La caída de Martínez en 1944 no puede entenderse solo por el levantamiento de abril ni por la huelga de mayo. La pregunta más difícil es anterior: ¿cómo pasó un régimen tolerado por actores poderosos a convertirse en un costo político para una coalición cada vez más amplia?
Martínez llegó a la presidencia después del derrocamiento de Arturo Araujo en diciembre de 1931. La documentación diplomática estadounidense muestra que su ascenso creó un problema jurídico y político por los Tratados de Washington de 1923, que buscaban desalentar el reconocimiento de gobiernos nacidos de golpes. Kenneth Grieb y Philip Dur han estudiado cómo esa crisis terminó resolviéndose mediante una acomodación gradual de Washington con el nuevo régimen.
Orden, élites y autonomía estatal
La represión de 1932 consolidó al gobierno frente al levantamiento y tranquilizó a sectores propietarios que temían una revolución social. Pero sería simplista deducir de ello que Martínez fue siempre un mero agente de la oligarquía. Su régimen desarrolló instituciones monetarias, crediticias y fiscales que ampliaron la capacidad de intervención del Estado. La creación del Banco Central de Reserva centralizó el privilegio de emisión; el Banco Hipotecario y otras políticas crediticias modificaron relaciones financieras previamente dominadas por actores privados.
Nada de esto convierte automáticamente al régimen en «antioligárquico». Jeffery Paige ha mostrado que las élites salvadoreñas no formaban un bloque perfectamente homogéneo y que existían tensiones entre estrategias económicas y políticas distintas. Por eso la pregunta correcta no es si Martínez estuvo «con» o «contra» la oligarquía, sino qué sectores consideraron útiles sus políticas en cada momento y cuáles comenzaron a percibirlas como amenaza o costo.
Fiscalidad, café y capacidad estatal
La cuestión fiscal ocupa un lugar central porque el café era simultáneamente fuente de riqueza privada, ingreso externo y base de financiamiento estatal. Cada modificación de impuestos, tasas o mecanismos de crédito podía alterar el equilibrio entre gobierno, exportadores y productores. El problema no era meramente técnico: decidir cuánto podía captar el Estado significaba decidir cuánto margen conservarían los actores privados y qué proyectos públicos podían financiarse.
Un despacho de FRUS del 20 de octubre de 1944 documenta la oposición de cafetaleros conservadores al impuesto de exportación asociado a la administración Martínez. Este documento permite afirmar que existió conflicto económico; no permite, por sí solo, decir que ese impuesto «causó» la caída. Pero sí muestra que al final del régimen existían fricciones concretas entre política fiscal y sectores cafetaleros.
Para medir mejor ese conflicto será necesario comparar decretos fiscales, presupuestos, prensa empresarial, correspondencia de asociaciones agrícolas, balances de exportación y testimonios diplomáticos. Solo así podremos saber si el malestar fue marginal, creciente o suficientemente amplio para afectar el apoyo político al gobierno.
El problema del apoyo político
Los regímenes autoritarios rara vez sobreviven únicamente por coerción. Necesitan cooperación: funcionarios que administren, empresarios que inviertan, militares que obedezcan, actores externos que toleren y ciudadanos que, por convicción, miedo o cálculo, continúen participando en el orden. Por eso estudiar la caída de Martínez exige reconstruir cómo se modificó esa cooperación a lo largo del tiempo.
La categoría de «apoyo» tampoco debe simplificarse. Un actor puede respaldar la estabilidad de un gobierno y oponerse a su política fiscal; puede aceptar su política económica y rechazar su continuismo; puede cooperar por temor a una alternativa peor. La política real se mueve entre adhesión, conveniencia, resignación y ruptura.
Continuismo y desgaste institucional
La prolongación del poder modificó gradualmente el problema político. Lo que en los primeros años podía presentarse como estabilización de emergencia comenzó a convertirse en continuismo. La Constitución de 1939 y los mecanismos utilizados para extender la permanencia presidencial deben leerse dentro de ese proceso: no solo como actos jurídicos, sino como señales de que el régimen buscaba institucionalizar su continuidad.
Ese movimiento podía producir tensiones incluso entre quienes no cuestionaban el orden social construido desde 1932. Para oficiales militares, funcionarios o sectores económicos, apoyar estabilidad no implicaba necesariamente aceptar una presidencia indefinidamente prolongada. El conflicto de 1944 adquiere mayor claridad cuando distinguimos entre defensa del orden y adhesión personal al gobernante.
Los agravios militares
La rebelión de abril obliga a mirar hacia dentro de la Fuerza Armada. Los militares que participaron en ella no pueden reducirse a simples instrumentos de actores civiles. Ascensos, destinos, relaciones de mando, expectativas profesionales y rechazo al continuismo pudieron desempeñar papeles distintos según cada oficial. Precisamente por eso la prosopografía de los participantes y los expedientes de servicio son esenciales.
También interesa saber si existieron generaciones militares distintas dentro del Ejército: oficiales formados bajo otros gobiernos, promociones postergadas, rivalidades entre armas o unidades y diferencias en cercanía con el círculo presidencial. Un análisis de edades, academias, destinos y ascensos puede revelar fracturas institucionales que una narración puramente política no detecta.
Esta dimensión ayuda a corregir una lectura demasiado lineal del ejército. La misma Fuerza Armada que había sido instrumento decisivo de la consolidación del régimen produjo, doce años después, parte de la rebelión contra él. Esa transformación no elimina la responsabilidad militar en la represión anterior; muestra que ninguna institución permanece políticamente inmóvil.
Iglesia, teosofía y legitimidad
La relación de Martínez con la Iglesia católica tampoco encaja cómodamente en una etiqueta simple. La Constitución de 1939 invocó nuevamente la confianza en Dios y el régimen mantuvo relaciones funcionales con la jerarquía, aunque el Estado siguió siendo jurídicamente moderno y no confesional en sentido tradicional. Su adhesión personal a la teosofía debe estudiarse como parte de su cosmovisión, pero no utilizarse como sustituto del análisis político.
La pregunta relevante es institucional: qué posición asumieron obispos, clero y organizaciones católicas ante las reformas, el continuismo y la crisis de 1944. Sermones, cartas pastorales, prensa católica y correspondencia eclesiástica podrían permitir distinguir cooperación, prudencia, distancia o crítica. Ese expediente sigue necesitando mayor documentación.
Política exterior y búsqueda de margen propio
En política exterior, el reconocimiento de Manchukuo y los contactos con gobiernos autoritarios europeos muestran una voluntad de margen propio, aunque dentro de límites estrechos. La historiografía comparada sobre los dictadores centroamericanos advierte contra la idea de una «liga» perfectamente coordinada. Kenneth Grieb mostró que las semejanzas entre Ubico, Martínez, Carías y Somoza no bastan para demostrar una alianza orgánica permanente.
Lo importante es observar cómo un Estado pequeño intentaba maniobrar dentro de un sistema dominado por potencias mayores. Una decisión diplomática podía ser ideológica, pragmática o una combinación de ambas. La documentación de cancillerías y embajadas debe permitir distinguir cuándo Martínez buscaba afinidad política y cuándo intentaba ampliar margen de negociación.
La Segunda Guerra Mundial cambia el entorno
El contexto internacional de 1944 ya no era el de 1932. La Segunda Guerra Mundial había reorganizado prioridades diplomáticas y el lenguaje político hemisférico. Estados Unidos necesitaba cooperación regional, pero al mismo tiempo la asociación pública con determinadas formas de autoritarismo resultaba cada vez más difícil de conciliar con la retórica aliada de defensa de la democracia.
No debe exagerarse este cambio hasta convertirlo en explicación única de la caída. La crisis interna era real y anterior a cualquier giro externo decisivo. Pero el entorno internacional redujo márgenes, alteró expectativas y aumentó el costo diplomático de sostener un régimen cuyo continuismo generaba ya oposición militar y civil.
Cuatro desgastes que terminan convergiendo
Hacia 1944 pueden distinguirse al menos cuatro desgastes. El primero fue político: el continuismo redujo la capacidad del régimen para presentarse como solución transitoria. El segundo fue militar: agravios profesionales y fracturas internas hicieron posible una rebelión desde la institución que había sostenido el orden. El tercero fue económico: fricciones fiscales y sectoriales erosionaron apoyos. El cuarto fue internacional: el contexto de guerra modificó los costos de legitimidad externa.
Estos desgastes no avanzaron al mismo ritmo ni produjeron una conspiración común. Su importancia reside en que terminaron encontrándose. El régimen podía sobrevivir a una oposición estudiantil aislada, a un conflicto fiscal limitado o a un grupo de oficiales inconformes. Lo que se volvió más difícil fue sobrevivir cuando esas tensiones coincidieron dentro de una misma ventana política.
Ese es el núcleo autónomo de esta entrada: un régimen puede caer no porque todos sus antiguos apoyos cambien de convicciones al mismo tiempo, sino porque cambia el equilibrio que hacía racional sostenerlo. La historia de 1944 es, en buena medida, la historia de esa ruptura.
Fuentes primarias
— FRUS 1931, documento 204, sobre el derrocamiento de Arturo Araujo.
— FRUS 1931, documento 212, sobre indicios relativos a la participación de Martínez.
— FRUS 1931, documento 209, sobre la sucesión.
— Banco Central de Reserva, documentación histórica institucional.
— Constitución Política de El Salvador de 1939.
— FRUS 1944, despacho del 20 de octubre.
— Diario Oficial, legislación económica y constitucional 1932–1944.
Fuentes secundarias y estudios críticos
— Kenneth J. Grieb, «The United States and the Rise of General Maximiliano Hernández Martínez».
— Philip F. Dur, «US Diplomacy and the Salvadorean Revolution of 1931».
— Kenneth J. Grieb, «The Myth of a Central American Dictators’ League».
— Jeffery M. Paige, «Coffee and Power in El Salvador».
— Landscapes of Struggle.
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