Abril y mayo de 1944 obligan a distinguir tres momentos: la rebelión militar, la represión posterior y la movilización civil que terminó haciendo inviable la permanencia de Martínez. Fundirlos en un solo episodio borra precisamente la transformación política que explica su caída.
El 2 de abril de 1944 se produjo un levantamiento contra Maximiliano Hernández Martínez en el que participaron unidades militares y civiles opositores. La documentación diplomática estadounidense describe el movimiento como esencialmente militar, acompañado por oposición civil. Todavía debemos reconstruir con archivos internos la cadena de mando, las misiones asignadas a oficiales de baja graduación y la secuencia exacta de órdenes.
La rebelión como problema militar concreto
Una rebelión militar no puede reconstruirse únicamente con los nombres de sus dirigentes más conocidos. Ocurre dentro de una institución jerárquica que asigna destinos, controla arsenales, distribuye guardias, administra comunicaciones y sanciona la desobediencia. Por eso el expediente de abril exige identificar unidades, comandantes, oficiales subalternos, objetivos asignados y momentos de adhesión o ruptura.
Los oficiales de menor graduación pueden ser especialmente reveladores. Un subteniente o teniente quizá no diseñó la conspiración, pero pudo recibir una misión concreta cuya procedencia permita reconstruir una cadena de mando. Allí reside la importancia de localizar hojas de servicio, libros de guardia, órdenes del día, partes de operaciones y testimonios contemporáneos. El caso de figuras como el subteniente Ricardo Mancia González debe abordarse precisamente en ese nivel: qué función tenía, qué debía hacer el 2 de abril y de quién recibió instrucciones.
También es necesario distinguir entre quienes participaron desde el inicio, quienes se sumaron durante el levantamiento y quienes permanecieron leales al gobierno. Esa secuencia permite conocer no solo la amplitud de la conspiración, sino también el grado de incertidumbre dentro de la propia institución militar. Una rebelión que parece coordinada vista desde el desenlace puede haber sido, en tiempo real, una sucesión de decisiones tomadas bajo información incompleta.
De la rebelión a los consejos de guerra
El levantamiento fracasó y el régimen respondió con consejos de guerra y ejecuciones. No basta describir los fusilamientos como represión política; hay que establecer qué disponía el código militar vigente sobre rebelión, sedición y pena de muerte, qué procedimiento siguieron los consejos y qué precedentes existían. Solo después puede distinguirse jurídicamente entre una pena prevista por la legislación de la época, un procedimiento sumario y una ejecución arbitraria.
Aquí la comparación histórica será indispensable. Si existieron fusilamientos por rebelión antes de 1944, necesitamos saber cuántos, bajo qué gobiernos y con qué procedimiento. Sin esa base comparativa es imposible determinar si los consejos de abril representaron continuidad de una práctica militar severa, intensificación excepcional o ruptura del procedimiento habitual. El código no absolverá ni condenará por sí solo; permitirá medir la distancia entre norma y práctica.
Los expedientes militares, órdenes de servicio, libros de guardia y actas de consejo de guerra son, por ello, una línea documental prioritaria. Mientras no estén localizados con precisión, las afirmaciones sobre quién ordenó cada fusilamiento deberán permanecer abiertas. Pero la ausencia temporal de esos expedientes no impide reconstruir el contexto mediante prensa, diplomacia, memorias y estudios especializados, siempre señalando la naturaleza de cada fuente.
De las armas a la huelga
Tras la derrota militar, la oposición cambió de terreno. La llamada huelga de brazos caídos articuló estudiantes, profesionales, comerciantes, trabajadores y otros sectores urbanos. Su fuerza no consistió en vencer al ejército, sino en impedir el funcionamiento ordinario del país y demostrar que el gobierno perdía capacidad para gobernar sin costos crecientes.
Ese cambio fue políticamente decisivo. Mientras una rebelión armada permite al gobierno responder con categorías militares —insurrección, sedición, disciplina, consejo de guerra—, una paralización civil amplia desplaza el conflicto hacia otra cuestión: ¿puede un régimen seguir gobernando cuando sectores indispensables de la sociedad dejan de cooperar? La huelga convirtió un problema de seguridad en un problema de gobernabilidad.
La correspondencia de Walter Thurston permite seguir ese proceso. El telegrama del 6 de mayo describe la extensión de la huelga; otros despachos de la misma serie muestran el deterioro acelerado del régimen. Patricia Parkman reconstruyó posteriormente esta movilización como un caso de insurrección no violenta, una interpretación que debe leerse junto con los documentos diplomáticos y con fuentes salvadoreñas.
Estudiantes, profesionales y sectores urbanos
La composición de la movilización merece un estudio propio. No todos los participantes actuaban desde la misma ideología ni defendían necesariamente el mismo futuro político. Estudiantes podían movilizarse por libertades públicas; profesionales por rechazo al continuismo; comerciantes por la paralización económica; sectores empresariales por conflictos fiscales o por temor a una prolongación indefinida del régimen. La fuerza de la huelga residió precisamente en esa capacidad de reunir motivos diferentes alrededor de un objetivo común.
Los nombres concretos importan porque permiten reconstruir redes reales. Médicos, abogados, docentes, comerciantes, periodistas, estudiantes y militares pudieron cruzarse en asociaciones profesionales, vínculos familiares, espacios universitarios o relaciones previas. El trabajo prosopográfico deberá establecer qué conexiones existían antes de abril y cuáles surgieron durante la crisis. Solo después podremos hablar con precisión de redes civiles de oposición.
La dimensión estadounidense
La muerte de José Roberto Wright Alcaine el 7 de mayo añadió un componente diplomático por su ciudadanía estadounidense. El punto académico no es afirmar que Washington «derribó» al régimen, sino medir cuándo y cómo la actitud estadounidense cambió y si actuó como causa, acelerador o acompañamiento de una crisis interna que ya estaba madura.
La distinción temporal es fundamental. Si la oposición civil y militar ya había alcanzado una magnitud crítica antes de cualquier presión decisiva estadounidense, la política de Washington debe interpretarse como factor adicional y no como origen. Si determinados actores internos comenzaron a calcular sus movimientos a partir de señales diplomáticas concretas, entonces la influencia externa habría operado de manera más directa. Esa cronología todavía debe afinarse despacho por despacho.
La renuncia y el cambio de repertorio político
Martínez anunció su renuncia la noche del 8 de mayo; la Asamblea la aceptó al día siguiente. La caída reunió actores distintos —militares rebeldes, estudiantes, profesionales, comerciantes, sectores económicos y presión internacional— sin que esa convergencia obligue a suponer un programa único. Lo decisivo aquí es observar el cambio histórico: el conflicto pasó de una insurrección armada fallida a una paralización civil capaz de volver inviable la continuidad del gobierno.
Ese cambio explica por qué 1944 constituye un pequeño universo autónomo. Un régimen que pudo derrotar militarmente a sus adversarios terminó perdiendo cooperación económica, obediencia civil y viabilidad política. Controlar las armas no equivalía a conservar el país político.
La pregunta que queda abierta ya no es solamente cómo cayó Martínez, sino por qué, después de doce años de consolidación, sectores que antes lo habían tolerado o apoyado llegaron a considerar que su permanencia era más costosa que su salida. Esa pregunta conduce directamente al problema del equilibrio de poder que examinarán las entradas siguientes.
Fuentes primarias
— Foreign Relations of the United States, 1944, sección «Revolutions in El Salvador».
— FRUS 1944, documento 1066, 2 de abril.
— FRUS 1944, documento 1075, 6 de mayo.
— FRUS 1944, documento 1079, 11 de mayo.
— Diario Oficial de El Salvador, abril–mayo de 1944.
— Código militar, consejos de guerra, hojas de servicio, órdenes del día, libros de guardia y partes militares de abril de 1944: líneas documentales prioritarias.
Fuentes secundarias y estudios críticos
— Patricia Parkman, Nonviolent Insurrection in El Salvador: The Fall of Maximiliano Hernández Martínez, University of Arizona Press, 1988; véase la reseña de James Dunkerley.
— Landscapes of Struggle.
— James Dunkerley, «El Salvador since 1930».
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