Cuando una recomendación provisional adquirió el poder de decidir qué podía ser dicho, visto y discutido
Necropolítica, salud global y transformación de la persona · Entrada 11 de 12 · Mario Oliva Mancia
La pandemia no sólo administró cuerpos, fronteras y credenciales. Administró también la visibilidad. Mientras médicos, investigadores y ciudadanos intentaban comprender una enfermedad nueva, autoridades sanitarias y plataformas tecnológicas comenzaron a clasificar afirmaciones, elevar fuentes oficiales, reducir alcance y retirar contenidos. En algunos casos protegieron a la población de fraudes y curas peligrosas. En otros, trataron como cierre científico aquello que todavía era conocimiento provisional.
El médico conoce la incertidumbre de una manera que el administrador suele olvidar. La medicina no avanza desde una verdad completa hacia su aplicación mecánica. Avanza entre signos incompletos, hipótesis, errores, rectificaciones y decisiones prudenciales. Una recomendación puede ser razonable hoy y necesitar corrección mañana. Cuando el poder convierte la primera versión de la evidencia en verdad administrativa, el error deja de ser solamente científico: puede adquirir alcance político, profesional y social.
Gobernar la verdad durante la pandemia significó gobernar quién podía preguntar, qué hipótesis recibía visibilidad y qué autoridad quedaba protegida frente a la responsabilidad.
El 29 de julio de 2026, Anthony Fauci compareció bajo citación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado y rehusó responder numerosas preguntas invocando la Quinta Enmienda. Ejercer ese derecho no equivale a confesión. También debe constar que el 19 de enero de 2025 recibió de Joe Biden un indulto pleno e incondicional por posibles delitos federales relacionados con su servicio desde el 1 de enero de 2014. El indulto tampoco prueba culpabilidad. Pero el conjunto documenta una asimetría que merece examen: el ciudadano fue sometido a exigencias de cumplimiento, mientras una figura central del dispositivo sanitario recibió protección penal anticipada de extraordinaria amplitud.
La infodemia fue real
En febrero de 2020, la OMS advirtió que la epidemia estaba acompañada por una “infodemia”: una sobreabundancia de información verdadera, falsa y confusa que dificultaba encontrar orientación confiable. En septiembre, varias organizaciones internacionales pidieron combatir la desinformación y promover información basada en ciencia.
La preocupación era legítima. Una falsa cura puede envenenar, retrasar atención o explotar económicamente al enfermo. Una campaña coordinada puede simular consenso, erosionar confianza y convertir el miedo en negocio. La libertad de expresión no convierte el fraude en derecho ni obliga a una plataforma a difundir cualquier afirmación con la misma intensidad.
El problema comenzó cuando se confundieron categorías distintas: fraude, falsedad comprobada, evidencia insuficiente, hipótesis plausible, opinión clínica, crítica política y sátira. No todas exigen la misma respuesta. Una sustancia tóxica vendida como cura garantizada puede justificar remoción y sanción. Un dato erróneo puede necesitar corrección. Una hipótesis de buena fe exige evidencia y debate. Si la tercera categoría recibe el tratamiento de la primera, la protección sanitaria se convierte en gobierno de la opinión.
La pantalla adquirió una función cuasi clínica
Millones de personas buscaron en plataformas respuestas sobre transmisión, mascarillas, tratamientos, vacunas, origen del virus y proporcionalidad de las medidas. El contenido podía ser marcado, desmonetizado, excluido de recomendaciones, reducido en alcance o retirado. La plataforma adquirió así una función cuasi clínica: no atendía al paciente, pero decidía qué información podía llegar hasta él.
Esta función no era neutral. Los algoritmos ya seleccionaban contenido para maximizar permanencia, interacción y publicidad. El mismo sistema que amplificaba indignación y rumor se presentó después como árbitro de su corrección. La responsabilidad no pertenecía solamente a quien publicaba, sino también a la arquitectura que premiaba viralidad y luego pretendía administrar sus consecuencias.
Meta y la fragilidad de las verdades corporativas
Durante la emergencia, Meta creó una política específica para desinformación sobre salud. En 2023, su Consejo de Supervisión señaló que la empresa removía alrededor de ochenta afirmaciones distintas sobre COVID-19. Reconoció que algunos contenidos falsos podían causar daños graves, pero pidió evaluar eficacia, adaptar las intervenciones al contexto, preservar investigación y debate, y revisar si la remoción seguía siendo necesaria.
La revisión era indispensable porque una lista elaborada durante una emergencia puede quedar obsoleta cuando cambia la evidencia, aparecen variantes o se corrigen recomendaciones. Una política de moderación sanitaria necesita fecha de revisión igual que un protocolo clínico.
En enero de 2025, Meta anunció que terminaría en Estados Unidos su programa de verificación externa y lo sustituiría por notas comunitarias. El giro no demuestra que cada decisión anterior haya sido equivocada. Demuestra que las fronteras de la verdad permitida dependían también de decisiones corporativas revisables, de contexto político y de evaluación empresarial.
Lo que un año fue presentado como protección indispensable podía ser redefinido después como exceso. La ciencia no había cambiado por decreto corporativo. Había cambiado la política de visibilidad.
YouTube y la autoridad institucional como frontera
YouTube estructuró sus políticas de desinformación médica alrededor de contenidos que contradijeran a autoridades sanitarias en ámbitos considerados de alto riesgo. El sistema podía impedir que un video sensacionalista apareciera con el mismo peso que un estudio o una guía. Ése era un beneficio.
El riesgo estaba en convertir la posición institucional vigente en frontera de visibilidad. Una autoridad puede estar razonablemente equivocada. La ciencia no progresa por obediencia a una oficina, sino mediante evidencia, crítica y reproducción. Contradecir una decisión política no equivale a negar un consenso científico; cuestionar una recomendación prudencial no es lo mismo que vender una falsedad comprobada.
Una plataforma responsable debía distinguir consenso robusto, evidencia provisional, recomendación clínica, decisión política e hipótesis abierta. Cuando todas esas capas se funden bajo la etiqueta “autoridad sanitaria”, el criterio administrativo sustituye al juicio científico.
La presión del Estado y la responsabilidad de la empresa
Durante la pandemia, autoridades estadounidenses mantuvieron contactos reiterados con plataformas sobre narrativas, cuentas, vacunas y eficacia de moderación. Una parte de esa comunicación podía ser legítima: el Gobierno puede compartir información, alertar sobre fraude o pedir que una empresa aplique sus propias reglas.
La línea se cruza cuando el Estado utiliza amenaza regulatoria, poder contractual, intimidación o insistencia específica para inducir a una empresa privada a hacer aquello que no podría ordenar directamente.
En agosto de 2024, Mark Zuckerberg escribió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Afirmó que altos funcionarios de la administración Biden presionaron reiteradamente a Meta en 2021 para censurar determinados contenidos sobre COVID-19, incluidos humor y sátira. También asumió algo esencial: las decisiones finales fueron de Meta y la empresa era responsable de ellas.
La carta no prueba que cada comunicación gubernamental fuera ilegal ni que todo contenido retirado fuera verdadero. Prueba que el máximo ejecutivo de la compañía percibió presión y que la frontera entre cooperación sanitaria y censura indirecta no fue imaginaria.
Murthy v. Missouri: una decisión procesal, no una absolución total
En junio de 2024, la Corte Suprema resolvió Murthy v. Missouri. La mayoría anuló una medida cautelar porque los demandantes no demostraron legitimación procesal suficiente ni una conexión remediable entre las actuaciones gubernamentales y lesiones futuras concretas.
La Corte no decidió que nunca hubiera existido presión ni declaró culpable al Gobierno de una campaña general de censura. El fallo se concentró en quién podía demandar, por qué lesión y mediante qué remedio. El voto disidente, por su parte, consideró que la presión había sido grave.
La precisión jurídica importa porque la investigación no debe convertir una sentencia procesal en absolución histórica ni una disidencia en condena definitiva. Los documentos, comunicaciones y decisiones deben ser examinados en su propio nivel probatorio.
Cuando la verdad oficial tuvo que corregirse
La ciencia de emergencia produce errores inevitables. El problema aparece cuando su primera versión recibe poder para silenciar la revisión. En marzo de 2020, la comunicación oficial enfatizaba gotas y contacto; el 9 de julio, la OMS reconoció la posible transmisión aérea en espacios cerrados y mal ventilados. El 16 de junio, RECOVERY anunció el beneficio selectivo de la dexametasona; la recomendación formal de la OMS llegó el 2 de septiembre.
Rectificar fue correcto. Pero esas rectificaciones demuestran que una hipótesis clínica no podía ser condenada sólo por contradecir la posición vigente. Lo provisional debía presentarse como provisional.
El mismo principio se aplica al origen del virus. La evaluación SAGO de 2025 consideró más probable el salto zoonótico, pero reconoció que no podía excluir ni demostrar un incidente de laboratorio por falta de datos primarios y que no encontró respaldo para una liberación deliberada. Dudar de un cierre prematuro no era lo mismo que afirmar una liberación intencional.
La medicina puede vivir con la frase “aún no sabemos”. El poder administrativo suele temerla porque la incertidumbre dificulta la obediencia.
Dos formas de invisibilidad
La invisibilidad no fue solamente algorítmica. También apareció en la estadística. La evaluación mundial de la OMS de febrero de 2026 advirtió que durante 2025 muy pocos países notificaron muertes, hospitalizaciones e ingresos en cuidados intensivos, y que las cifras ya no representaban adecuadamente la situación epidemiológica.
Esto no demuestra un acuerdo mundial de ocultamiento. Demuestra que la observación perdió representatividad mientras la enfermedad y sus secuelas continuaban. Un daño puede volverse invisible porque nunca entra en la vigilancia; una afirmación puede volverse invisible porque un algoritmo reduce su circulación.
Son mecanismos diferentes, pero comparten una consecuencia: aquello que no se cuenta o no se muestra pierde capacidad para reclamar respuesta. La necropolítica de la información aparece cuando determinados daños, preguntas o testimonios quedan fuera del campo visible y, por ello, fuera de la memoria pública.
Verdad sin monopolio, libertad sin irresponsabilidad
El falso dilema consiste en elegir entre circulación absoluta de cualquier mentira o entrega de la verdad a una coalición de autoridades y plataformas. Existen respuestas proporcionales: añadir fuentes, contextualizar, advertir, reducir recomendación, desmonetizar o retirar únicamente cuando el daño esté suficientemente demostrado.
La intervención debe explicar qué afirmación fue evaluada, con qué evidencia, en qué fecha, con qué grado de certeza y mediante qué procedimiento de apelación. Las solicitudes gubernamentales deben quedar registradas. Las políticas de emergencia deben expirar o ser renovadas públicamente. La investigación, el periodismo, la denuncia de efectos adversos, la hipótesis científica y la sátira necesitan protección especial.
El cristianismo no es relativista. La verdad existe, y la mentira deliberada puede dañar al prójimo. Pero la verdad no se vuelve verdadera porque el poder la anuncie. Una cultura de verdad exige humildad del experto, honestidad del disidente, transparencia del gobernante, responsabilidad del medio y caridad en el debate.
La alternativa a la verdad oficial no es el rumor. Es una comunidad donde la evidencia puede examinarse sin que la pregunta sea tratada como traición.
Verdad, moderación y responsabilidad
| Nivel probatorio | Conclusión |
|---|---|
| Hecho documentado | La OMS declaró una “infodemia”; Meta y YouTube removieron, etiquetaron o redujeron contenidos mediante políticas vinculadas a autoridades sanitarias. |
| Hecho documentado | Autoridades federales estadounidenses mantuvieron contactos reiterados con plataformas; Zuckerberg afirmó en 2024 que la administración Biden ejerció presión y asumió la responsabilidad empresarial de las decisiones de Meta. |
| Hecho documentado | La Corte Suprema anuló la medida cautelar en Murthy v. Missouri por falta de legitimación procesal y no resolvió completamente el fondo constitucional. |
| Hecho documentado | Fauci compareció ante el Senado el 29 de julio de 2026 e invocó la Quinta Enmienda; el indulto presidencial que recibió cubrió un período iniciado el 1 de enero de 2014. Ninguno de esos hechos equivale a confesión. |
| Inferencia razonada | La cooperación sanitaria puede convertirse en censura indirecta cuando el Estado utiliza autoridad, presión regulatoria o acceso institucional para inducir decisiones privadas de visibilidad. |
| Convergencia probatoria | Autoridades, plataformas y algoritmos compartieron capacidad acumulativa para clasificar afirmaciones y elevar versiones oficiales sin un procedimiento público equivalente. |
| Hipótesis abierta y crecientemente plausible | Durante la emergencia se configuró un dispositivo público-privado que restringió no sólo falsedades demostrables, sino también hipótesis y críticas cuya validez dependía de evidencia cambiante. |
| Línea probatoria abierta | Archivos completos, solicitudes gubernamentales y métricas algorítmicas son necesarios para medir qué material fue restringido y con qué efectos. |
| Límite de la prueba | No toda moderación fue censura, no todo contenido removido era verdadero y no está demostrado un mando único sobre todas las plataformas. |
La verdad no admite propietarios
La infodemia fue real. También lo fue la expansión del poder informativo. Plataformas privadas decidieron qué podía verse; autoridades ofrecieron el estándar; gobiernos presionaron en grados discutidos; algoritmos distribuyeron atención; y ciudadanos buscaron respuestas en un entorno construido para la velocidad.
La respuesta no puede consistir en abandonar toda responsabilidad frente a la mentira. Tampoco puede entregar a Estado, experto y plataforma el derecho de convertir toda incertidumbre en desinformación.
Una sociedad libre combate el fraude, corrige el error y conserva un espacio protegido para la pregunta, la hipótesis, la sátira y el disenso de buena fe.
Salud, capital, tecnología, cuerpo y verdad desembocan finalmente en una misma pregunta: ¿qué límites pone la dignidad de la persona al poder sanitario global? Esa pregunta conduce al cierre de la serie: La persona frente a la matriz.
Fuentes primarias y documentos institucionales
- Organización Mundial de la Salud, “Managing the COVID-19 infodemic” (23 de septiembre de 2020).
- Organización Mundial de la Salud, “Managing the COVID-19 infodemic: a technical consultation” (2020).
- Meta Oversight Board, “Removal of COVID-19 misinformation” (2023).
- Meta, “More Speech and Fewer Mistakes” (2025).
- YouTube, “A long-term vision for medical misinformation policies” (2023).
- Mark Zuckerberg, “Letter to Chairman Jim Jordan” (26 de agosto de 2024).
- Corte Suprema de Estados Unidos, “Murthy v. Missouri” (26 de junio de 2024).
- Comité Judicial de la Cámara de Representantes, “The Censorship-Industrial Complex” (1 de mayo de 2024).
- UNESCO, “Universal Declaration on Bioethics and Human Rights” (2005).
- Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “Disease pandemics and freedom of opinion and expression”.
Estudios y análisis secundarios
- Stephanie Alice Baker et al., “COVID-19, misinformation and content moderation”.
- Anastasia Kozyreva et al., “Resolving content moderation dilemmas”.
- Emily Denniss et al., “Social media and the spread of misinformation”.
- Rachel E. Moran et al., “Examining how social media platforms responded to COVID-19 misinformation”.
- Jacob Mchangama y Sarah McLaughlin, “Free Speech”.