mercado.
El documento distingue cuatro niveles. Hecho verificado: dato respaldado por una fuente identificable. Hecho atribuido: cifra o afirmación cuya existencia está verificada, pero que proviene de una autoridad, empresa u organización con posición propia. Inferencia: conclusión razonada a partir de varios hechos. Hipótesis: posibilidad que orienta preguntas y prevención, sin presentarse como acontecimiento demostrado. “Higienismo social” se usa como categoría autoral de Mario Daniel Ernesto Oliva Mancía, desarrollada en su tesis doctoral de 2011; “necropolítica” se atribuye a Achille Mbembe; “limpieza social” se reserva para prácticas documentadas o alegaciones históricamente situadas. También se emplean en sentido analítico “masa crítica”, “prescindibilidad social”, “dependencia” y “soberanía tecnológica”. No se afirma como hecho una política estatal actual de exterminio o limpieza social, el control directo de NVIDIA sobre el Gobierno ni el uso comprobado de sistemas NVIDIA para decidir detenciones. La perspectiva católica orienta el juicio moral mediante dignidad, bien común, solidaridad y subsidiariedad, sin sustituir la prueba empírica por la convicción doctrinal. La referencia a 1932 funciona como analogía estructural y advertencia histórica —clasificación, exclusión, ruptura de mediaciones y acumulación de resentimiento—, no como afirmación de identidad entre procesos ni como predicción de una nueva masacre.